La expresidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y actual diputada electa del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Eugenia Esquivel, sorprendió el martes pasado al presentarse ante la Comisión Especial Investigadora de las presuntas irregularidades en la CCSS, luego de haberse ausentado a una convocatoria anterior realizada en enero.
Esquivel acudió a la audiencia portando una mascarilla blanca, argumentando que padecía una fuerte gripe, y juró decir la verdad antes de iniciar su comparecencia ante las y los legisladores. Su presencia generó expectativa, ya que había notificado su salida del país en la citación previa, lo que impidió su comparecencia en aquel momento.
La presidenta de la comisión, la diputada Andrea Álvarez, explicó que la exjerarca comunicó su salida de Costa Rica a última hora, por lo que se procedió a reprogramar la audiencia. Este martes, finalmente, Esquivel acudió al llamado legislativo para referirse a su gestión al frente de la institución y a su condición de imputada en el denominado caso Barrenador.
Denuncia de persecución política
Durante su exposición inicial, Esquivel aseguró ser víctima de una “persecución política” y cuestionó el alcance y la metodología de trabajo de la comisión legislativa.
“Se conforma una comisión que extralimita sus competencias y que no define con claridad qué tema va a investigar, sino que lo hace de una manera inconsistente. Aunque las comisiones legislativas no sustituyen un proceso judicial, sí deben respetar el derecho básico a la defensa, y en esta convocatoria eso se omite absolutamente”, manifestó.
La exjerarca calificó como “un día doloroso para la institucionalidad” los allanamientos realizados en el marco del caso Barrenador, señalando que estas acciones la han privado del acceso a equipos de cómputo, correos electrónicos y respaldos documentales necesarios para justificar decisiones adoptadas durante su gestión.
“Estos allanamientos se autorizaron sin fundamentación jurídica y revelan una persecución política basada en datos manipulados, amparada en funcionarios que utilizan la institucionalidad con fines políticos”, afirmó.
Asimismo, presentó varios oficios con los que buscó respaldar algunas de las decisiones administrativas adoptadas en la CCSS.
¿Está quebrada la Caja?
Uno de los momentos más tensos de la audiencia se dio cuando la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro, cuestionó a Esquivel por sus declaraciones del año 2023, cuando afirmó públicamente que la CCSS estaba “quebrada”.
Alfaro le consultó por qué, de ser cierta esa situación financiera, no se impulsaron gestiones más firmes para cobrar al Estado la deuda histórica con la institución.
“En algunos momentos Hacienda nos decía que pagaría 300.000 millones de colones, pero dentro de la Caja se planteaba que debía pagarse la totalidad, mientras que Hacienda respondía que correspondía solo a ciertos rubros”, explicó Esquivel.
La legisladora replicó señalando la contradicción entre esas afirmaciones y la reciente aprobación, por parte de la Junta Directiva, de más de ₡2,4 billones para proyectos de infraestructura, lo que, a su criterio, no corresponde con una institución en quiebra.
“No parecería que corresponda con una institución quebrada”, enfatizó Alfaro.
Ante esto, Esquivel sostuvo que la falta de sistemas confiables de información financiera dificultaba la toma de decisiones y la elaboración de estudios actuariales, lo que habría influido en sus declaraciones.
Cuestionamientos por impacto institucional
Por su parte, la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, criticó la ligereza con que se manejó públicamente la afirmación sobre la supuesta quiebra de la CCSS, recordando que tanto Esquivel como el presidente Rodrigo Chaves sostuvieron esa tesis, mientras que la actual presidenta ejecutiva, Mónica Taylor, ha asegurado lo contrario.
“Es una afirmación muy temeraria, que tiene consecuencias en la confianza de la ciudadanía en la institución. Decir que la Caja está quebrada no refleja una preocupación responsable por la solidez de la institución”, señaló Álvarez.
La comparecencia de Esquivel se enmarca en las investigaciones legislativas sobre presuntas irregularidades administrativas, financieras y de gestión en la CCSS, un proceso que continúa generando un intenso debate político, institucional y social en torno al futuro del principal pilar del sistema de seguridad social costarricense.
