Seguridad y transición: el primer paso institucional tras la elección presidencial
Con la confirmación oficial del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Costa Rica entra formalmente en la etapa de transición hacia el próximo gobierno. La declaratoria de Laura Fernández Delgado como presidenta electa para el período 2026-2030 no solo marca el cierre del proceso electoral, sino también la activación de una serie de protocolos diseñados para garantizar la estabilidad institucional del país.
Uno de los primeros procedimientos ejecutados tras el anuncio fue la asignación de escolta oficial a la mandataria electa, una medida estándar que acompaña el cambio de mando en las más altas jerarquías del Estado. La instrucción fue comunicada a la Unidad de Protección Presidencial, órgano responsable de resguardar la integridad de quienes ejercen o están por ejercer la Presidencia de la República.
Desde las autoridades se enfatizó que la medida responde exclusivamente a criterios de prevención y seguridad, y busca asegurar que la presidenta electa pueda desarrollar con normalidad tanto sus actividades públicas como privadas durante los meses previos a la toma de posesión.
La asignación de protección no representa una acción excepcional, sino parte del engranaje institucional que se activa tras cada elección presidencial, conforme al marco legal vigente. En este contexto, la escolta cumple una función clave para garantizar condiciones adecuadas de trabajo y continuidad democrática en un momento políticamente sensible.
Con este paso, el país inicia de manera formal la transición presidencial, un proceso que, más allá de los nombres y resultados electorales, pone a prueba la solidez de sus instituciones y el respeto a los procedimientos establecidos.
