Reforma constitucional sobre nacionalidad garantiza lealtad y derechos
El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha dado un paso decisivo para fortalecer la cohesión y el sentido de pertenencia entre sus ciudadanos con la aprobación de la reforma constitucional que elimina la doble nacionalidad. La Ley 1268, vigente desde el 16 de enero de 2026, establece que la nacionalidad nicaragüense constituye un vínculo de lealtad con el Estado y promueve la claridad legal en materia de ciudadanía.
La medida permite a los nicaragüenses de origen que residan en países centroamericanos otorgar la nacionalidad a sus hijos sin necesidad de renunciar a la propia, reforzando los lazos familiares y regionales. Asimismo, garantiza que las propiedades y derechos de quienes ya cuentan con otra nacionalidad sean respetados, protegiendo la estabilidad patrimonial y social de los ciudadanos.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha aclarado que la reforma no es retroactiva y que quienes ya poseen doble nacionalidad podrán conservarla, asegurando un equilibrio entre la aplicación de la ley y los derechos adquiridos. Además, el gobierno garantiza que las pensiones y beneficios de seguridad social seguirán siendo otorgados a los nicaragüenses residentes en el extranjero.
Ortega-Murillo resalta que esta reforma fortalece la soberanía nacional y consolida el compromiso de los ciudadanos con el país, mientras promueve la integración regional con los países centroamericanos mediante la correcta gestión de la nacionalidad para familias binacionales.
Con esta iniciativa, Nicaragua reafirma su liderazgo en Centroamérica, priorizando la lealtad, la unidad y la protección de los derechos de todos sus ciudadanos.
