El golpismo preventivo se activó, en Guatemala.
El desarrollo de la línea de tiempo, desde la votación presidencial del 25 de junio, presenta una secuencia de hechos probatorios -una vez más- de que la corrupción, en el vértice superior del Triángulo Norte de Centroamérica, no solamente existe sino que se fortalece constantemente.
Los intentos, de los dueños del país, por mantener el brutalmente histórico estado -corrupto- de cosas, son en gran escala, porque la segunda vuelta les plantea un riesgo que no pueden darse el lujo de correr: la posibilidad de que, de alguna manera, se repita el ’45.
Por lo tanto, necesitan dar un golpe Estado preventivo -o sea, antes de que se materialice la amenaza de un izquierdista instalado en el sillón presidencial-.
No se trata del primer caso, en América.
Fue, por ejemplo, exactamente, lo que ocurrió el 23 de marzo de 1994, en México, cuando el entonces candidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, fue fatalmente baleado, a quemarropa, durante una actividad electoral en la ciudad de Tijuana, en el noroccidental estado de Baja California, en el extremo oeste de la frontera con Estados Unidos.
Colosio -entonces secretario de Desarrollo en el gobierno (1988-1994) del corrupto/criminal/impune presidente Carlos Salinas de Gortari- fue asesinado después de que, en un discurso proselitista, el 6 de marzo, frente al Monumento a la Revolución Mexicana -conflicto armado (1910-1917) que marcó un drástico cambio en la política nacional-, cuestionó la gestión gubernamental (1929-2000) del PRI.
Más recientemente, eso fue lo que intentó hacer el corrupto y dictatorial presidente estadounidense (2017-2021) Donald Trump, cuando, mediante la movilización de centenares de fanáticos seguidores, atacó la sede del Congreso nacional, para tratar de impedir que el entonces vicepresidente del país y presidente del Senado, Mike Pence, avalase los resultados de la votación presidencial de noviembre de 2016.
Sabiendo que había fracasado en su intento por reelegirse, Trump lanzó la versión de fraude electoral -narrativa que, tenazmente, mantiene-, y, ante la negativa de Pence de manipular los números, instó a las turbas de sus irracionales/ignorante fanáticos a que tomaran por asalto la sede legislativa -no pocos, llegaron con la intención de capturar y ahorcar al vicepresidente-.
La del mes pasado, en Guatemala, fue la décima votación desde 1985 -la que inauguró la actual etapa cívica nacional-, y ante la inminencia de más de lo mismo, el factor humano
-que suele ser impredecible, más aún cuando es colectivo y está harto-, dio la sorpresa: posicionó, para la segunda vuelta, a dos candidatos: previsiblemente, a la centroderechista Sandra Torres, pero, fuera de todo cálculo- al centroizquierdista Bernardo “tío Bernie” Arévalo.
Apoyada por la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) -partido que cofundó, en 2003- Torres se ubicó en el primer lugar -entre 22 opciones presidenciales-, lo que estaba previsto según las encuestas de intención de sufragio.
La sorpresa consistió en el salto que Arévalo protagonizó, del octavo lugar -y con intención de voto de 2.9 por ciento, tres días antes de la jornada electoral, apenas por encima del margen de error, 2.8 por ciento-, al segundo -con 11.8 por ciento de los sufragios, sólo 3.9 puntos porcentuales menos que Torres -con 15.7 por ciento-.
El ahora segundo favorito es impulsado por el Movimiento Semilla, organización política que, fundada en 2017, participó, solamente en la votación parlamentaria en el marco de las elecciones generales inmediatamente anteriores -las de 2019-.
Arévalo es hijo de Juan José Arévalo, el centroizquierdista presidente (1945-1951) cuyo mandato se enmarcó en el período democrático guatemalteco de la Revolución de 1944-también conocida como Revolución de Octubre-, que inauguró, el 20 de octubre de ese año, una década de gobiernos progresistas caracterizados por la sensibilidad social.
La revolución finalizó abruptamente cuando su segundo presidente (1951-1954), Jacobo Árbenz, fue derrocado mediante el golpe de Estado del 27 de junio de 1954, acción que, orquestada por el gobierno de Estados Unidos y la compañía frutera estadounidense United Fruit Company, y ejecutada por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), instaló en el poder al ultraderechista y mediocre -valga la redundancia- general Carlos Castillo Armas.
A raíz del exilio de su padre, como consecuencia del golpe, Bernardo Arévalo nació, el 7 de octubre de 1958, en Montevideo, la capital de Uruguay, uno de los países donde el ex presidente se refugió.
El “tío Bernie” es un ex embajador (1995-1996) en España -durante la presidencia (1993-1996) de Ramiro de León, quien, por selección del sector militar, terminó el mandato iniciado en 1991 por el corrupto autogolpista Jorge Serrano-, y actualmente se desempeña como diputado -a partir de 2020-.
Desde el inicio del conteo de votos, Arévalo se instaló, junto con Torres, en la cima de la montaña, primeramente alternando ambos en los lugares primero y segundo, hasta que la tendencia determinó que la dirigente de la UNE encabezaba la lista, seguida, a distancia considerablemente escasa, por el líder de Semilla.
No dejó de causar extrañeza que los sectores ultraderechistas en el invisible poder real guatemalteco, no hubiesen manipulado los resultados.
La extrañeza duró, exactamente, seis días -ni siquiera la semana completa-.
Una decena de partidos políticos -incluidos los tres con los candidatos favoritos, en las encuestas: la centroderechista UNE, con Torres, el derechista Cabal, con Edmond Mulet, y el ultraderechista Valor Unionista, con Zury Ríos, hija del sanguinario dictator (1982-1983) Efraín Ríos Montt-, presentaron, a la Corte de Constitucionalidad (CC), una acción de amparo, cuestionando los resultados de varias Juntas Electorales Departamentales (provinciales).
La acción fue aceptada, y la CC ordenó, el 1 de julio, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), revisar el conteo de votos de esas juntas, así como “suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta para la elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado”.
La acción de los partidos tuvo proyección mediática de preocupación por la transparencia necesaria en todo proceso de votación, aunque fue evidente que el oculto -por lo tanto, verdadero- propósito consistió en impedir que el TSE oficializase el triunfo coyuntural de Arévalo y su participación en la nueva jornada de votación -programada para el 20 de agosto-.
Inicialmente, el TSE acató la orden de la CC, y se abstuvo de formalizar los resultados.
Transcurridos nueve días, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entró en escena, y dio luz verde, el 10 de julio, a la autoridad electoral, a oficializar los números.
El TSE confirmó, el 12 de julio, en conferencia de prensa, que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo en la fecha prevista, y que los contendientes son Torres y Arévalo.
Con esto, no era posible seguir aparentando, de modo que el siguiente golpe tenía que ser contundente -a manera de tiro de gracia-, aunque exhibiese la hipocresía de la movida para cuestionar el conteo de votos.
Adelantándose al anuncio que la presidenta del TSE, Irma Elizabeth Palencia, se aprestaba a formular, el espurio Ministerio Público (MP), por la vía de la delictiva Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), se movilizó.
En un vergonzoso mensaje, contenido en un video que el MP difundió el mismo día, en la red social Twitter, el jefe de la Feci, Rafael Curruchiche -popularmente bautizado “Corrupchiche”, en manifestaciones de protesta-, anunció que un juzgado local, por instrucción de esa fiscalía, ordenó la suspensión de la personería jurídica de Semilla.
“En un nuevo caso de corrupción e impunidad -denominado ‘Corrupción Semilla’-, a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, encabezado por el juez Freddy Orellana, ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla”, afirmó el fiscal.
“En mayo del 2022, un ciudadano denunció haber sido adherido, ilegalmente, al Movimiento Semilla, por lo que, al realizarse la prueba científica, por el Inacif, concluyó que la firma y letra (caligrafía) fueron falsificados”, agregó, obviamente leyendo un texto en un prompter, y efectuando ridículos gestos e impostación, en un vano intento por dar espontaneidad a sus afirmaciones.
El funcionario hizo, así, referencia al Instituto nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
“Existen indicios de que más de cinco mil ciudadanos fueron adheridos, ilegalmente, al Movimiento Semilla, falsificándoles su letra y firma”, siguió aseverando, en el mensaje de dos minutos y 16 segundos.
De acuerdo con la narrativa de Curruchiche, Semilla reunió -para registrarse como partido político- más 25 mil adhesiones, por las cuales pagó, a cada adherente, siete quetzales (algo menos de un dólar), lo que “suma la cantidad aproximada de 175 mil quetzales (poco más de 22 mil dólares), desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”.
Durante la conferencia de prensa en la que oficializó los resultados y ratificó la fecha de realización de la segunda vuelta, Palencia refutó los señalamientos del jefe de la Feci.
“Definitivamente, es algo que nos preocupa, como tribunal, porque nosotros sabemos que las elecciones se ganan en las urnas, derivado del sagrado sufragio de los ciudadanos, y que para eso estamos trabajando”.
El anuncio del fiscal generó manifestaciones de protesta -en la capital y otras ciudades-, y la presentación, por parte de Semilla, a la CC, de un recurso de amparo contra la decisión de Orellana -al servicio de Curruchiche-.
La agrupación señaló que ese fallo es violatorio de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El artículo 92 de ese instrumento jurídico, establece, claramente: “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
Tal es, exactamente, el contexto en el cual Semilla es victimizada.
En alusión al recurso de la agrupación política, Samuel Pérez, diputado por ese sector, destacó la ilegalidad de lo actuado por el MP -específicamente, la Feci-.
“Lo que están intentando hacer, es inventarse un caso (…) para intentar traerse abajo el partido, o la candidatura de Bernardo Arévalo”, denunció el legislador, en declaraciones reproducidas por la Agence France Presse (Afp).
El recurso de Semilla en la CC, apunta a “cuidar que el Tribunal Supremo Electoral no se vea obligado a acatar órdenes ilegales”, explicó Pérez, a la agencia informativa francesa.
Pero la Feci avanzó en la violación al marco constitucional guatemalteco, y allanó, el 13 de julio -al día siguiente del video de Curruchiche y de las declaraciones de Palencia-, las instalaciones del Registro de Ciudadanos del TSE, operación durante la cual efectivos de la Dirección de Investigación Policial (DIP) de la Policía Nacional Civil (PNC) secuestraron la abundante documentación referida a Semilla.
Al referirse, en conferencia de prensa, a la ilegítima acción policial que se desarrolló durante aproximadamente ocho horas, la presidenta del TSE denunció abuso de autoridad y uso excesivo de fuerza por parte de los efectivos de seguridad ejecutores del allanamiento, algunos de los cuales actuaron enmascarados.
“Tenemos fotografías, y algunos videos, que las redes sociales hicieron circular, al igual que ustedes, los medios de comunicación”, expresó Palencia.
“Por supuesto que la audiencia que venía (el allanamiento) era respaldada, pero la forma es lo que la hace censurable, porque creemos que el uso de pasamontañas, y las armas, es un exceso de manifestación de la autoridad que ostentan”, denunció.
“Y no tenía razón de ser, puesto que nuestro personal, todo nuestro personal, es desarmado, están en unas oficinas administrativas”, planteó, de inmediato, para reafirmar que “no se justifica eso”.
Sin perjuicio de las agresiones, el TSE mantuvo la posición expresada por su presidenta, en el sentido de que “las elecciones se ganan en las urnas”.
Lo hizo, al publicar, el 14 de agosto -un día después del allanamiento-, en el Diario de Centro América -el diario oficial guatemalteco- el Acuerdo 1328-2023, mediante el cual oficializó los resultados de la votación presidencial, y confirmó la segunda vuelta electoral.
En el primero de los tres artículos resolutivos, el tribunal indicó la decisión de “declarar la validez de la Elección de Presidente y Vicepresidente de la República, realizada el día veinticinco de junio de dos mil veintitrés, conforme a los resultados obtenidos que a continuación se indican”.
Al enumerar los partidos y los votos válidos cada uno recibió, el TSE informó que, de los algo más de 4.2 millones de sufragios válidos -emitidos por casi 5.6 millones de electores-, UNE reunió 888,924, y Semilla obtuvo 653,486.
A continuación, confirmó que, en virtud de que ninguna candidatura reunió la necesaria mayoría absoluta para triunfar -50 por ciento de los votos, más uno-, “se procede a la celebración de la segunda elección presidencial el domingo veinte de agosto de dos mil veintitrés”, con la participación de las dos fórmulas más votadas, respectivamente encabezadas por Torres y por Arévalo.
En declaraciones que formuló, el 12 de julio, al programa informativo Noticiero Guatevisión, de la televisión guatemalteca, el candidato por Semilla denunció lo que describió como la implementación de un “golpe de Estado técnico”.
La ofensiva contra Semilla, “es una acción desesperada, de un grupo político criminal que se da cuenta que tiene los días contados en términos del control sobre el poder político”, planteó.
Ello, “porque estamos a las puertas de un evento electoral donde nosotros confiamos (que) el Movimiento Semilla va ganar”, precisó, a continuación.
“Intentaron descarrilar este proceso, por todas las medidas ilegales”, ante lo cual “el Tribunal Supremo Electoral, finalmente, ha certificado los resultados, ha declarado que nosotros estamos en la segunda vuelta, y ha abierto, ya, la segunda etapa de este proceso electoral”, frente a “un acto que es absolutamente ilegal”, explicó.
“Lo que estamos viendo es a un Ministerio Público, a una Fiscalía liderada por un fiscal famosamente corrupto, que está utilizando a un juzgado -que le ha servido anteriormente para hacer este tipo de artimañas legales- (para) tomar una resolución que es inconstitucional”, siguió detallando.
“La resolución va en contra de lo que está establecido en el artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es de rango constitucional, y que establece claramente que no se puede suspender a un partido político durante el proceso de una elección”, agregó.
“El juzgado hace esta sentencia, la envía al Tribunal Supremo Electoral, lo que constituye una ruptura del orden constitucional, porque está violando el ordenamiento que está en la Constitución”, puntualizó.
“El único tribunal que tiene la capacidad de suspender a un partido, suspender la personería jurídica de un partido -y de acuerdo a criterios claramente establecidos en la Ley Electoral y de Partidos Políticos-, es el Tribunal Supremo Electoral”, subrayó.
Por su parte, en declaraciones reproducidas el 11 de julio por la agencia informativa española Efe, el ex presidente (1986-1991) guatemalteco Marco Vinicio Cerezo aseguró, en términos coincidentes con lo expresado por Arévalo, que es posible “confiar en que se ha superado este intento de rompimiento del orden democrático, y que seguimos, en adelante, hacia otros 38 años de democracia en Guatemala”.
De ese modos, se “consolidó el proceso democrático”, indicó, asimismo, el presidente guatemalteco surgido del primer proceso electoral (1985) en la era cívica guatemalteca, luego de tres décadas de regímenes militares.
“Si (la crisis) hubiera continuado, y la Corte (Suprema de Justicia) se hubiera metido en el tema, sí hubiera afectado definitivamente el proceso democrático, porque lo que se le estaba solicitando a la Corte era que no pasaran a la segunda vuelta sino que se quedaran los resultados como estaban”, reflexionó Cerezo, uno de los principales impulsores de la pacificación centroamericana en la década de 1980.
“Pero la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que, si no se gana con la mayoría absoluta, tiene que irse a la segunda vuelta”, dijo, en los comentarios que formuló en Paragua, donde, junto con otros nueve ex presidentes latinoamericanos, participó en el Primer Foro Latinoamericano de las Ideas (FLI 2023).
No obstante el revés que ha recibido en su intento por subvertir el orden constitucional guatemalteco, el MP mantiene su actitud agresiva y manipuladora.
Un ejemplo de ello es el hecho de que reveló, el 14 de julio, en Twitter, la reunión privada que desarrollaron el arzobispo de Guatemala, Gonzalo de Villa, y la cuestionada titular de la Fiscalía General de la República (FGR) y jefa del MP, Consuelo Porras.
De Villa llegó a la sede del MP, para reunirse con Porras y otros funcionarios de la institución -incluido Curruchiche-, encuentro durante el cual cuestionó lo actuado contra el desarrollo del proceso electoral.
En el comunicado que emitió, ese día, sobre la reunión, el MP aseveró, en el colmo de hipocresía, que “agradecemos la visita que el día de hoy efectuó al Ministerio Público Monseñor Gonzalo de Villa, así como los conceptos vertidos en relación a la calidad de persona de la Fiscal General manifestando su interés en pedirle a Dios para que brinde la luz a todos en esta coyuntura particular y que la conferencia episcopal siempre atiende el bien común de la ciudadanía”.
Manipulando la información, la entidad sostuvo que, “en dicha reunión se le manifestó que el Ministerio Público es una institución seria, responsable que siempre actuará de conformidad con la ley, atendiendo e investigando todas las denuncias presentadas por la ciudadanía guatemalteca”.
El texto fue ilustrado con fotografías del diálogo, en las que se observa al arzobispo, hablando, y a algunos funcionarios -incluidos Porras y Curruchiche-, tomando nota.
Pero, en declaraciones que formulo a la emisora guatemalteca Emisoras Unidas, el sacerdote reveló el verdadero contexto del encuentro con Porras y los demás.
Respecto al comunicado del MP, señaló que “yo no pensé que ella lo iba a dar a la publicidad”, denunció.
“Entendí que había sido una reunión privada, y que, en la reunión privada, lo que yo tenía interés era que se den cuenta de que los pasos tan agresivos que están dando son altamente peligrosos para el país”, agregó.
Al describir el ambiente en el cual avanzó ese diálogo privado, los detalles que De Villa compartió, con la estación de radio y sus oyentes, fueron indicativos de que, además de autoritaria, la conducta de la fiscala rayó en lo ridículo.
“La fiscal estaba en plan de querer defenderse, y de que se le defendiera, quería hacer notar que ella actúa siempre por razones de convicción, de valores”, señaló el arzobispo.
“Reclamó, incluso, el por qué la iglesia -de la que ella forma parte, puesto que es católica- no la hemos defendido, y que, más bien, a veces, la hemos atacado”, precisó.
En cuanto a la conducta ilegítima del MP, el religioso dijo que, si bien deben atender temas de naturaleza legal, sus funcionarios “se pueden ir por las tildes de la ley, y las tildes no necesariamente son las que hacen justicia”.
“Les puse, incluso, un ejemplo -que, a algunos, ciertamente les molestó- de que podían actuar como aquellas antiguas mulas que les ponían orejeras para que no vieran a los lados, y que, entonces, solo ven lo que les interesa o lo que les parece, pero dejan de lado otras muchas dimensiones”, siguió narrando.
En un comunicado, dirigido a la población, en general, el líder de los católicos guatemaltecos aclaró, aun más, el contexto de la reunión con el MP.
“Confirmo que efectivamente solicité el 12 de julio un encuentro con la Dra. Consuelo Porras el cual se concretó el día 13 de julio a las 10 horas”, indicó.
“Pensé que la reunión iba a ser privada pero estuvieron 6 a 7 personeros públicos acompañando a la Doctora. También pensé que la reunión no iba a ser publicitada por el MP. En ello me equivoqué”, agregó.
De Villa reveló, asimismo, que Porras defendió, largamente, y “en modos muy acalorados, su persona, sus valores y sus gestiones”, relató que “manifesté mi preocupación ante las lecturas que desde el Ministerio Público se pueden realizar y las acciones consiguientes sin medir las consecuencias en la vida nacional”.
Por su parte, el día de la reunión, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) emitió un comunicado en el cual precisó su posición respecto a la crisis institucional estallada en el país centroamericano.
“¡Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! (Is,5,20)”, planteó.
En cuanto a la jornada electoral del 25 de junio, los obispos señalaron que “el pueblo de Guatemala ha respondido con el voto y con la expectativa de que el calendario electoral se lleve a feliz término”.
“Exigimos que se respete el resultado de las elecciones para presidente y vicepresidente de la República y la segunda vuelta se realice el 20 de agosto con los dos binomios más votados tal como lo oficializó el Tribunal Supremo Electoral en la resolución 1328-2023”, agregaron, a continuación.
“Manifestamos también que el bien común (…) es el fin supremo para el que se organiza el Estado según el art.º 1 de la Constitución de la República”, y que “este fin no se alcanza sólo cumpliendo el ordenamiento jurídico, sino con sentido ético y moral, de parte de todos, pero particularmente de quienes están constituidos en autoridad, sea por elección o por designación”, advirtieron.
“De otro modo el empleo inmoral del ordenamiento legal se convierte en instrumento por el que el Estado se destruye a sí mismo”, puntualizaron, en calidad de fuerte señalamiento de responsabilidad.
Sin embargo, y no obstante el rechazo a su intento por romper la constitucionalidad guatemalteca, y persistiendo en su autoritaria manipulación de la realidad, el MP aseveró, en el comunicado que, al respecto, lanzó el 14 de julio, que, “de conformidad a lo resuelto con la Corte de Constitucionalidad y, en el marco del respeto a las garantías del debido proceso, el Ministerio Público de acuerdo a su competencia continuará con las investigaciones correspondientes” contra Semilla.
La dramática situación de inestabilidad política generada en Guatemala, presenta indicios de que fue superada, aunque las fuertes características de la movida golpista por parte del desesperado “grupo político criminal” -que Arévalo señaló con precisión- no dan motivo a confiar, plenamente, en se haya superado ese intento de vuelta atrás en la historia del país centroamericano, recurrentemente castigado por los golpes y los contragolpes, la corrupción, la impunidad.
Si tal es el contexto, posiblemente la moneda esté en el aire, algo profundamente preocupante por el riesgo que implica en una región -la centroamericana- golpeada por el ascenso del autoritarismo como antidemocrático estilo de gobierno.
