George Rodríguez/Foto-Medios
El régimen que encabezan el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, acusó, al gobierno de la limítrofe Costa Rica, de intervenir en los asuntos de otros países, de mantener una actitud arrogante, y de explotar a inmigrantes-particularmente nicaragüenses-.
Las afirmaciones están contenidas en una declaración, de redacción esencialmente confusa y vaga, aunque intencionalmente ofensiva, que lleva la firma del canciller nicaragüense, Denis Moncada, texto en el cual la administración de Ortega también señaló, al gobierno del presidente costarricense, Carlos Alvarado, por la creación de organizaciones, a las que no identificó y a las que, muy imprecisamente, adjudicó el aparente cometido de exaltar, exageradamente, valores nacionales.
Esa supuesta actitud costarricense es, presuntamente, objeto de burla, a nivel centroamericano, afirmó, además, el ministerio, en el texto de siete extensos párrafos contenidos en cinco páginas.
Al respecto, poco después de conocida la declaración, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) descalificó, en la red social Twitter, las expresiones anticostarricenses.
Al tuitear la posición de la Anpdh, su secretario, el abogado y defensor de los derechos humanos Álvaro Leiva, expresó que, con la difusión de esas afirmaciónes, Ortega y Murillo muestran ingratitud hacia Costa Rica, nación centroamericana que los apoyó durante la lucha del entonces guerrillero -y ahora nuevamente gobernante- Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en la guerra (1961-1979) contra la dictadura somocista (1934-1979).
El activista de derechos humanos exiliado, desde 2018 -en calidad de asilado político-, en Costa Rica, declaró vergonzosa la actitud de la pareja gobernante.
“Ante la continua intromisión de Costa Rica en los Asuntos Internos de otros Países, entre ellos nuestra Nicaragua, en un notorio afán de mostrarse superiores y de menoscabar a sus Semejantes como si de súbditos se tratara, recordamos a esa Hermana República y a su Pueblo, que tanto respeto nos merece, que Nicaragua és Soberana, y no és, ni será nunca más, Colonia de nadie”, afirmó el régimen.
“Al reproducir nuestros vecinos, en sus gestos y palabras, los aires pretenciosos de una Europa caducante que también a ellos ven de menos, caen en una facha grandilocuente y ridícula, de la que los co-regionales, con disimulo o sin él, nos reímos abundantemente”, aseveró, en el texto que tituló “De parlanchines y fanfarrones líbranos Señor! A esa Costa Rica purísima-vida!”.
El título alude a la expresión “pura vida” que, por su popular uso masivo, es considerada como característica de los costarricenses.
“Nadie ha dado a ese País, a su Gobierno, a sus Instituciones y/o Organismos-fachadistas, justificación para tanto alarde y fachentada”, continuó planteando, con uso de varias expresiones populares nicaragüenses que son de naturaleza insultante.
“Nada ni nadie les ha concedido derechos sobre nosotros, los Hermanos, Vecinos o no, y nadie les ha facultado a exhibir farsantemente, pretensiones y arrogancias inexplicables”, agregó en referencia a la condición de países limítrofes que presentan Costa Rica y Nicaragua, naciones que comparten frontera terrestre de 309 kilómetros.
“Sabemos que no tienen autoridad alguna para juzgar a otros, menos cuando no son capaces, por ancianas y antañas vanidades, de ver los humanos defectos, la viga, en sus propios ojos y entornos”, expresó, a continuación.
“A la suma de envidias y expresiones de celos históricos, se agrega hoy la creación de Organismos de membrete con los que se agitan y buscan apantallar, reclamando en otros, lo que ellos mismos no conceden a su Pueblo : Respeto !”, planteó, para aseverar que, “ya sean Partidos Políticos, Asociaciones, u Organizaciones Sociales o Comunitarias, en la furullera y farandulera Costa Rica, no cuentan con respeto”.
“Si hay algo más irreal, falaz, fantasioso, ficcional, peliculero, és la supuesta Política de la ‘Suiza’ centroamericana, que en la Vida Real aplica, a unos y otros, racismo y extremismo, acosando de manera particular a Migrantes y Trabajadores nicaragüenses, a quienes avasallan, maltratan y esclavizan, aun sexualmente, usándolos cuando les interesa, para paupérrimos exhibicionismos con Estrategias Sociales y Políticas ‘Protectoras’, del diente al labio, como dicen”, agregó.
“A nombre del Pueblo de Nicaragua, exigimos se ocupen, denuncien y respondan ante el Mundo, esos llamados Organismos, creados al gusto del cliente, porque la pura verdad son negocios fraudulentos, que respondan, decimos, por su propio deber de proteger los Derechos Humanos de Trabajadores costarricenses y de los miles de Migrantes Trabajadores nicaragüenses, que se ven obligados a vender hasta su cuerpo, a traficar para comer, y a mendigar, dando pena ajena y propia, en esa Costa Rica ‘pura vida’, donde todo és mentira y todo está a la venta, incluyendo la Dignidad Humana”, planteó.
Poco después de difundido el agresivo comunicado de la cancillería de Nicaragua, Leiva tuteó que “es de bien nacidos ser agradecidos”.
“Allí radica la razón y la esencia de los insultos que hoy lanzó la Murillo contra Costa Rica, país que ha dado refugio y asilo a miles de nicaragüenses, desde hace décadas, incluyendo al propio Ortega y a su mujer”, indicando así que, por el estilo del contenido, la autoría del texto -firmado por Moncada, un militar retirado-, corresponde a la vicepresidenta.
Leiva escribió, además, y contundentemente, que Ortega y Murillo “¡Son vergüenza nacional!”.
El comunicado fue difundido un día después de que el gobierno de Costa Rica, por intermedio de su canciller, Rodolfo Solano, condenó la agresión policial que, la semana pasada, se centró en el diario opositor nicaragüense La Prensa, cuyas instalaciones fueron violentamente invadidas por efectivos de la orteguista Policía Nacional.
Según la versión policial, el gerente general del medio, Juan Holmann Chamorro, es investigado por la supuesta comisión de los delitos de “defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos”.
La operación represiva ocurrió luego de que ese medio -el de mayor antigüedad en el país centroamericano-, denunció la retención, en aduana, del papel que importa para imprimir sus ediciones.
Citado en un breve comunicado, de un párrafo de extensión y emitido por la cancillería costarricense, Solano dijo que “la libertad de prensa debe ser respetada y defendida”, y agregó que “constituye un pilar fundamental de la institucionalidad democrática”.
También expresó que “condenamos por ellos los actos contra el diario ‘La Prensa’, y reiteramos nuestro llamado a respetarlos derechos humanos y la libertad de expresión en Nicaragua”.
Por su parte, el presidente costarricense, Carlos Alvarado -de profesión periodista-, formuló, el 11 de agosto, una exhortación, a las autoridades nicaragüenses, “a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión”.
En el marco de la ininterrumpida represión policial y paramilitar que se desarrolla en el contexto de la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, el régimen Ortega-Murillo está enfocando la agresión antiopositora, desde el mes pasado, en los sectores político, de derechos humanos, y de sociedad civil -incluidos el campesinado y el sector privado-.
Observadores locales han advertido que, la mira represora podría enfocarse, a continuación, en el campo religioso.
En este contexto, varios precandidatos presidenciales, y una precandidata vicepresidencial, permanecen detenidos.
La primera de estas capturas, el 3 de julio, tuvo, como objetivo, a Cristiana Chamorro, hija de Pedro Joaquín Chamorro -periodista y director de La Prensa asesinado, en 1978, en Managua, por la dictadura somocista (1931-1979)- y de Violeta Barrios -la primera mujer quien ha desempeñado la presidencia de Nicaragua (1990-1997)-.
Chamorro -detenida bajo arresto domiciliario- es falsamente acusada de haber incurrido en el delito de lavado de dinero.
A todos los arrestados se ha tipificado delitos que son fabricados a conveniencia, y se enmarcan en el uso que la dictadura hace, del sistema judicial, como arma adicional de represión, un componente del terror de Estado que ha impuesto en su constante violación de los derechos humanos -lo que, de acuerdo con un informe de un organismo de expertos de la Organización de los Estados Americanos, incluye delitos de lesa humanidad-.
