Plazo para emitir el reglamento venció desde junio de 2022: Sala Constitucional ordena al Poder Ejecutivo cumplir con la protección del río Sarapiquí

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La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida como Sala IV, emitió una resolución el 19 de enero (2024-1229) ordenando al Poder Ejecutivo que cumpla con la emisión del reglamento correspondiente a la Ley 10.152, aprobada por el anterior Congreso para salvaguardar la cuenca del río Sarapiquí. Este fallo destaca que el plazo para la emisión del decreto respectivo venció en junio de 2022.

La decisión unánime del tribunal constitucional fue tomada en respuesta al recurso de amparo presentado en diciembre por Juan Francisco Amighetti Ledezma, miembro del Consejo Territorial de Desarrollo Rural: Sarapiquí-Sarapiquí. Amighetti argumentó que, a pesar de que la Ley 10.152 estipulaba que el Poder Ejecutivo debía reglamentarla en un plazo de tres meses después de su entrada en vigor, dicho decreto aún no se había emitido al momento de presentar la queja.

La ley en cuestión estableció medidas cruciales para proteger los ecosistemas fluviales, la biodiversidad y los derechos de las presentes y futuras generaciones, vinculándose al artículo 50 constitucional. Entre las disposiciones de la ley se encuentra la declaración de una salvaguarda ambiental a lo largo del cauce principal del río Sarapiquí y su ribera, prohibiendo nuevos proyectos hidroeléctricos y concesiones de extracción de materiales mineros durante un periodo de 25 años prorrogables.

Amighetti señaló ante los magistrados que, a más de 20 meses de la promulgación de la ley, la falta de reglamentación ha impedido la realización de diversas actividades, funciones y gestiones ambientales y administrativas, limitando el desarrollo sostenible para las actuales y futuras generaciones.

El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, argumentó que el decreto de reglamentación estaba siendo revisado en su despacho y sería enviado a la Casa Presidencial para su firma y publicación en La Gaceta.

La Sala Constitucional, al resolver el caso, recordó la obligación histórica del Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes cuando así lo ha ordenado la Asamblea Legislativa. Destacó que el Ejecutivo no cuenta con discrecionalidad para excusarse de esta responsabilidad.

La sentencia concluyó declarando que la falta de reglamentación viola los artículos 50 y 140 inciso 3) de la Constitución. En la parte dispositiva, la Sala otorgó dos meses al ministro de Ambiente y a la ministra de la Presidencia para dictar el reglamento correspondiente, advirtiendo de posibles consecuencias legales y penales por desobediencia.

Además, condenó al Estado a pagar costas, daños y perjuicios, que podrán reclamarse en la vía contencioso-administrativa. La sentencia lleva la firma de los magistrados Fernando Castillo Víquez (presidente), Fernando Cruz Castro (instructor), Paul Rueda Leal, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García, Anamari Garro Vargas e Ingrid Hess Herra.

En paralelo, en la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley que busca sancionar penalmente a los funcionarios que incumplan con la reglamentación de las leyes cuando así se haya ordenado, fortaleciendo la ejecución de estas disposiciones legales.

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