George Rodríguez/Foto-Medios
La congresista republicana estadounidense María Elvira Salazar advirtió que, si los precandidatos presidenciales opositores Cristiana Chamorro y Arturo Cruz, actualmente detenidos en Nicaragua, son maltratados, procurará el retiro nicaragüense del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (TLC).
Salazar, una ex periodista de cadenas de televisión informativa de Estados Unidos, formuló la advertencia, en la red social Twitter, después de conocida internacionalmente la información de que, a su regreso de ese país, Cruz fue detenido, el 5 de junio, en el Aeropuerto Internacional “Augusto César Sandino”, en Managua, la capital nicaragüense.
La parlamentaria también fue específicamente crítica del régimen nicaragüense, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Simultáneamente, la cancillería de Costa Rica expresó honda preocupación por la detención de Cruz, y llamó al cese de toda acción que tienda a obstaculizar el proceso electoral en marcha hacia los comicios generales, programados para el 7 de noviembre, en la limítrofe Nicaragua.
Chamorro fue detenida, en arresto domiciliario, el 3 de junio, luego de que efectivos policiales allanaron, durante aproximadamente cinco horas, su residencia, en el sector sur capitalino.
La periodista y empresaria es acusada entre otros cuestionados cargos, por el delito de legitimación de bienes -incluido lavado de dinero-.
Cruz fue aprehendido, dos días después, en la estación aérea, acusado de haber “atentado contra la sociedad nicaragüense”, de acuerdo con lo que informó el Ministerio Público (MP).
“Si algo le sucede tanto a Cristiana Chamorro cómo a Arturo Cruz, soy la primera que me encargaré de que ésta administración elimine a #Nicaragua del tratado de libre comercio DRCAFTA y de cualquier otro beneficio económico que tenga el régimen con #USA”, tuiteó Salazar, usando la sigla del TLC, en inglés.
En otro de varios tuits -la mayoría en español-, la parlamentaria de origen cubano expresó que “¡Las violaciones de Derechos Humanos no quedarán impunes y mucho menos en contra de los candidatos presidenciales! Toda mi solidaridad está siempre con todos los que luchan por una #Nicaragua libre y democrática”.
También denunció -ahora en inglés- que “una increíble atrocidad está siendo cometida mientras escribo este tweet con la detención ilegal del candidato presidencial Arturo cruz”, además de señalar que “el régimen de Ortega recientemente violó los derechos de Cristiana Chamorro & está persiguiendo a todos los candidatos opositores”.
Igualmente, planteó, en el mismo idioma, que “Estados Unidos debe apoyar al pueblo de #Nicaragua en su lucha por libertad y democracia”, exigiendo, a continuación, que “Ortega de debe INMEDIATAMENTE liberar a todos los candidatos opositores”.
Por su parte, la cancillería costarricense expresó, en un breve comunicado, que “las acciones desplegadas en contra del señor Arturo José Cruz Sequeira, generan una seria y profunda preocupación”.
“Costa Rica reitera con firmeza la obligación de que se respeten los derechos humanos y se detenga toda medida que obstaculice un ejercicio democrático para la realización de elecciones justas, libres, creíbles e inclusivas”, planteó, a continuación.
“La oposición política debe contar con todas las garantías para ejercer el pluralismo político y la libertad de expresión”, agregó el ministerio, en el texto difundido por su dirección de Comunicación Institucional.
Las declaraciones, respectivamente, de Salazar y de la cancillería costarricense, siguieron al anuncio del Ministerio Público (MP) nicaragüense, mediante un comunicado, de dos párrafos, sobre la detención del dirigente opositor.
“El Ministerio Público de Nicaragua, informa a la población nicaragüense que el día de hoy sábado 5 de junio de 2021, fue detenido por la Policía Nacional, el ciudadano Arturo Cruz Sequeira, quien está siendo investigado por la policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, afirmó el MP.
Ello, “de conformidad con la Ley No. 1055 ‘Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz’, por lo cual, dentro de los términos de ley, será presentado ante autoridad judicial competente”, precisó.
La ley mencionada es uno de varios instrumentos aprobados, desde agosto del año lasado pasado, por la Asamblea Nacional -parlamento unicameral, de mayoría oficialista-, y cuyos contenidos son denunciados, local e internacionalmente, como elaborados para impedir la participación, en el proceso electoral, de sectores de oposición con posibilidad de plantear un reto considerable a Ortega, quien aspira a una nueva reelección.
El mandatario está en su tercer período consecutivo, lo que ha logrado mediante cuestionadas reelecciones, siempre postulado por el nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Luego de tres derrotas electorales consecutivas -1990, 1996, 2001-, Ortega ha triunfado en otros tres comicios sucesivos -2006, 2011, 2016-.
De ese modo, además del período como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) (1979-1985) -tras la caída de la dictadura somocista-, Ortega acumula, hasta ahora, cuatro mandatos presidenciales quinquenales (1985-1990, 2007-2012, 2012-2017, y el actual, 2017-2022), con aspiración a la tercera reelección consecutiva, en la votación de este año.
Hasta ahora, Ortega ha acumulado 26 años en el poder, los que se ampliarían a 31, si obtiene el triunfo en noviembre.
En su comunicado de dos párrafos, el MP también aseguró que, “como parte del sistema judicial penal realizará las diligencias que le corresponden conforme ley”.
En esa materia, una de las cuestionadas piezas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional es la reforma a la legislación penal, por cuya vía, el plazo de detención de personas, sin acusación, fue notoriamente ampliado de 48 horas a 90 días.
El MP también afirmó, en el texto, que está “al servicio del pueblo como representantes de las víctimas y de la sociedad nicaragüense, restituyendo de esta manera la seguridad y el respeto a las normas de convivencia pacífica”.
El actual proceso electoral se enmarca en la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, agudizada, desde el año pasado, por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria que también golpea a Nicaragua -aunque el gobierno procura maquillar las cifras lo mismo de casos que de víctimas fatales-.
La dramática situación de represión antiopositora ha cobrado por lo menos 712 vidas, generado algo más de 840 desaparecidos, casi 515 presos políticos, poco más de 5,100 heridos, y alrededor de 100 mil exiliados en la vecina Costa Rica, de acuerdo con datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), organización no gubernamental que, desde 2018, trabaja en el exilio en la capital costarricense.
En el contexto de la crisis, diferentes sectores de la población vienen exigiendo, masivamente, la renuncia de Ortega y de Murillo, lo que ha recibido la invariable respuesta de implacable agresión policial y paramilitar –ahora, esencialmente selectiva-.
