George Rodríguez/Foto-Medios
El gobierno de Estados Unidos exigió, al régimen de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega, la inmediata puesta en libertad de la precandidata presidencial y líder opositora Cristiana Chamorro, detenida en arresto domiciliario.
Por su parte, una treintena de eurodiputados planteó la necesidad de aplicar, al país centroamericano, lo que se conoce como la cláusula democrática contenida en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
Ello, a causa de las denunciadas violaciones a los derechos humanos enmarcadas en la violenta crisis sociopolítica estallada en 2018.
En una declaración que emitió el 4 de junio, el Departamento de Estados estadounidense demandó la puesta en libertad de Chamorro, la principal precandidata presidencial opositora con miras a los comicios programados para el 7 de noviembre, precedidos por un proceso electoral local e internacionalmente cuestionado por irregular y antidemocrático.
La dependencia gubernamental formuló el planteamiento -extensivo a dos de sus colaboradores, también detenidos-, en el texto de tres párrafos titulado “El régimen de Ortega tendría que liberar a la líder opositora Cristiana Chamorro” (“The Ortega Regime Should Immediately Release Opposition Leader Cristiana Chamorro”).
“Estados Unidos llama al gobierno nicaragüense a, inmediatamente, liberar a la dirigente opositora Cristiana chamorro y a dos de sus colegas”, indicó el Departamento de Estado, en la declaración difundida por su vocero Ned Price.
“Su detención, bajo cargos inventados, es un abuso de sus derechos humanos, y representa un ataque a los valores democráticos, así como un claro intento por frustrar elecciones limpias y justas”, agregó.
“La detención de la señora Chamorro ocurre en medio de implacables ataques contra candidatos presidenciales prodemocracia, y medios de comunicación independientes”, precisó.
“El régimen de Ortega está comprometido con impedir que lo señora Chamorro participe en las elecciones de noviembre, y, en mayo, sin ningún fundamento, canceló el estatus legal de dos partidos políticos”, recordó, en alusión, en el segundo caso, a los partidos Conservador de Nicaragua (PC) y de Restauración Democrática (PRD).
El Departamento de Estado denunció, además, que, “en lugar de implementar reformas electorales, cumpliendo el plazo que, establecido por la Organización de los Estados Americanos, vencía en mayo, el presidente Ortega instituyó, en cambio, más restricciones, y redujo la transparencia electoral”.
También aclaró que “las presentes condiciones de represión y exclusión no son consistentes con elecciones creíbles”.
En opinión del departamento, “la región y la comunidad internacional deben unirse al pueblo nicaragüense, en apoyo a su derecho a, libremente, elegir a su gobierno”.
Al mismo tiempo, y según versiones periodísticas internacionales, aproximadamente treinta eurodiputados plantearon, mediante una carta, al alto representante de la Unión europea (UE), el español Josep Borrell, que el bloque de integración regional aplique, a Nicaragua, la cláusula democrática contenida en el acuerdo de asociación birregional.
La solicitud responde a que “la violencia, la represión y privaciones de libertad arbitrarias se han multiplicado a lo largo de los últimos tres años”, expresaron, en alusión a la dramática situación agudizada, desde el año pasado, por la pandemia mundial del nuevo coronavirus.
Los eurolegisladores advirtieron, además, sobre lo que consideran como el riesgo de que Ortega esté dispuesto a “seguir los pasos de dictadores y tiranos populistas de la región e intentar permanecer en el poder a costa de la libertad, la justicia, la prosperidad y la democracia de su país”.
La oposición nicaragüense -tanto dentro del país como en el exilio-, lo mismo que organizaciones locales e internacionales de derechos humanos, consideran que el régimen encabezado por Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, es, en efecto, una dictadura.
Los firmantes de la carta plantearon que, en el contexto actual de agudizada restricción de libertades, resulta “esencial que la UE (…) tienda su mano al pueblo nicaragüense y condene de inmediato las actuales condiciones que llevarán a un fraudulento proceso electoral”.
También advirtieron, que en tal contexto, el bloque integracionista “no enviará misión de observación electoral, si (Ortega) no cumple con las garantías mínimas para que se lleve a cabo” la votación programada para el 7 de noviembre.
“De no cesar esta situación de violación de derechos humanos y libertades fundamentales de los nicaragüenses”, es necesario aplicar, al país centroamericano, la cláusula democrática del acuerdo birregional, expresaron.
Negociado durante tres años (2007-2010), y suscrito el 29 de junio de 2012, en Tegucigalpa, la capital hondureña, en elk marco de la 34 Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), el convenio de asociación incluye protección para los derechos humanos lo mismo que en cuanto al Estado de Derecho.
En ese sentido, su primer artículo destaca “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al Estado de Derecho”, base de “las políticas internas e internacionales de ambas Partes (…) constituye un elemento esencial del presente Acuerdo ”.
Según lo establecido al respecto, el incumplimiento de esa disposición puede derivar en la suspensión del acuerdo, para el país o los países que incurran en serias violaciones a las garantías fundamentales.
La declaración estadounidenses, y la carta de los parlamentario de la UE, siguieron a diferentes reacciones, a nivel internacional, condenatorias del hostigamiento político lanzado, por el gobierno orteguista, contra Chamorro, en particular.
La precandidata presidencial, una periodista y empresaria, es hija del también periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro, asesinado en 1978, por la dictadura somocista (1933-1979), y de la ex presidenta (1990-1997) nicaragüense Violeta Barrios -la primera mujer quien ha desempeñado el cargo en el país-.
El Poder Judicial anunció, en un escueto comunicado que su Dirección General de Comunicación emitió el 1 de junio, que un juzgado de Managua resolvió que “‘Ha Lugar’ a las medidas precautelares solicitadas por el Ministerio Público, en contra de Cristiana María Chamorro Barrios”.
Las medidas contenidas en el fallo judicial incluyen “Retención Migratoria, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares relacionados con los hechos que se investigan por lo que deberá abstenerse de asistir a cualquier tipo de reuniones o actividades por la gravedad de los delitos investigados”, agregó.
“Asimismo, se inhabilita a la ciudadana Cristiana María Chamorro Barrios para ejercer cargos institucionales y públicos, por no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, por encontrarse en un Proceso Penal Investigativo”, precisó, sin determinar la duración de esa medida restrictiva.
Veinticuatro horas después, el Poder Judicial informó, en igualmente breve comunicado, sobre la orden de detención en contra de Chamorro, precisando los cargos tipificados.
“La doctora Karen Chavarría Morales, jueza Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó este 2 de junio la orden de Allanamiento y Detención en contra de Cristiana María Chamorro Barrios, acusada por los delitos de Gestión Abusiva, Falsedad Ideológica en concurso real con el delito de Lavado de Dinero, Bienes y Activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”, indicó.
“La detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el cual también se pidió la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada”, agregó.
“La doctora Chavarría Morales también ordenó radicar las diligencias y dar el trámite de ley al proceso judicial”, informó además, para precisar que, “una vez aprehendida y puesta a la orden de la autoridad judicial, a la acusada se le realizará la respectiva audiencia”.
Poco después de emitido el segundo comunicado, Chamorro acudió a la sede del Ministerio Público (MP), en respuesta a una citación, tras lo cual, en breves declaraciones a periodistas, aseguró que la persecución de la que está siendo objeto apunta “a intimidar a toda Nicaragua”.
“Es una citatoria en donde están atentando contra la democracia, están atentando contra el derecho, de los nicaragüenses, a votar, en las próximas elecciones, en libertad”, denunció.
La represión antiopositora “es un avasallaje, de la dictadura, en contra del pueblo de Nicaragua”, advirtió.
En alusión al interrogatorio al que fue sometida en el MP, lo describió como “una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica, que se está montando en contra de esta ciudadana, por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses”.
De acuerdo con posteriores versiones periodísticas, Chamorro fue informada, por la autoridad policial a cargo del allanamiento, que quedaba en arresto domiciliario.
La precandidata fue inicialmente citada, el 21 de mayo, por el Ministerio de Gobernación, para responder a preguntas referidas a supuestas actividades irregulares -incluida presunta legitimación de capitales y bienes- y sobre otras acusaciones.
En esa diligencia, le fue prohibido comparecer con asistencia de un abogado.
El actual proceso electoral se enmarca en la violenta crisis sociopolítica estallada en abril de 2018, agudizada, desde el año pasado, por la pandemia mundial del nuevo coronavirus, emergencia sanitaria que también golpea a Nicaragua, aunque el gobierno procura maquillar las cifras lo mismo de casos que de víctimas fatales.
La dramática situación ha cobrado por lo menos 712 vidas, generado algo más de 840 desaparecidos, casi 515 presos políticos, poco más de 5,100 heridos, y alrededor de 100 mil exiliados en la vecina Costa Rica, de acuerdo con datos de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), organización no gubernamental que, desde 2018, trabaja en el exilio en la capital costarricense.
En el contexto de la crisis, diferentes sectores de la población vienen exigiendo, masivamente, la renuncia de Ortega y de Murillo, lo que ha recibido la invariable respuesta de implacable represión policial y paramilitar –lo mismo masiva que selectiva-.
