En su infinita mediocridad, los dictadores, hasta donde llega la memoria histórica universal, han manejado -en algunos casos, creado- estructuras represivas con las cuales imponer el terror como uno de sus cruciales puntos de apoyo -además de, por supuesto, la corrupción-.
Entre otros abundantes ejemplos, el régimen fascista italiano inventó la Opera Vigilanza Repressione Antifascismo (Organismo para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo, Ovra), mientras que la dictadura nazi alamana estructuró el paramilitar Schutzstaffel (Escuadrón de Protección, SS), y se inspiró en la Ovra, para pergeñar la infame Geheime Statspolizei (Policía de Estado, Gestapo).
Por su parte, la tiranía soviética aterrorizó con el siniestro Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti, (Comité para la Seguridad del Estado, KGB); el régimen también comunista de la entonces República Democrática Alemana -Alemania Oriental-, se valió del Ministerium für Staatssicherheit (Ministerio para la Seguridad del Estado, Stasi).
Más cerca en el tiempo y en la geografía, la última dictadura argentina tuvo, por ejemplo, a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side), al Batallón de Inteligencia 601 (BI 601), y al escuadrón paramilitar Alianza Anticomunista Argentina (AAA) -la nefasta “triple a”-; la uruguaya contó, entre otras estructuras, con el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa); la brasileña, con el Serviço Nacional de Informações (Servicio Nacional de Informaciones, SNI).
Por su parte, el régimen stroessnerista paraguayo -uno de los más extensos en el tiempo en América Latina- mantuvo activos al policial Departamento de Investigaciones, y a la Dirección de Asuntos Técnicos, del Ministerio del Interior; las dictaduras guatemaltecas se apoyaron, principalmente, en el militar y escuadronero Estado Mayor Presidencial; el somocismo heredó, de la ocupación militar gringa, a la Guardia Nacional; el sanguinario/corrupto pinochetismo -la Lucía , incluida- se valió de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina).
De todas esas criminales estructuras, la Gestapo y el KGB son las más universalmente conocidas, habiéndose constituido en sistemas paradigmáticos de terror de Estado.
Ocho décadas después de la caída del régimen nazi (1933-1945), y de su creador -el desquiciado suicida Adolf Hitler (1889-1945)-, la Casa Blanca aloja, por segunda vez, a un admirador del führer: el dictador Donald Trump.
En declaraciones formuladas en octubre de 2024 -semanas antes de la elección presidencial de ese año-, el general retirado John Kelly -ex jefe de Gabinete (2017-2019) en el primer período trumpiano (2017-2021)-, testimonió, a los diarios estadounidenses The New York Times y The Atlantic, la simpatía de Trump respecto a Hitler.
El ex alto funcionario relató que su ex patrón comentó -más de una vez- que, ‘Hitler hizo algunas cosas buenas, también’”.
Kelly agregó que su respuesta, ante tal barbaridad, fue que el dictador alemán no hizo nada que pueda calificarse como bueno.
Asimismo, narró que Trump fue, en diferentes momentos, claro en su afinidad con el jefe nazi, habiendo llegado a plantear la necesidad de contar con “generales de Hitler” -o sea, generales de conducta nazi-.
Por su parte, entrevistado -también en octubre de 2024- por la emisora estadounidense National Public Radio (NPR), el periodista Jeffry Goldberg, director de la histórica revista The Atlantic -fundada en 1857-, dijo, al respecto, que Trump “ha estado preocupado, por años, con maximizar el poder, y se ha sentido frustrado con las limitaciones impuestas, a un presidente, en una democracia”.
“En 2020, la frustración realmente creció, y él empezó a hablar sobre -y sigue hablando de eso-, hablar sobre Hitler y los generales de Hitler”, Goldberg precisó, además de señalar que “ha sido corregido, en conversaciones privadas con John Kelly y otros”.
“Él, sencillamente, admira a gente que ejerce poder absoluto”, planteó, para revelar que, por esa razón, Kelly y otros analistas, “han dicho que tiene tendencias fascistas” -en alusión al nazismo-.
En cuanto al discurso proselitista de Trump con miras a la votación presidencial de noviembre de 2024, Goldberg dijo que, “si uno escucha la retórica de la campaña, uno escucha la manera en que habla del poder, la manera en que habla -comillas- de ‘el enemigo interior’, eso es lenguaje tomado del autoritarismo”.
“Habla del enemigo interno, habla de encarcelar a opositores, habla de usar a los militares en la represión de protestas locales”, agregó.
“Obviamente, hablar de la manera en que movilizaría a los militares, dentro de Estados Unidos, para enfrentar la crisis inmigratoria -como él la ve-, y para participar en capturar a inmigrantes, es como un novedoso enfoque del uso de los militares”, reflexionó, en modo de premonitoria advertencia, tres meses antes de la segunda juramentación presidencial de Trump.
Es indudable que la aberrante ideología que pretende “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez” (“Make America Great Again”, Maga), es de naturaleza notoriamente nazi -o fascista, como prefiere plantear la oposición en el país norteamericano-.
Reinstalado, hace algo más de un año, en la Casa Blanca, el autócrata norteamericano ha constryido -velozmente, y sin freno– un altamente eficaz Estado policial de terror, con el Departamento de Seguridad Interna (Department of Homeland Security, DHS) -en sus diferentes variantes represivas reunidas en las fuerzas del DHS (DHS forces)- como punta de lanza.
De acuerdo con lo indicado en el sitio del departamento, en Internet, se trata, por ejemplo, de fuerzas tales como Protección Aduanera y Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP), Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), Servicio Secreto de Estados Unidos (US Secret Service, USSS), Guardia Costera de Estados Unidos (US Coast Guard, USCG), Administración de Seguridad del Transporte (Transport Security Administration, TSA).
En lo que tiene que ver con lo cotidiano de la represión -de inicio, antinmigrante, ahora, generalizada- ICE -con su modus operandi, que es un híbrido de la Gestapo y el SS nazis, y los escuadrones paramilitares de las dictaduras latinoamericanas del siglo 20- viene a ser el pilar fundamental.
Su matones suelen desplazarse enmascarados, lo mismo uniformados que vestidos de civil y usando chalecos antibala identificándolos, por ejemplo, como “Police ICE” (“Policía ICE”), o “Police” (“Policía”), atacando por sorpresa a sus víctimas, deteniendo sin razón válida, actuando sin orden judicial.
Según la descripción oficial, ICE “promueve la seguridad interna y la seguridad pública a través del cumplimiento penal y civil de las leyes federales que rigen el control fronterizo, las aduanas, el comercio, y la inmigración” -obviamente, omitiendo el componente de la capacidad nazi de represión-.
Otro pilar de la cacería dictatorial es CPB, de similar comportamiento, fuerza represiva que, no obstante su denominación, actúa en cualquier lugar en el territorio nacional.
Formalmente, su “misión prioritaria es la de mantener a los terroristas y sus armas fuera de Estados Unidos”, además de que “asegura y facilita el comercio y el viaje mietras hace cumplir reglas, incluyendo las leyes sobre inmigración y drogas”.
Las descripciones oficiales de ambos contingentes, son lo suficientemente vagas como para facilitar el uso -flagrantemente violatorio de derechos humanos- que el régimen de Trump está dándoles, lo que incluye asesinatos, por parte de agentes de ICE -tales como los ocho perpetrados, en enero, a nivel nacional, incluidos los de dos ciudadanos estadounidenses, en la ciudad de Minneapolis, en el norteño estado de Minnesota, a su vez, fronterizo con Canadá-.
Junto con el padrino -que está en la Casa Blanca-, los principales responsables de la pandilla de represión nazitrumpiana son el subjefe de Gabinete y asesor de Seguridad Interna de la presidencia, Stephen Miller; la secretaria de Seguridad Interna (Homeland Security), Kristi Noem; el director de Operaciones de Detención y Expulsión (Enforcement and Removal Operations) -más conocido como el “Zar de las Fronteras”-, Tom Homan; el comandante general (commander at large) de varias operaciones represivas de CBP, Gregory Bovino; la fiscala general, Pam Bondi; la directora de Inteligencia Nacional, teniente coronel Tulsi Gabbard.
Miller es considerado como uno de los principales ideólogos de la criminal política represiva del régimen trumpista, mientras Noem es la mayor responsable de su brutal ejecución -xenofóbicamente enfocada, al inicio, en inmigrantes, principalmente latinoamericanos, aunque ahora cubre también a ciudadanos estadounidenses-.
De acuerdo con versiones periodísticas, entre otras arbitrariedades, el ridículamente autoritario Miller ha amenazado con hacer despedir a agentes de ICE en el caso de que esa fuerza no cumpla la cuota diaria de tres mil migrantes detenidos -los asesinatos, son una especie de criminal sobrecumplimiento, de sanguinario valor agregado-.
ICE opera, de hecho, como un escuadrón paramilitar, incurriendo en ilegales/nocivas prácticas que incluyen abuso de fuerza -por ejemplo, usando, innecesariamente, armas de fuego contra civiles, ya sea casos individuales o de participantes en manifestaciones de protesta-, en ciudades a nivel nacional, lo que ha causado pérdidas de vidas, así como heridas a numerosas personas-.
Como principio operativo histórico, uno de los objetivos escuadroneros centrales consiste en mostrar desmedida crueldad, como mecanismo para masificar el terror.
En el caso estadounidense, la justificación oficial -en términos generales, y en los casos específicos de asesinato- ha consistido en validar las flagrantes violaciones a los derechos humanos, inventando situaciones de riesgo físico para los agresores, y difamando a las víctimas aplicándoles, en cada caso, la manifiestamente falsa etiqueta de “terrorista interno” (“domestic terrorist”).
En los casos de los ciudadanos estadounidenses Renee Nicole Good y Alex Pretti, asesinados, a balazos, por agentes de ICE, en Minneapolis -respectivamente el 7 y el 24 de enero-, además de aseverar que ambos estaban involucrados en “terrorismo interno” (“domestic terrorism”), la dictadura los acusó -negando la irrefutable evidencia contenida en numerosos videos- de haber puesto en peligro la integridad física de los represores.
Good, fue ultimada de por lo menos tres disparos, por un agente de ICE ubicado a corta distancia, mientras, en medio de órdenes contradictorias gritadas por los atacantes, la mujer maniobraba su vehículo para alejarse, en clara actitud no confrontativa -hasta sonriendo, al asegurar, a su asesino, que no tenía nada contra él-.
Pretti, fue inicialmente derribado al suelo, por alrededor de 10 agentes de ICE, quienes, mientras lo inmovilizaban, le asestaban golpes, hasta que uno de los agresores desenfundó una pistola, disparándole por lo menos 10 balas.
Ambos homicidios, perpetrados en vía pública, fueron registrados por numerosos testigos, quienes, con sus respectivos teléfonos celulares, filmaron videos.
En el caso de Pretti, en algunos videos, se oye -fuera del marco de las imágenes- a un hombre quien se identifica como médico, solicitando, a los agentes de ICE que le permitan dar asistencia a la víctima, lo que recibió la negativa de los atacantes.
Sumado a la violenta represión, el personal de ICE perpetra emboscadas para realizar detenciones individuales, entre otros lugares, en vía pública, en viviendas, en instalaciones de enseñanza primaria -lo que incluye arrestar a niños, junto con sus padres- y judiciales.
En las últimas, los agentes detienen a extranjeros quienes llegan a esos lugares para cumplir, en plena legalidad, trámites referidos a regularización de su estatus migratorio -en numerosos casos, arrestando a niños quienes acompañan a los inmigrantes-.
La brutalidad de la represión por parte de ICE, presenta características de crímenes de lesa humanidad, lo mismo que de crímenes de guerra.
Esos delitos son claramente definidos en el sexto de los 128 artículos, contenidos en 66 páginas, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), reglamento que entró en vigencia desde el 1 de julio de 2002, y del cual 124 estados son parte -no así, convenientemente, países con regímenes totalitarios, tales como China, Estados Unidos, Turquía-.
Según el texto, los crímenes de lesa humanidad representan casi una docena de actos perpetrados “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Se trata, entre otras acciones, de “asesinato”, “deportación o traslado forzoso de población”, “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, “tortura”.
También, “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos (…)”, “desaparición forzada de personas”, “otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”.
En el mismo artículo se determina, entre otras precisiones, que, “por ‘persecución’ se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”.
Respecto a los crímenes de guerra, el estatuto precisa, en su octavo artículo, que son casi una treintena de actos que son violatorios de diferentes convenciones internacionales.
La extensa lista incluye “el homicidio intencional”, “la tortura o los tratos inhumanos”, “el hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud”, “la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal”, “la toma de rehenes”.
Asimismo, “dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades”.
También, “cometer atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes”, entre otras conductas criminales.
Buena parte de las definiciones contenidas en Estatuto de Roma, describen, cabalmente, los actos que la dictadura trumpista perpetra cotidianamente en el marco de su política de represión nazi.
Esos actos dictatoriales incluyen la violación -entre otras garantías fundamentales- de la libertad de expresión, lo que incluye informar y ser informado -o sea, libertad de prensa-.
Desde temprano en su actual período en la Casa Blanca (2025-2029) -en realidad, desde antes-, Trump está en confrontación con medios de comunicación -lo mismo que con periodistas- que no se someten a su autoritarismo.
Entre los insultos que más frecuentemente lanza contra esos medios, figuran las calumniosas acusaciones -absolutamente sin respaldo- de difusión de mentiras -esto, afirmado por un personaje a quien, según versiones periodísticas, le fueron contabilizadas, apenas durante su primer período presidencial (2017-2021), por lo menos 30 mil afirmaciones falaces-.
A ello, se suman recurrentes cuestionamientos insultantes contra periodistas, individualmente, procurado descalificarlos -conducta en la cual, de diferente manera, incurre su insoportable secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, con sus habituales declaraciones que parecen memorizaciones de libreto oficial, y con sus ridículos intentos por tratar de neutralizar, autoritariamente, preguntas que considera políticamente incorrectas-.
Esas actitudes son también asumidas por otros integrantes del vergonzoso gabinete ministerial, entre quienes se destaca, por ejemplo, el impresentable secretario de Defensa
-según Trump, secretario de Guerra-, Pete Hegseth, cuyo ridículo discurso -que pretende ser contundente, enfático, asertivo- no es más que un reiterado/patético esfuerzo por agradar a su jefe.
En el contexto oficialista de agresividad antiperiodística, Trump decidió, el año pasado, excluir, a la histórica agencia informativa estadounidense -de cobertura mundial, fundada en 1846- The Associated Press (AP), del cuerpo de prensa asignado a la Casa Blanca, por haberse negado a aceptar el absurdo cambio de nombre del Golfo de México, por la etiqueta imperialista trumpiana de “Golfo de Estados Unidos” (“Gulf of America”).
Más recientemente, los periodistas independientes Don Lemon -ex presentador de noticias de la cadena estadounidense de televisión informativa Cable News Network (CNN)- y Georgia Fort fueron detenidos después de haber dado cobertura a una de numerosas protestas contra ICE, en Minneapolis.
Arrestado el 28 de enero, en la occidental ciudad de Los Angeles, Lemon fue puesto en libertad, al día siguiente, de acuerdo con lo que fue informado por la defensa del comunicador.
Por su parte, Fort, oriunda del estado de Minnesota, fue detenida el mismo día, y puesta en libertad el 30 de enero, según versiones periodísticas.
Sumado a todo lo demás, el régimen de Trump está, al parecer, preparando las condiciones para la imposición de censura de prensa -para que no quepa duda de que la Casa Blanca se convirtió, el mediodía del 20 de enero de 2025, en la sede de la más reciente dictadura en el continente americano-.
Está en desarrollo la culminación del intento de golpe de Estado que Trump perpetró el 6 de enero de 2021, y, con ello la instalación, en Estados Unidos -y con proyección mundial-, del oscurantismo político.
