El Consejo Permanente (CP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) protagonizó un nuevo vergonzoso capítulo respecto a Nicaragua, mediante la aprobación, por amplia mayoría, de una adicional anodina resolución sobre la dramática crisis que violetamente golpea, hace más de cuatro años, al país centroamericano.
El texto de 14 extensos puntos introductorios -que, esencialmente, no son sino más de lo mismo- cierra con cinco puntos resolutivos -que, igualmente, repiten los trillados conceptos contenidos en las anteriores declaraciones en el marco de la brutal situación nicaragüense-.
Una brevísima variante -por demás obligada- es la eufemística referencia a la despiadada represión anticlerical que, particularmente desde mayo, la dictadura ortegamurillista viene soltando.
Por si lo anterior fuese poco, el Vaticano está alineado con esa cobarde línea de conducta, lo cual, en el caso de ese Estado-Ciudad es cualitativamente peor, ya que el régimen ha formalizado una cacería antieclesiástica, que solamente agudiza.
En la sesión extraordinaria que llevó a cabo el 12 de agosto -para, nuevamente, abordar la situación nicaragüense-, el CP/OEA, otra vez formuló gastados planteamientos que, en el mejor de los casos no tienen peso político ni diplomático alguno -aunque, en el peor, pueden interpretarse como complicidad con una criminal y corrupta dictadura-.
Veintisiete votos a favor -frente a uno obviamente en contra, y cuatro abstenciones, con dos delegaciones ausentes-, aprobaron la resolución según la cual el consejo se declaró “profundamente preocupado porque, a pesar de todas las exhortaciones al Gobierno de Nicaragua (…) el ambiente de opresión se ha agravado”.
Ello, “con un número creciente de arrestos y detenciones arbitrarias, el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, la toma autocrática de alcaldías de cinco municipios cuyos titulares eran de un partido político de oposición, la intensificación de la represión de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación, y ataques a monjas y sacerdotes de la fe católica romana”, planteó.
En el caso de las oenegés, el número de organizaciones cuya personería jurídica el régimen ha cancelado, desde diciembre de 2018 -ocho meses después de estallada la violenta crisis sociopolítica y de derechos humanos- es superior a mil -cifra provisional, en el momento de redactar esta nota-.
En el caso de las alcaldías, se trata de las cuatro que la dictadura arrebató al partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), alegando que la agrupación carecía de personería jurídica -la que semanas antes, fue cancelada-.
Las religiosas mencionadas en la resolución son integrantes de la orden Misioneras de la Caridad, que- fundada en 1948, en la nororiental ciudad india de Calcuta, por la madre Teresa (1910-1997)- operaba, desde 1986, en Nicaragua.
Las monjas fueron expulsadas, por la dictadura, el 6 de julio, días después de que la Asamblea Nacional -el unicameral parlamento nicaragüense, bajo control de la pareja gobernante- canceló la personería jurídica de la Fundación de las Hermanas Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta.
La organización fue acusada, entre otros cargos, de no haber cumplido con la ilegítima legislación vigente en materia de lavado de dinero.
En cuanto a los sacerdotes perseguidos, se destacan los casos de los únicos dos religiosos, de momento, detenidos por el régimen: Manuel Salvador García y el obispo José Leonardo Urbina.
García fue capturado el 1 de junio, y condenado el 23 de ese mes, bajo el cargo de agresión con arma, a ocho años de prisión.
Urbina, fue detenido el 13 de junio, bajo el cargo de haber violado a una niña de 14 años, caso que está en ilegítimo proceso judicial.
Por otra parte, el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo José Brenes, es objeto de asedio policial, de acuerdo con versiones periodísticas locales e internacionales.
Numerosos otros clérigos también vienen siendo blanco de hostigamiento policial y paramilitar, lo mismo que de parte de turbas -grupos de violentas personas afines al régimen-.
Un caso paradigmático, en materia de asedio anticlerical, es el referido a Ronaldo Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí-ambas en la zona norte del país-.
Hostigado desde mayo, el obispo denunció, el 4 de agosto, que un cerco policial de varias manzanas a la redonda, estaba aislando, desde el día anterior, el edificio de la curia local, y exhortó, a la autoridad de esa fuerza de seguridad, a poner fin a la medida represiva.
Al día siguiente, informó que el aislamiento policial -que dificultaba sus desplazamientos- se mantenía, y que también afectaba a otros cinco sacerdotes, lo mismo que a seis laicos, quienes lo acompañaban.
También el 4 de agosto, la Policía Nacional (PN) emitió una Nota de Prensa en la cual acusó a Álvarez -y a otras autoridades eclesiásticas- de tratar de “organizar grupos violentos (…) con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”.
La PN informó, asimismo. que, por esa razón, el régimen inició un proceso investigativo penal contra “las personas involucradas en la comisión de estos actos delictivos”.
Posteriormente, Álvarez informó, en un video, que se hallaba -al igual que los demás ocupantes de la curia-, de acuerdo con lo que le fue comunicado por la PN, en situación de “casa por cárcel”.
La dictadura también ha puesto la mira represiva en numerosos medios de comunicación católicos, a los cuales ha quitado del aire, mediante arbitrarias resoluciones que el estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) -también controlado por Ortega y Murillo- viene implementando desde mayo.
Entre los medios afectados figuran -de momento- Canal Católico de Nicaragua (Canal 51), Canal Católico San José, TV Merced, así como las radioemisoras, Alliens, Hermanos, Monte Carmelo, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, San José.
Sin perjuicio de la constantemente ascendente espiral represiva que tiene lugar en Nicaragua, el CP/OEA persistió en la actitud carente de compenetración con el drama del pueblo de ese país.
En esa línea conductual, resolvió, entre otras cosas, “condenar enérgicamente” el cierre de más de mil oenegés, además de “reiterar sus insistencia de que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos”, y que “cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente”.
Por su parte, y no obstante la brutal agresión que viene soportando la Iglesia católica nicaragüense, el observador del Vaticano en la OEA, el sacerdote español Juan Antonio Cruz, dijo, luego de la votación, que “la Santa Sede toma nota de la convocación de este sesión extraordinaria, del Consejo Permanente (…) en la que se ha aprobado la resolución ‘La situación en Nicaragua’”.
“En ella se hace referencia a personas e instituciones de la Iglesia Católica, como también a otros actores políticos que se ven afectados por lo que está sucediendo en aquel país”, señaló.
Y colocó la hipócrita cereza sobre el pastel de la flagrante indiferencia: “la Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto”.
La vergonzosa declaración de Cruz, es plenamente afín con el cómplice silencio del Vaticano -específicamente del papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano- respecto al drama del pueblo de Nicaragua.
Al respecto, la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (Anpdh) -que, a causa de persecución dictatorial, trabaja, desde 2018, en el exilio en la limítrofe Costa Rica- dirigió, el 25 de julio, una carta, al papa.
En el texto -firmado por el secretario de la asociación, el abogado y activista de derechos humanos nicaragüense Álvaro Leiva Sánchez, asilado político en Costa Rica-, la Anpdh planteó, al jefe de la Iglesia católica, que su silencio “retumba en el lacerado corazón de la grey católica de Nicaragua”.
También solicitó la excomunión de Murillo, por lo que definió como la responsabilidad, de la esposa/vicepresidenta, en los crímenes de lesa humanidad que la dictadura viene cometiendo.
“Esta mujer, hace uso público de un sincretismo religioso suigéneris, el cual utiliza a su conveniencia según las circunstancias políticas”, contexto en el cual “se valida, desde la práctica de la brujería hasta la lectura de un fragmento de los sagrados evangelios”, agregó, además de acusarla de cometer “actos fascistas y prácticas diabólicas”.
Y planteó: “por los pecados mortales que esta mujer ha cometido contra el pueblo nicaragüense, consideramos que debería ser EXCOMULGADA”.
