Donald Trump y Benjamin “Bibi” Netanyahu, respectivamente, presidente de Estados Unidos y primer Ministro de Israel, son personajes conocidos -no por las mejores razones- en los respectivos sistemas judiciales.
Trump ha enfrentado, de momento, cuatro juicios -en uno de los cuales fue declarado culpable, mietras que dos fueron “desestimados”, y otro está “por ser determinado”- por diferentes hechos de corrupción.
El total global es de 86 cargos, respecto a 34 de los cuales fue hallado responsable -en el primero de los trámites-.
El resto de la avalancha de acusaciones -distribuido en los otros tres procesos judiciales-, incluye: falsificación de documentos financieros; conspiración para obstruir la justicia; intento de alterar, destruir, u ocultar prueba; incitar a otras personas a alterar, destruir, u ocultar prueba; conspiración para obstruir la certificación del voto electoral el 6 de enero de 2021; presentación de documentos falsos; emisión de declaraciones y escritos falsos.
Netanyahu está inmerso en tres casos de espesa corrupción, los que siguen una tramitación judicial exageradamente lenta, a causa del genocidio que dirige, desde octubre de 2023, en la palestina Franja de Gaza.
Sumado a ello, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió, el 21 de noviembre de 2024, orden internacional de captura contra Netanyahu, acusándolo de haber perpetrado crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad -precisamente, en Gaza-.
Similar y simultánea orden fue generada -por los mismos crímenes- contra el general Yoav Gallant, ex ministro de Defensa (2022-2024) de Netanyahu.
Los cargos iniciales contra Netanyahu fueron formalizados, en 2019, por el entonces fiscal general de Israel (2016-2022), Avichai Mandelblit.
El acusado sostiene que no ha cometido ningún delito, y que los casos -sin perjuicio de la exhaustiva documentación sobre la cual fueron construidos-, no son más que un fallido intento, primero, por impedir su nueva elección como primer ministro, y, a partir de su regreso -en 2022- a la jefatura del gobierno, por hacer que renuncie.
Netanyahu se desempeñó, en ese cargo, durante los períodos 1996-1999 y 2009-2021, para un subtotal de doce años, a los que se agregan los tres que ha cumplido en su tercer nefasto mandato, con lo cual se ha convertido en el político israelí quien se ha desempeñado más tiempo cono jefe de gobierno -de momento, 18 años-.
La extensa y exhaustivamente documentada acusación que Mandelblit produjo, contenida en aproximadamente 80 páginas, fue sólidamente estructurada en tres casos: todos, por los delitos de fraude y abuso de la confianza, y uno de ellos, además, por soborno.
Los procesos penales contra Netanyahu están identificados, respectivamente, como Caso 1000, Caso 2000, y Caso 4000, de acuerdo con el contenido del texto elaborado por el ex fiscal general.
El primero, se refiere a acusaciones de que Netanyahu -lo mismo que su esposa, Sara Netanyahu- recibió regalos -incluyendo dinero y joyas -, además de otros beneficios, a cambio de cumplir favores.
El segundo, se apoya en acusaciones de que Netanyahu acordó, con el empresario Arnon Mozez, director del diario israelí Yedioth Ahronoth, debilitar a un medio de comunicación que le hacía competencia, a cambio de cobertura periodística -de Yedioth Ahronoth- favorable al gobernante.
El tercero, se centra en acusaciones que, igualmente, incluyen soborno -equivalente a millones de dólares- involucrando a otro empresario de telecomunicaciones, y también incluyendo cobertura periodística favorable a Netanyahu, en este caso, por parte de la plataforma noticiosa Walla.
Según los cálculos contenidos en el respectivo documento firmado por Mandelblit, los regalos recibidos por el matrimonio Netanyahu tienen valor global de 707,147 shekels (unos 192,102 dólares).
Al dar a conocer, el 16 de mayo de 2019, la versión en inglés de los cargos formalizados contra Netanyahu -según la versión original, en hebreo-, el diario israelí Times of Israel (ToI) -que se publica en inglés, y en otros idiomas- informó que, probablemente, los delitos sean más numerosos aún.
Según Netanyahu, el ex fiscal inició una cacería de brujas -impulsado por la oposición política, los medios de comunicación, la fuerza policial, y la fiscalía general-.
Es la expresión que suelen utilizar los gobernantes corruptos -inventando conspiraciones inexistentes-, para tratar de deslegitimar evidencia irrefutable de sus turbios manejos.
Sin embargo, cuando ellos, probadamente, convierten sistemas judiciales en ilegítimas armas para combatir a opositores -lo que se conoce como lawfare-, no lo consideran persecución política.
Uno de los más actuales y emblemáticos casos de esto -además de la persecución contra Baharav-Miara-, es la satanización de la ex senadora (2005-2007, 2017-2019), ex presidenta (2007-2011, 2011-2015), y ex vicepresidenta (2019-2023) argentina, la peronista centroizquierdista Cristina Fernández.
La victimización de Fernández fue iniciada por el corrupto ex presidente (2015-2019) argentino, el derechista Mauricio Macri -el de la rítmica consigna opositora “Mau-ri-cio Macri, la puta que te parió!”, cuyo grupo empresarial familiar lucró con la última dictadura (1976-1983)-, y culminada por el ultraderechista “liberal-libertario” y corrupto actual presidente (desde 2019), el ridículo derechista/motosierrista Javier Milei -el que plagia libros-.
En cuanto a Netanyahu, más recientemente -en 2024-, estalló “BibiLeaks”, el escándalo de corrupción que incluye filtración, a medios informativos, de documentación confidencial sensible -de inteligencia militar israelí- referida a la guerra de exterminio en Gaza, hecho del cual el malhechor primer ministro procura distanciarse.
La creativa etiqueta, difundida por algunas plataformas de noticias, es la combinación del alias de Netanyahu –“Bibi”- y la palabra “leaks” – que, en inglés, significa “filtraciones”-, lo que resulta en algo que puede traducirse como “BibiFiltraciones”.
Los casos Netanyahu fueron heredados por la única mujer entre los hasta ahora 15 titulares la Fiscalía General de Israel, la abogada Gali Baharav-Miara, quien asumió, el 7 de febrero de 2022, por unánime designación gubernamental, la jefatura de esa dependencia
-reemplazando a Mandelblit-.
En castigo porque Baharav-Miara es tenazmente contraria a que el Poder Judicial sea debilitado -objetivo prioritario de Netanyahu y sus secuaces en el gabinete ministerial-, el régimen la destituyó, el 4 de agosto de 2025, mediante un voto de “no confianza”.
Pero la persecutoria agresión política fue neutralizada por la Alta Corte de Justicia (la Suprema Corte de Israel), tribunal que recomendó, el 1 de setiembre, la cancelación del arbitrario despido.
Ante la frustrada medida represiva, la fiscala reaccionó -con plena precisión/razón- denunciando que se trató de una acción ilegal, y advirtiendo que “las presiones políticas y las acciones contrarias a la ley, no nos impedirán seguir cumpliendo nuestras obligaciones
-con liderazgo, profesionalismo, e integridad-”.
Por su parte, sectores de oposición al régimen calificaron, la agresión contra la funcionaria, como un intento de golpe judicial de la ultraderecha sionista gobernante en Israel.
Baharav-Miara es una de las principales figuras israelíes opuestas al proyecto de ley, que, con la declarada intención de reformar el sistema judicial nacional, apunta, en realidad, a minarlo.
Entre otras consecuencias, las proyectadas modificaciones resultarían en asignar, al gobierno, mayor control sobre el Poder Judicial, eliminando aspectos clave del mecanismo de contrapesos en la estructura estatal, con el propósito, entre otros, de permitir, en ese ámbito, notoria influencia política.
La diversidad de excusas esgrimidas por quienes impulsan los cambios, incluye el falaz argumento de que se busca reducir lo que describen como excesiva influencia de la Corte Suprema contra los funcionarios elegidos democráticamente -léase: freno a la corrupción-.
Los partidarios del proyecto -incluidos los aliados de Netanyahu- sostienen, asimismo, que existe un conflicto de interés en el hecho de que la fiscalía, por una parte, sea una instancia asesora del gobierno, y, por otra, impulse procesos judiciales contra autoridades gubernamentales.
Pero en la acertada visión de los opositores a la tóxica iniciativa, se trata de un acción del autoritarismo sionista que apunta a sabotear los contrapesos institucionales democráticos, para socavar al Poder Judicial en aras de fortalecer al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con versiones periodísticas locales, bajo el engañoso título “Ley de separación del papel del Fiscal General”, el proyecto intenta socavar la autoridad de la fiscalía, subvirtiendo el sistema de equilibrios estatales.
Al respecto, el ToI informó/denunció, el 11 de noviembre, sobre “cláusulas oscuras” contenidas en el texto del proyecto de ley, que fracturarían en tres, el papel de la fiscalía.
“Esas cláusulas darían, a una coalición gobernante -incluida la actual-, total control sobre la designación y la destitución de los tres funcionarios quienes desempeñarían” las seccionadas funciones de la entidad, siguió revelando.
“El proyecto privaría, también, de todo poder efectivo, al menguado cargo de fiscal general en su papel como principal asesor legal del gobierno, de modo que el gobierno ya no estaría ceñido a la opinión legal del fiscal general”, denunció, además.
“Partidarios del proyecto han insistido en que esas reformas de largo alcance son necesarias para permitir que los gobiernos elegidos cumplan su mandato e implementen la voluntad del electorado”, señaló.
“Pero los críticos argumentan que la legislación privaría, al sistema de gobierno de Israel, de uno de los pocos frenos contra el poder ejecutivo, y también politizaría el servicio de acusación”, informó, asimismo.
Al describir las facultades de la fiscalía general, el Times israelí planteó que, “por el momento, el papel del fiscal general es muy poderoso -demasiado poderosos, de acuerdo con el gobierno-”.
En el agitado contexto judicial/político/militar que rodea a Netanyahu, su hasta ahora principal aliado en el escenario internacional -obviamente, Trump-, decidió dar alcance global a su corrupta política doméstica de indultar a criminales.
Lo hizo -en actitud injerencista-, al promover el perdón del presidente israelí (desde 2021), Isaac Herzog, para el acusado primer ministro.
Lo hizo, inicialmente, cuando habló, el 13 de octubre, en la Knesset (en hebreo, La Asamblea) -el unicameral parlamento de Israel-, sobre el precario acuerdo de cese del fuego en Gaza -el más reciente, que, en realidad, no ha cesado el fuego-.
En tono confianzudo, se dirigió, brevemente, a Herzog -presente en la sesión legislativa, al igual que Netanyahu-, para formular la improcedente solicitud.
En referencia al presidente y al primer ministro israelíes, Trump aseguró que “estos dos hombres, aquí, son buenos hombres”.
“Hey! Tengo una idea!”, expresó, a continuación, dando un falso tinte casual a su discurso.
“Señor presidente: por qué no le da un indulto? Dele un indulto. Vamos”, agregó, de inmediato.
“A propósito: esto no estaba en el discurso, como probablemente sabe, pero este caballero, aquí, me gusta, y esto tiene tanto sentido”, siguió afirmando, al destacar afinidad con Netanyahu.
Además, en evidente alusión a los cargos de flagrante corrupción tipificados al infractor primer ministro -y tratando de neutralizarlos/minimizarlos-, aseveró: “cigarros y champaña, a quién diablos le importa eso?”.
Como si eso no hubiese sido suficiente, formalizó el pedido, en la carta que dirigió, el 12 de noviembre, a Herzog, planteándole -en el primero de los siete párrafos de diversa extensión- que “estoy abordando un tema clave de mi discurso en la Knesset”.
Breve aunque contundente fact check (verificación de hechos): algo que, supuestamente, “no estaba en el discurso”, pasó, un mes después, a convertirse en “un tema clave de mi discurso”.
Al formular, específicamente, la solicitud, Trump escribió: “por la presente, lo exhorto a que indulte plenamente a Benjamin Netanyahu, quien ha sido un formidable y decisivo primer ministro de tiempo de guerra”.
No obstante esa intervencionista solicitud, el autócrata estadounidense planteó, en calidad de hipócrita aclaración: “mientras absolutamente respeto la independencia del Sistema Judicial israelí, y sus requisitos, creo que este ‘caso’ contra Bibi, quien ha peleado junto a mí por largo tiempo (…) es una acusación política injustificada”.
“Isaac: nosotros hemos establecido una gran relación, por la que estoy muy agradecido, y me honra, y nosotros acordamos que, tan pronto como yo fuese juramentado en enero, el foco tenía que estar centrado en traer, finalmente, a los rehenes a casa, y hacer cumplir el acuerdo de paz”, agregó.
“Ahora que hemos logrado estos éxitos sin precedente, y que mantenemos controlado a Hamas, es hora de permitir que Bibi unifique a Israel, indultándolo, y terminando, de una vez, ese lawfare (uso de la ley, como arma política)”, planteó.
Por su parte, la Oficina del Presidente de Israel difundió, el 12 de noviembre -día de envío de la carta de Trump-, una breve declaración en el sentido de que Herzog agradeció, al estadounidense, el apoyo que proporcionado a Israel, pero le aclaró que las solicitudes de indulto deben ceñirse al procedimiento establecido.
“El presidente de Israel tiene alta estima por el presidente Trump, y continúa expresando su aprecio por el inclaudicable respaldo de Trump para Israel, y sus importantes aportes a la liberación de los rehenes, la nueva conformación de Oriente Medio y Gaza, y la salvaguarda de la seguridad de Israel”, indicó la dependencia gubernamental judía.
“Dicho eso, como el presidente ha aclarado repetidamente, quien procure un indulto, debe presentar una solicitud formal, de acuerdo con los procedimientos establecidos”, precisó, a continuación.
Hay que reconocer que, no obstante la connivencia entre los regímenes israelí y estadounidense, la declaración de la oficina de Herzog constituyó una muy elegante manera de poner, a un patán arrogante, en su lugar -por lo tanto, una actitud diametralmente opuesta a la conducta de Netanyahu-.
El polémico planteamiento de Trump generó, en Israel, reacciones lo mismo favorables que adversas.
En el primer bando -y en plena coincidencia con el déspota norteamericano-, el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben-Gvir, ha calificado de “fabricadas y despreciables”, las acusaciones contra Netanyahu, aseverando que el indulto “es lo correcto”.
Por su parte, el canciller, Gideon Sa’ar, ha afirmado que la Fiscalía General actúa “como ángeles flotado sobre conflictos de interés”, y que la institución ejerce un “control de tipo dictatorial sobre la representación legal y la promoción de legislación”.
Según el funcionario, “no hay paralelo, en el mundo democrático, para la concentración de tanto poder en manos de una autoridad no elegida”.
En la acera de enfrente, líderes políticos opositores han formulado declaraciones de repudio a las maniobras que buscan el indulto para Netanyahu.
Al respecto, Yair Golan, cofundador del socialdemócrata/sionista partido Los Demócratas, ha advertido que “la ley es clara, y todos son iguales ante ella”, y recomendado, al maleante primer ministro que, “si encuentra difícil dirigir un estado y, al mismo tiempo, (estar en) un juicio, tendría que renunciar”.
Por su parte, el no gubernamental Movimiento por Gobierno de Calidad en Israel (Movement for Quality Government in Israel, MQG), denunció, el 12 de noviembre, que la carta de Trump constituye “una inadecuada interferencia en los procesos legales internos de un estado soberano e independiente”.
“Los procesos penales contra el primer ministro deben continuar sin ninguna interferencia política, venga desde dentro o desde fuera”, planteó la oenegé, que se define como “una organización no partidista, independiente, y sin fine de lucro que ha trabajado, desde 1990, para defender la democracia israelí, asegurar transparencia, y promover la buena gobernanza”.
“Cualquier intento por ejercer presión sobre el sistema judicial, o por sugerir soluciones no legales, daña, seriamente, los principios fundamentales del Estrado de Israel”, agregó.
Y, en la contundente opinión del teniente general retirado Gadi Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor (2015-2019, 2023-2024) de las Fuerzas de Defensa de Israel, “nadie que confíe en la limpieza de sus manos y en su inocencia, busca favores de una parte externa”.
