A pesar de los esfuerzos del Instituto Nacional de Seguros (INS) por mejorar la accesibilidad para personas sordas, las medidas implementadas aún distan de ofrecer una inclusión efectiva y equitativa. Desde la capacitación limitada del personal hasta la falta de infraestructura adecuada, persisten desafíos significativos que obstaculizan una atención verdaderamente inclusiva.
Capacitación Insuficiente y Disponibilidad de Intérpretes
Aunque el INS ha capacitado a 10 colaboradores en Lengua de Señas Costarricense (LESCO) desde 2019, la cantidad de personal y el nivel de capacitación son insuficientes para satisfacer la demanda. La presencia de intérpretes en algunas sucursales es inconsistente, dejando a muchas personas sordas dependientes de servicios virtuales que no siempre están disponibles o son efectivos en la práctica.
Infraestructura Limitada y Recursos Inadecuados
Las mejoras en las instalaciones del INS, si bien son bienvenidas, no cumplen completamente con las necesidades de las personas sordas. Las condiciones acústicas y lumínicas pueden no ser adecuadas en todas las sucursales, afectando la comunicación efectiva. La falta de dispositivos y recursos para una comunicación directa sin dependencia de dispositivos electrónicos sigue siendo un problema crucial.
Políticas de Inclusión: Promesas vs Realidad
Aunque el INS ha establecido políticas de derechos humanos y protocolos para la atención de personas con discapacidad, la implementación práctica y el cumplimiento de estas políticas son cuestionables. La falta de monitoreo efectivo y la capacitación continua del personal para asegurar el cumplimiento de estas políticas deja lagunas significativas en la experiencia de las personas sordas que interactúan con la institución.
Conclusiones y Llamado a la Acción
Es evidente que el INS tiene mucho camino por recorrer para cumplir con los estándares de inclusión necesarios para las personas sordas en Costa Rica. Se requieren inversiones significativas en capacitación, infraestructura y políticas que no solo cumplan con las regulaciones legales, sino que también aseguren una atención de calidad y autónoma para todos los usuarios, independientemente de sus capacidades auditivas.
El llamado es claro: urge un compromiso renovado por parte del INS y otras instituciones similares para abordar estas deficiencias de manera integral. La verdadera inclusión no es solo una obligación legal, sino un imperativo moral y social que debe ser prioridad en la agenda institucional.
