La juramentación de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, como los gobernantes de Guatemala para el cuatrienio 2024-2028, es de alto riesgo, ya que se cumplió en el contexto de un intento de golpe de Estado en tenaz desarrollo hace casi siete meses.
Con atraso de casi nueve horas, en virtud de la deliberada demora perpetrada por las autoridades salientes del unicameral Congreso de la República, la asunción del binomio gubernamental, que debió cumplirse, a más tardar, a las 1500 hora local del 14 de enero, se verificó a las 0024.
Apoyándose, ilegítimamente, en tecnicismos que nada tenían que ver con el procedimiento de instalación de la décima legislatura, los diputados afines al golpismo, generaron la inadmisible dilación.
De momento, el hostigamiento golpista fracasó en cuanto a impedir la instalación del nuevo presidente y la nueva vicepresidente.
Demonizados -al igual que la centroizquierdista agrupación política que los postuló, el Movimiento Semilla- los ahora gobernantes del altamente inseguro país centroamericano enfrentan los fuertes desafíos que son naturales a un contexto socioeconómico y político difícil -en el mejor de los casos-.
Pero también tienen que lidiar con la vulnerabilidad derivada del resentimiento revanchista de los históricos dueños del país, que, ante el fracaso inicial del golpe, seguramente, se encargarán de sembrar, con obstáculos de cualquier índole, el camino de combate a la corrupción y a la impunidad anunciado por los recién instalados mandatarios.
Arévalo es peligroso, para la nefasta politiquería tradicional, porque, al declarado combate contra el inseparable binomio corrupción/impunidad, se suma el hecho de que su padre -el centroizquierdista Juan José Arévalo- fue el primero de los dos presidentes de la Revolución de Octubre (1944-1954).
Se trata del intenso proceso político que inauguró, el 20 de octubre de ese año
-con la instalación de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1944-1945)-, una década de administraciones progresistas caracterizadas por la sensibilidad social.
La revolución finalizó, abruptamente, cuando su segundo presidente (1951-1954), el coronel Jacobo Árbenz, fue derrocado mediante el golpe de Estado del 27 de junio de 1954.
La operación PB Success (PB Éxito) -que reemplazó a la abortada PB Fortune (PB Fortuna o PB Suerte)-, estructurada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue el arma golpista -con apoyo del gobierno de Estados Unidos, la colonizadora/feudal compañía frutera estadounidense United Fruit Company, y el dictador nicaragüense (1933-1956) Anastasio “Tacho” Somoza García-.
El golpe fue planificado durante el gobierno del presidente estadounidense (1945-1949, 1949-1953) Harry Truman, y ejecutado por la administración (1953-1957, 1957-1961) del general retirado Dwight “Ike” Eisenhower.
A diferencia de entonces, los golpistas actuales movilizaron una delincuencial fuerza de tarea civil cuyo líder es la jefa del Ministerio Público (MP) y fiscala general de la República, Consuelo Porras.
Entre sus mandos medios, Porras cuenta con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del MP, Rafael Curruchiche -bautizado, en manifestaciones populares de protesta, como “Corrupchiche”-; el juez Freddy Orellana, titular del Juzgado Séptimo de Instancia Penal; el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda.
Curruchiche es el agente operativo golpista de mayor actividad visible, con máxima exposición mediática.
Juramentados el presidente y la vicepresidenta, por el diputado oficialista Samuel Pérez, nuevo presidente del Congreso -donde el oficialismo es minoría-, Arévalo destacó, entre otros aspectos del plan de gobierno que esbozó en su mensaje inaugural, el respeto a los derechos humanos.
Y en su primer acto de gobierno, Arévalo y Herrera se reunieron con representantes de comunidades indígenas quienes, durante más de tres meses, se mantuvieron activos contra el intento golpista.
“La implementación de este programa de gobierno, se hará en el marco y plena vigencia de los derechos humanos”, anunció el nuevo mandatario, minutos después de su juramentación.
“Y quiero repetir: violaciones a los derechos humanos, nunca más”, aseguró, a continuación.
Respecto a la hoja de ruta de su administración, subrayó que “este programa nacional aspira, también, a posicionar a Guatemala como un actor responsable, influyente, y participativo, en una comunidad política global que aborda desafíos comunes, desde una perspectiva propia”.
Cumplida la formalidad de asunción presidencial y vicepresidencial, los nuevos gobernantes se desplazaron aproximadamente a las 0200 horas, hacia el sector capitalino donde se ubica la sede del Ministerio Público (MP), que fue el puesto de mando del intento golpista, y donde centenares de indígenas mantuvieron, durante 106 días, una tenaz protesta pacífica en defensa de la democracia, además de haber llevado a cabo manifestaciones en diferentes puntos de la capital.
Dirigentes -lo mismo mujeres que hombres- de esas comunidades plantearon, a Arévalo y a Herrera, le necesidad de que la nueva administración trabaje en favor de la población indígena guatemalteca, habiendo, los oradores, coincidido en expresar, a los gobernantes, que “no se olviden de nosotros”.
Arévalo destacó el esfuerzo, principalmente llevado a cabo por las comunidades indígenas, para frustrar el intento golpista.
“Ciento seis días de resistencia, ciento seis días de dignidad, ciento seis días de gallardía, hoy, están terminando en un gobierno democrático que ustedes, los pueblos originarios que están reunidos acá, desde hace ciento seis días, han sabido rescatar”, expresó.
“Los pueblo originarios han liderado la resistencia contra quienes intentaban burlar la voluntad popular”, reconoció, para destacar que “los pueblos originarios fueron quienes inspiraron, a toda la ciudadanía, para resistirse a esos criminales que intentaban mantenerse en el poder, para seguirse robando el dinero del pueblo, y evitando que llegue, el desarrollo, a la población”.
“A lo largo de estos ciento seis días, hemos tenido muchas batallas, hemos tenido muchas incidencias, pero las hemos sabido librar juntos”, dijo.
“La resistencia del pueblo de Guatemala -que el liderazgo indígena inspiró y orientó-, ha permitido que, hoy, Guatemala, le esté dando una lección de democracia, al mundo, una lección de convicción en las instituciones democráticas”, planteó, a continuación.
Se trata de “una democracia que s salvada por su pueblo, que s salvada, precisamente, por esas grandes mayorías que han sido históricamente olvidadas, marginadas, y excluidas dl desarrollo”, reafirmó.
“Gracias a esta resistencia que ustedes han liderado, que ustedes han inspirado, hoy (…) hemos sido juramentados como vicepresidenta y presidente de la República, y nuestro primer acto -fíjense bien: nuestro primer acto-, como autoridades electas, ha sido venir a decirles, a ustedes, al liderazgo de los pueblos indígenas, al liderazgo ancestral, a los pueblos que han liderado esta resistencia: muchas gracias!”, aseguró.
Al respecto, el presidente asumió el compromiso de que “vamos a trabajar con los pueblos originarios, vamos a trabajare con las comunidades, vamos a trabajar a partir del respeto que hay que tenerle la población indígena del país, y que es inherente a toda persona humana”.
“El respeto que se le debe tener a las comunidades que son portadoras de costumbres y de identidad milenaria, y, con ese respeto, nos vamos a sentar a la mesa (…) para que nuestros pueblos tengan una vida digna”, siguió expresando, para reiterar que “vamos a empezar a trabajar juntos, a trabajar con respeto, a trabajar con honestidad, y a trabajar con transparencia, para terminar con la historia de marginación y de exclusión”.
Y también prometió que “vamos a rescatar la justicia, también, y lo vamos a hacer juntos”.
