El viernes 5 de julio de 2024, la Contraloría General de la República anunció una decisión crucial respecto a la controversial Ley Jaguar, que el Gobierno desea someter a referéndum. La institución solicitó a la Sala Constitucional que revise la iniciativa propuesta por Rodrigo Chaves para determinar si presenta vicios de constitucionalidad.
La Ley Jaguar, impulsada por el presidente Rodrigo Chaves, propone reducir los controles en la contratación administrativa, un aspecto que ha generado intensa controversia. La Contraloría, encabezada por Marta Acosta, ha expresado en múltiples ocasiones su preocupación de que esta ley limite significativamente sus facultades y su capacidad de actuar preventivamente ante irregularidades en la ejecución de obras públicas.
Consulta a la Sala Constitucional
La consulta presentada por la Contraloría ante la Sala Constitucional busca advertir sobre los posibles vicios graves de la Ley Jaguar, que podrían impedir su viabilidad para ser sometida a referéndum. Según la Contraloría, las reformas propuestas no solo socavan el sistema de fiscalización al mínimo, sino que también violan principios y derechos constitucionales establecidos.
En palabras de la contralora Marta Acosta:
“Las reformas a la ley que rige la Contraloría propuestas no solo violentan la independencia de la institución sino que son contrarias a las funciones que le han sido asignadas constitucionalmente. Además, deterioran la calidad de los insumos que la Contraloría brinda a la Asamblea Legislativa en su rol auxiliar, para ejercer el control político, y desconocen la jurisprudencia de la Sala Constitucional según la cual las competencias de control y fiscalización del órgano contralor pueden ser fortalecidas o mejoradas, pero nunca rebajadas, disminuidas o suprimidas.”
Implicaciones de la Ley Jaguar
La Contraloría destaca que el proyecto de ley compromete el diseño constitucional de la institución, afectando el sistema de frenos, contrapesos y el modelo de Estado Democrático y Social establecido en la Constitución Política de 1949.
Además, señala que se violan principios constitucionales de eficacia, eficiencia en la función administrativa, transparencia, rendición de cuentas y control político. También se transgreden principios de no regresión en las funciones de control de los recursos públicos y de contratación administrativa, comprometiendo la garantía de independencia absoluta del Órgano Contralor.
Reacciones y Próximos Pasos
El anuncio de la Contraloría ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores apoyan la medida, argumentando que es esencial para proteger la integridad de las instituciones de control, otros consideran que el referéndum es un mecanismo democrático válido para decidir sobre la Ley Jaguar.
La Sala Constitucional ahora tiene la responsabilidad de revisar la consulta presentada por la Contraloría y emitir un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Ley Jaguar. Este proceso será crucial para determinar si la propuesta del presidente Rodrigo Chaves puede avanzar hacia un referéndum o si deberá ser revisada y modificada para cumplir con los estándares constitucionales.
Conclusión
La decisión de la Contraloría General de la República de presentar una consulta ante la Sala Constitucional sobre la Ley Jaguar marca un paso significativo en el debate sobre esta controvertida propuesta. La evaluación de la Sala será determinante para el futuro de esta iniciativa , su impacto en el sistema de control y fiscalización del país.
