Comunidades rurales de Paraíso alertan sobre impactos del CPTPP en transporte, caminos y agricultura
Paraíso, Cartago | 26 de enero de 2026
Comunidades rurales del cantón de Paraíso, en la provincia de Cartago, manifestaron su profunda preocupación ante una eventual adhesión de Costa Rica al Convenio Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), al considerar que este tratado comercial podría agravar problemas estructurales ya existentes en materia de transporte público, infraestructura vial rural y sostenibilidad del sector agrícola local.
La advertencia fue elevada formalmente ante el Concejo Municipal de Paraíso, mediante una gestión presentada por la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras (ADASFRO), la cual llama a las autoridades municipales a asumir una posición activa en defensa de los intereses territoriales y de las comunidades rurales, particularmente zonas como el YAS, Piedra Azul y Santiago.
La iniciativa de esta comunicación nace a partir de las impresiones, preocupaciones y valoraciones recogidas durante su presencia directa en el conversatorio sobre el Convenio Transpacífico (CPTPP), realizado el lunes 26 de enero, a las 4:00 p. m., en las instalaciones del Sindicato Unión de Trabajadores Agrícolas de Cartago (UTRAC). En dicho espacio participaron Aura Martínez, candidata a diputada por el Partido Esperanza Nacional en la provincia de Cartago, y Renzo Céspedes, especialista en mercadeo internacional, quienes expusieron sus posiciones sobre las implicaciones del tratado para el sector agrícola costarricense.
Transporte público: rutas sociales en riesgo
Uno de los principales señalamientos se centra en el impacto que el CPTPP podría tener sobre el transporte público rural, especialmente en aquellas rutas que, aunque no resultan altamente rentables desde una lógica comercial, cumplen una función social esencial.
Tal es el caso de la ruta 371 YAS–La Flor–Birrisito, regulada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y con una tarifa de ₡887. Según la organización, este tipo de rutas quedarían expuestas a recortes, reducción de frecuencias o incluso eliminación, bajo criterios estrictos de rentabilidad económica.
Para las comunidades rurales, estas rutas representan el acceso cotidiano a centros educativos, servicios de salud, comercio y fuentes de empleo. Su debilitamiento implicaría un mayor aislamiento territorial y una vulneración directa al derecho a la movilidad, profundizando la exclusión social que históricamente han enfrentado estas zonas.
Caminos rurales y límites a la inversión municipal
Otro eje de preocupación está relacionado con la infraestructura vial local. Desde la perspectiva comunitaria, el CPTPP promueve una lógica de disciplina fiscal que limita el gasto público y reduce la capacidad de inversión tanto del Estado como de los gobiernos locales.
En un contexto donde las municipalidades ya enfrentan restricciones presupuestarias, estas limitaciones podrían traducirse en un mayor deterioro de caminos rurales, cuya atención depende en gran medida de los recursos municipales.
“Cuando las comunidades solicitan mejoras viales, la respuesta recurrente es que no hay recursos”, señalan los firmantes. Bajo un escenario de mayores restricciones fiscales, advierten que se priorizarían únicamente las grandes rutas productivas, dejando en abandono los caminos comunales indispensables para la vida cotidiana, la producción agrícola y la seguridad de las personas.
Agricultura local frente a una competencia desigual
El sector agrícola es señalado como uno de los más vulnerables ante el CPTPP. El convenio facilita la entrada de productos extranjeros a menor costo, provenientes de países con fuertes subsidios estatales y sistemas de producción industrial a gran escala.
Esta situación coloca a los pequeños productores del YAS y otras comunidades rurales en una clara desventaja competitiva. La pérdida de mercado, la caída de precios y el aumento de importaciones generan un escenario donde muchas familias se ven forzadas a abandonar la actividad agrícola, con consecuencias directas en el empleo rural, el uso de la tierra y la soberanía alimentaria.
Estos riesgos fueron ampliamente discutidos en el conversatorio realizado en Cartago el 26 de enero de 2026, organizado por la Unión de Trabajadores Agrícolas de Cartago (UTRAC), donde organizaciones sociales y comunitarias advirtieron sobre la afectación al sector hortícola y la creciente dependencia del país respecto a productos importados.
Un impacto estructural en los territorios
Desde la óptica de las comunidades rurales, el CPTPP beneficia principalmente a grandes exportadores y corporaciones, sin ofrecer mecanismos efectivos de protección para los territorios rurales ni para los pequeños productores.
La combinación de menor inversión pública, debilitamiento de servicios esenciales y pérdida de competitividad agrícola reproduce una realidad ya conocida en estas zonas: menos servicios, caminos en mal estado y una constante justificación institucional basada en la falta de recursos.
Solicitud al Concejo Municipal de Paraíso
Ante este panorama, la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras solicitó al Concejo Municipal de Paraíso:
Adoptar un acuerdo formal de oposición a la adhesión de Costa Rica al CPTPP, en defensa de las comunidades rurales, los servicios públicos y la producción agrícola local.
Lenin Antonio Pérez Guzman Presidente de la Asociación agencia para el desarrollo accesible sin fronteras solicita a la Municipalidad de Paraíso un pronunciamiento. Remitir dicho acuerdo a otras municipalidades del país, instándolas a pronunciarse críticamente sobre los impactos territoriales del convenio.
Ejercer un rol activo como gobierno local, elevando la voz de las comunidades y reafirmando el compromiso municipal con el desarrollo equitativo, la justicia social y la permanencia de la población en el campo.
La organización expresó su disposición a ampliar estos planteamientos en los espacios que el Concejo considere oportunos y reiteró la necesidad de que las decisiones de política comercial incorporen la realidad concreta de los territorios rurales, más allá de los indicadores macroeconómicos.
