Falta de Cumplimiento en la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad: Una Alarma para las Instituciones Públicas

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Informe de la Comisión Nacional para la Empleabilidad y el Trabajo de las Personas con Discapacidad revela serias deficiencias en la aplicación de la Ley N° 8862

En un reciente informe presentado por la Comisión Nacional para la Empleabilidad y el Trabajo de las Personas con Discapacidad (CNETPCD) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se ha revelado una preocupante falta de cumplimiento de la Ley N° 8862 y su reglamento por parte de las instituciones públicas en Costa Rica.

A pesar de los esfuerzos legislativos para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad, los resultados del periodo 2023 demuestran que la mayoría de las instituciones no están cumpliendo con sus obligaciones legales.

Una Brecha Inaceptable

De las 148 instituciones públicas obligadas a presentar informes de cumplimiento, solo 55 lo hicieron. De estas, únicamente 6 instituciones cumplen plenamente con la normativa, mientras que 48 no lo hicieron y una se encuentra exenta.

Estos números son alarmantes y reflejan una brecha significativa en la inclusión laboral de personas con discapacidad en el sector público.

Contrataciones Insuficientes

Durante el 2023, se contrataron 464 personas con discapacidad en total, tanto en puestos reservados como no reservados. De estas contrataciones, 296 fueron mediante procesos ordinarios y 168 mediante la aplicación de la Ley N° 8862. Es notable que el Ministerio de Educación Pública realizó 124 de estas contrataciones, destacándose como la institución con mayor número de contrataciones.

Sin embargo, de las 549 plazas reservadas para personas con discapacidad, solo el 30.6% fueron ocupadas. Esta cifra es alarmante y demuestra una falta de compromiso en la implementación de políticas de inclusión.

Políticas y Comisiones Especializadas

Solo 22 de las 55 instituciones que presentaron informes cuentan con una política institucional de inclusión y protección laboral para personas con discapacidad.

Además, 49 instituciones reportaron tener una Comisión Especializada de Empleo y Discapacidad, mientras que 6 no cuentan con esta comisión.

La falta de estas comisiones en algunas instituciones indica un déficit en la estructura necesaria para asegurar la inclusión.

Falta de Actos Administrativos y Reservas de Plazas

El informe destaca que de las 38,406 plazas vacantes o interinas disponibles, 4,407 eran vacantes puras y 34,053 eran interinas. A pesar de esto, solo 35 instituciones realizaron el estudio de plazas vacantes, y 26 realizaron el acto de reserva de plazas, como lo requiere la normativa.

Además, 7 instituciones reportaron no tener plazas vacantes para reservar, lo que sugiere una falta de planificación y compromiso en la reserva de plazas para personas con discapacidad.

Dificultades y Justificaciones

Un gran número de instituciones justificaron su incumplimiento con razones que no están contempladas en la normativa.

Solo 25 instituciones encontraron dificultades para la inclusión laboral de personas con discapacidad, lo cual contrasta con las 30 que negaron tener dichas dificultades. Este contraste evidencia una posible falta de transparencia o de autoevaluación en las instituciones públicas.

Capacitación y Apoyo

A pesar de los esfuerzos del MTSS para capacitar a las instituciones, con dos capacitaciones realizadas y la oferta de asesorías, muchas instituciones siguen sin cumplir con la normativa. En total, 27 instituciones solicitaron apoyo y asesoría al MTSS, mientras que 37 recibieron capacitación sobre la Ley N° 8862 y su Reglamento.

Un Llamado a la Acción

Este informe debe servir como un llamado de atención urgente para las instituciones públicas. Es necesario que se tomen medidas inmediatas para asegurar el cumplimiento de la Ley N° 8862 y garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad. No solo es una cuestión de cumplimiento legal, sino de justicia social y derechos humanos.

La falta de acción y compromiso por parte de las instituciones no solo incumple con la normativa, sino que perpetúa la exclusión y discriminación de un grupo vulnerable de la sociedad. Es hora de que las instituciones públicas de Costa Rica tomen en serio su responsabilidad y trabajen activamente para cerrar esta brecha de inclusión.

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