Un componente importante de la sociedad guatemalteca, la base de la injusta pirámide social chapina, termina de dar, a la tradicional/corrupta clase política local un mensaje claro: la gente quiere cambio.
La esperanza popular se convierte en mandato para Bernardo “Tío Bernie” Arévalo, el próximo presidente del país en el vértice superior del Triángulo Norte de Centroamérica.
Enfrentado, el 20 de agosto, en segunda vuelta de votación presidencial, a la centroderechista Sandra Torres, el heredero directo de la Revolución de 1944 -también conocida como Revolución de Octubre-, el futuro gobernante está ante a un reto de proporciones desmesuradamente complejas -y con riegos implícitos-.
La viralizada corrupción, la violencia del crimen organizado -particularmente la impuesta por las maras y por el narcosicariato, que, frecuentemente, se fusionan-, la falta de oportunidades como fuerte componente de la histórica injusticia socioeconómica -ahora, junto con la inseguridad ciudadana, masiva expulsora de atormentados migrantes-, son factores de riesgosa incidencia en la inminente gestión presidencial.
A todo ello, se suma el hecho de que el corrupto establishment político tradicional está ardido por el hecho de que un izquierdoso, con discurso esperanzador, con propuestas que apuntan a la justicia social -como lo hicieron los presidentes de la Revolución de Octubre-, recorrió el camino electoral desde el octavo puesto -entre la decena de candidaturas- hasta el triunfo en la segunda vuelta presidencial.
El gane del aspirante presidencial constituye un claro -y fuerte- revés a los sectores política y económicamente poderosos que, acostumbrados a manejar el país como una empresa de su propiedad, manipularon al Ministerio Público (MP), en un peligroso y patético intento por eliminar a Semilla, por la vía de difamantes acusaciones que fueron desestimadas.
En su corrupta tenacidad vengativa, el MP amenazó con emitir, en las 24 horas siguientes a la votación, ilegítimas órdenes de captura contra los integrantes de la dirigencia de Semilla -incluido, obviamente, Arévalo-.
Por lo tanto, el proceso de pacífica transición gubernamental está en potencial riesgo.
Arévalo es hijo de Juan José Arévalo, el centroizquierdista presidente (1945-1951) cuyo mandato se enmarcó en el período democrático guatemalteco de la Revolución de 1944, proceso que inauguró, el 20 de octubre de ese año, una década de gobiernos progresistas caracterizados por la sensibilidad social.
La revolución finalizó, abruptamente -como no podía ser de otro modo, en el contexto político local y de flagrante injerencia imperial-, cuando su segundo presidente (1951-1954), Jacobo Árbenz, fue derrocado mediante el golpe de Estado del 27 de junio de 1954.
Se trató de una acción orquestada por el gobierno de Estados Unidos y la colonizadora/feudalmente explotadora compañía frutera estadounidense United Fruit Company, y ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) del Tío Sam.
Según relatos históricos, el entonces embajador de Estados Unidos en Guatemala, John Peurifoy, celebró el desarrollo del derrocamiento de Árbenz, disparando, al aire, en la entrada a la embajada, balazos, con un par de revólveres colt.
Así fue cómo el mediocre/ultraderechista coronel Carlos Castillo Armas llegó, en 1954, al poder, manteniéndose allí hasta 1957, cuando fue asesinado, en la Casa Presidencial, aparentemente, por un soldado quien, al parecer, de inmediato, se suicidó.
Avanzada la noche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó que, escrutado 44.88 por ciento de los votos, Arévalo -postulado por el centroizquierdista Movimiento Semilla- reunía 58.38 por ciento, mientras Torres acumulaba 36.88 por ciento.
La tendencia quedó marcada desde temprano en el conteo de sufragios.
Por ejemplo, cuando apenas se había avanzado en 23.16 por ciento de los votos, Arévalo estaba ubicado en 50.69 por ciento, frente a 45.38 acreditado a Torres.
Los volúmenes continuaron en permanente ascenso para el candidato, y en constante baja para la candidata.
Establecida la irreversible tendencia, el derechista presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei -cuestionado por autoritario y corrupto-, invitó, a Arévalo, a “iniciar la transición (gubernamental) ordenada, al día siguiente que los resultados queden oficializados”.
De acuerdo con la hoja de ruta de su inminente administración (2024-2028) –“Plan de Gobierno 2024 2028. Por un país para vivir”-, Arévalo -apoyado por Kari Herrera, en la vicepresidencia- aspira a consolidar “el Estado que queremos”.
Se trata de un estado “garante de seguridad”, que sea “procurador del bienestar y desarrollo humano integral”, además de “fuerte, soberano y eficaz, basado en derecho y firmemente sujeto a la ley”.
Asimismo, que sirva “para todas y todos”, que se constituya en un “actor internacional responsable”.
Para lograr tales objetivos, según lo señalado en el documento de seis capítulos, contenidos en 64 páginas, entre otros propósitos, “cumpliremos nuestro mandato constitucional garantizando las libertades y derechos individuales y colectivos de todas y todos: garífunas, mayas, mestizos y xincas”.
Además, dado que “gobernar es un compromiso de trabajo en función de resultados colectivos concretos que se dirigen al bien común (…) nuestra administración gubernamental se basará en los cinco principios del Movimiento Semilla: Democracia, Equidad, Pluralidad, Economía humana y Respeto a la naturaleza”.
Asimismo, “coordinaremos la construcción de una nueva agenda para la paz y el desarrollo que, retomando el espíritu y principios de los Acuerdos de Paz (de 1987, para Centroamérica), establezca los retos, las necesidades y las oportunidades que tenemos para construir una convivencia pacífica y armónica”.
En la sexta de las 10 semillas -objetivos de gobierno-, en materia de “Seguridad democrática en un país para vivir”, se prevé “garantizar la seguridad de bienes y personas, y promover la justicia pronta y cumplida para toda la población, dentro de un enfoque de Seguridad Democrática”.
Para lograr tales propósitos, entre una serie de acciones, “invertiremos en el fortalecimiento de instituciones de seguridad que sean contundentes en el combate a la delincuencia, y efectivas en la protección de los derechos de toda la ciudadanía”.
También, “formularemos un abordaje estratégico de los delitos que mayormente impactan a las personas y comunidades, como las extorsiones, alcanzando resultados efectivos en el corto plazo”.
Simultáneamente, “invertiremos en el fortalecimiento del marco institucional de la seguridad pública, fortaleciendo a la Policía Nacional Civil, profesionalizando los servicios de inteligencia, retomando el control de los centros penitenciarios, y fortaleciendo la vigilancia de fronteras marítimas, aéreas y terrestres para combatir tráficos ilegales”.
La idea consiste, entre otros aspectos, en la “desarticulación de las bandas criminales mediante el trabajo de inteligencia civil e investigación criminal fortalecidos”, además de “quitarle el control de las cárceles al crimen, mediante la construcción de una nueva cárcel para penas graves (…) que concentre a los criminales peligrosos”.
Sumado a ello, “un modelo de gestión penitenciaria más seguro que responda a la actualización de la política penitenciaria”.
Igualmente, “recuperar las calles para la ciudadanía con el apoyo de 12,000 nuevos elementos en una Policía Nacional Civil más profesional, capaz y fortalecida y con una estrategia integral de policía comunitaria que trabaje con la población”, además de “construcción y mejora de instalaciones de la Policía Nacional Civil”.
