Menos de dos semanas antes de las adelantadas elecciones en el marco de la crisis política y de seguridad que brutalmente azota a Ecuador, el sicariato de la narcopolítica criolla perpetró un golpe de Estado preventivo: asesinó a un candidato presidencial quien se proyectaba como un potencial gobernante anticorrupción.
Postulado por el centroderechista Movimiento Construye (CE), Fernando Villavicencio se desempeñó, durante algunos años, como periodista dedicado a la investigación y la denuncia de corrupción -institucional, política, privada-.
Más recientemente, fue integrante de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), desde el 14 de mayo de 2021 hasta el 17 de mayo de este año, cuando el desprestigiado presidente ecuatoriano, el derechista banquero Guillermo Lasso, disolvió el organismo legislativo, pasó a gobernar por decreto, y dio lugar al adelanto de las elecciones -constitucionalmente previstas para 2025-.
Lasso inauguró, así, el uso de la disposición incorporada en 2008 a la Constitución, y que popularmente se conoce, en el andino país sudamericano, como “muerte cruzada”,
La expresión define la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando la Asamblea Nacional procura destituir al mandatario, y éste la disuelve, generando un inmediato llamado a elección de presidente y vicepresidente, así como de los 137 asambleístas (parlamentarios).
Según el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, quien ejerza la presidencia del país “podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Según la misma disposición, “esta facultad podrá ser ejercida por una sola vez en los tres primeros años de su mandato” -Lasso asumió, el 24 de mayo de 2021, la presidencia, para el cuatrienio 2021-2025-.
El congreso acusó, al gobernante, de haber incurrido en corrupción, y le inició juicio político, pero, al día siguiente de la primera sesión, el presidente cerró, el 17 de mayo de este año, la Asamblea.
La misma movida fue llevada a cabo, hace treinta años, cuando el megacorrupto presidente guatemalteco (1991-1993), el derechista Jorge Serrano, perpetró, el 25 de mayo de 1993 -a mitad de su mandato-, el autogolpe de Estado popularmente conocido como “el serranazo”.
El Congreso (parlamento unicameral del país centroamericano) tenía programado el inicio, esa mañana, del antejuicio político contra Serrano, acusado de haber cometido una extensa lista de actos de corrupción -incluido enriquecimiento ilícito, en dimensión inocultable-.
Pero el entonces presidente se adelantó, y, mediante una cadena nacional de radio y televisión llevada a cabo un par de horas antes, anunció que estaba disolviendo el Congreso y la Corte Suprema de Justicia -entonces presidida por uno de los más corruptos narcoabogados guatemaltecos-.
Durante el mensaje al país -acompañado solamente por su vicepresidente, Gustavo Espina -popularmente conocido como “Tontón”, por su considerable estatura física y su bajo nivel intelectual-, Serrano afirmó, como justificación, que “las mafias” habían infiltrado en ambos Poderes del Estado -efectivamente, también caracterizados por fenomenales niveles de corrupción y criminalidad-.
La crisis política así generada, terminó en la salida de Serrano, lo mismo de la presidencia que de Guatemala -inicialmente hacia el Salvador, desde donde se trasladó a Panamá, para establecerse como inversionistas en bienes raíces, sobre la base de la fortuna que ilícitamente generó en poco más de dos años en el poder-.
Serrano fue reemplazado, para completar el interrumpido quinquenio presidencial, por el entonces procurador de los Derechos Humanos (1987-1993), Ramiro de León -el candidato autorizado por el sector militar, quien obtuvo la necesaria aprobación parlamentaria-.
El autogolpista traicionó así el proceso de gobiernos constitucionales que, iniciado el 14 de enero de 1986 por su antecesor inmediato -el democratacristiano Marco Vinicio Cerezo (1986-1991)-, puso fin a la era guatemalteca de dictaduras militares
Más recientemente, en el marco de la constante crisis política que registra desde 2016, Perú fue escenario de la frustrada decisión del entonces presidente constitucional, Pedro Castillo, de disolver el Congreso (el unicameral parlamento del andino país sudamericano).
Después de tres mandatos presidenciales cumplidos -en este siglo- según los tiempos constitucionales -Alejandro Toledo (2001-2006), el segundo de Alan García (1985-1990, 2006-2011), Ollanta Humala, un militar retirado, ex comandante del Ejército del Perú, (2011-2016)-, el agitado ambiente político del andino país sudamericano registra, en el período 2016-2022, seis titulares de la presidencia surgidos de elecciones -en promedio estrictamente matemático/estadístico, a demencial razón de uno por año-, más la interina actual.
En tal cuadro de absoluta inestabilidad, incontenible desorden político/institucional, Castillo inició, el 28 de julio de 2021, el primer gobierno de no solamente un outsider político, ajeno al establishment gubernamental peruano.
Su delito de no pertenencia a la corruptocracia peruana tuvo el agravante -imperdonable, según la tradicional clase política nacional- del humilde origen socioeconómico, cuya trayectoria incluye dos componentes que lo convirtieron en un peligro para el establishment peruano: ser un docente rural de educación primaria, además de líder sindical del magisterio nacional.
Por lo tanto, Castillo fue blanco brutal oposición por parte de la derecha y de la ultraderecha, empoderadas en el Congreso, el corrupto bloque político que logró remover a Castillo, valiéndose del numeral 2 del artículo 113 de la Constitución, para declararlo en “incapacidad moral”.
El maestro rural fue destituido y encarcelado el 7 de diciembre de 2022, para ser reemplazado por su vicepresidenta, la derechista Dina Boluarte, quien ha reprimido inmisericordemente -con saldo de víctimas fatales- las manifestaciones populares contra su espurio régimen.
En el caso de Ecuador, el proceso denominado de Retorno a la Democracia, iniciado en 1979, ha tenido un recurrente elemento de violencia política, incluido el asesinato, ese año, de un candidato presidencial.
El triunvirato militar -autodenominado “Consejo Supremo de Gobierno del Ecuador” (en el poder desde el 11 de enero de 1976 hasta el 10 de agosto de 1979)- convocó, en 1978, a elección presidencial.
Se trató de un extenso y complejo proceso cuya primera vuelta -con participación de seis candidatos, sin presencia femenina- se llevó a cabo el domingo 16 de julio de 1978, dando paso al segundo sufragio -con los dos aspirantes más votados-, realizado el domingo 29 de abril de 1979.
El exagerado distanciamiento -de algo más de nueve meses- entre las dos jornadas de votación fue tiempo para el asesinato, el 29 de noviembre de 1978, de un candidato presidencial.
El crimen se contextualizó, así, en la transición hacia el proceso denominado Retorno a la Democracia, cuyo punto de partida fue la instalación, el 10 de agosto de 1979, en el Palacio de Carondelet -la capitalina sede del Poder Ejecutivo-, del centroizquierdista Jaime Roldós, ganador -con 68.49 por ciento de los votos- en segunda vuelta.
Postulado por el centroderechista Frente Radical Alfarista (Fra) -que toma su nombre del también centroderechista gobernante militar de facto (1895-1901, 1906-1911) Eloy Alfaro-, el aspirante presidencial Abdón Calderón, un tenaz opositor al triunvirato militar, fue asesinado, de acuerdo con relatos históricos y versiones periodísticas de la época, por orden del ministro de Gobierno (Interior), general Bolívar Jarrín.
Según las mismas fuentes, por las constantes denuncias que Calderón formuló contra la dictadura, Jarrín lo acusó de atentar contra el gobierno.
Dos sicarios fueron los autores materiales del asesinato, perpetrado mediante tres balazos a la cabeza de la víctima -lo que se repitió, cuarenta y cinco años después, en el atentado que mató a Villavicencio-.
La criminalidad política con la cual se inauguró el ecuatoriano Retorno a la Democracia, no cesó en ese brutal crimen.
Menos de dos años después de haber inaugurado la nueva y esperanzadora era política nacional, Roldós fue asesinado, en un magnicidio que la historia oficial persiste en describir como un “accidente de aviación” -lo que demuestra que, al igual que el papel, la historia oficial aguanta lo que le pongan-.
Pero, de acuerdo con diversas fuentes -incluido el estadounidense John Perkins, autor del libro “Confessions of an Economic Hit Man” (“Confesiones de un Sicario Económico)-, Roldós fue víctima fatal -junto con su esposa, Martha Bucaram, y otras seis personas, incluidos cuatro militares- de un atentado.
El presidente realizaba una gira por la zona sur ecuatoriana, contigua a Perú, donde, en el área no delimitada de la frontera entre ambos países, se desarrolló, del 22 de enero al 21 de febrero de 1981, una confrontación bélica protagonizada por las fuerzas armadas de las dos andinas naciones sudamericanas.
La negacionista narrativa oficial indica que, poco antes de aterrizar, el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (Fae) que transportaba al grupo, se estrelló contra un cerro en la zona, matando a los siete ocupantes de la aeronave.
Sin embargo, de acuerdo con diferentes variantes de la versión realista del hecho, el avión fue derribado, posiblemente por el disparo de un misil o por la detonación de un artefacto explosivo colocado dentro de la nave.
La razón a la que apunta este relato habría radicado según Perkins, en la restructuración que Roldós proyectaba implementar en el sector de hidrocarburos -Ecuador es uno de los principales productores de petróleo, a nivel mundial, integrante, desde 1973, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep)-.
De acuerdo con ese planteamiento, de haberse concretado, ese reordenamiento habría afectado, negativamente, intereses estadounidenses.
Por su parte, el periodista ecuatoriano Jaime Galarza (1930-2023) -autor del libro “Quienes mataron a Roldós”, denunció participación militar en el asesinato, y aseguró que el crimen tuvo participación estadounidense, por la política exterior que caracterizó a la administración de Roldós.
La diplomacia roldosista presentó, entre otros componentes, inclaudicable oposición a la sanguinaria y corrupta dictadura militar que oprimía a Chile (1973-1990).
Roldós también fue solidario con el dos veces presidente (1956-1960, 1982-1985) de Bolivia, el izquierdista Hernán Siles Zuazo.
El brutal golpe de Estado del narcogeneral Luis García Meza impidió, el 17 de julio de 1980, que Siles Zuazo asumiese, por tercera vez, la presidencia del mediterráneo país sudamericano -tras haber ganado la elección de ese año-, y, por lo tanto, frustró la instalación del Gobierno de Unidad Nacional (Gun).
Habiéndose trasladado, de inmediato, a Quito -la capital ecuatoriana-, Siles Zuazo recibió, de Roldós, trato de jefe de Estado, algo de lo que soy testigo, por la cobertura periodística que di a esa historia, en mi condición de corresponsal internacional -entonces con base en Ecuador-.
Previamente, cubrí la elección presidencial del 29 de junio de 1980 -que Siles Zuazo ganó, con 38.74 por ciento de-, lo que me permitió establecer vínculo con varios de los colaboradores más inmediatos del ex presidente -a quien, a su vez, conocí, algunos años antes, durante uno de sus periodos de exilio, en Buenos Aires-.
Junto con el ex gobernante, algunos de esos colaboradores -incluido el vicepresidente del Gun, Jaime Paz- también se refugiaron en Quito, donde Siles Zuazo instaló el Gobierno de Unidad Nacional en el Exilio.
La Dirección de Comunicación del GUN en el Exilio, funcionó en la oficina de mi corresponsalía, en el centro de Quito -en el antiguo edificio sede del tradicional e influyente diario ecuatoriano El Comercio-, a una cuadra del Palacio de Carondelet.
De modo que la hipótesis de asesinato, en el caso de Roldós, tiene la incuestionable fuerza de la realidad.
Transcurridos 42 años desde el magnicidio aéreo, y 45 años después del primer asesinato de un candidato presidencial, Villavicencio se convirtió en la segunda víctima fatal en una carrera por el más codiciado trabajo en Ecuador.
Algún llamado a suspender la votación programada, por el Consejo Nacional Electoral (CNE), para el 20 de agosto, no tuvo eco.
Precisamente, el dramático momento ecuatoriano llama a no ceder ante el letal bullying que la narcopolítica criolla está imponiendo, con particular fuerza, desde el inicio de este siglo -y, con específica violencia sicaria, hace un par de años-.
Sentir miedo -individual y colectivo-, en un contexto de agresión política, es inevitable, es natural, como también lo son sentimientos -propios y compartidos- tales como la frustración, el desamparo, la desilusión, la ira.
Pero no pueden quedarse en la inacción, en la condena de lo ocurrido, en la aceptación de lo inaceptable porque no hay cómo neutralizarlo, de la sumisión desarmada ante la brutalidad armada.
Y no se trata de resolver violencia con violencia, bala con bala, agresión con venganza.
Se trata de recuperar el espacio de la razón, de la civilidad, de la interlocución, ahora arrebatado, en el caso de Ecuador, por la narcobrutalidad.
La irracionalidad de la violencia criminal tiene que recibir el impacto irreversiblemente contundente de la respuesta pacífica, exactamente como le ocurrió, hace siete décadas, al imperio británico, cuando la revolución sin armas encabezada por el mahatma Gandhi le hizo morder el polvo.
En el dramático ambiente político actual, los votantes ecuatorianos tienen la oportunidad de convertir, cada sufragio, en un devastador misil cívico apuntado a la raíz de la tóxica realidad ecuatoriana que es la narcopolítica.
