Elecciones en El Salvador serán el 4 de febrero de 2024: Un desafío constitucional para la reelección de Nayib Bukele

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El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha marcado un hito en el calendario político del país centroamericano al anunciar la fecha de las elecciones presidenciales y legislativas para el 4 de febrero de 2024. Sin embargo, este anuncio no viene exento de controversias, ya que el actual presidente Nayib Bukele podría buscar la reelección a pesar de las restricciones constitucionales que lo prohíben, pero que han sido respaldadas por la Sala Constitucional.

La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Dora Esmeralda Martínez, hizo el anuncio en una cadena nacional de radio y televisión, revelando que el 3 de marzo de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir a los 44 consejos municipales y los 20 diputados del Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

«Este día es muy especial, de gran trascendencia para El Salvador y para la democracia, porque nos encontramos reunidos para dar el banderillazo de salida a todos los que participamos, de manera directa e indirecta, en el proceso electoral», afirmó Martínez.

Una de las novedades más destacadas para las elecciones de 2024 es la inclusión del voto remoto por internet y el voto electrónico presencial, que permitirá a los salvadoreños en el extranjero participar en el proceso electoral. El voto por internet estará disponible en todo el mundo, mientras que el voto electrónico presencial se llevará a cabo en 59 ciudades de más de 29 países, con 81 centros de votación, siendo el 40 % de estas ciudades ubicadas en Estados Unidos.

El partido político Nuevas Ideas oficializó la candidatura de Nayib Bukele a la presidencia el pasado 9 de julio. En total, 6,1 millones de salvadoreños están habilitados para participar en las elecciones, incluyendo a miles de ciudadanos que residen en el extranjero, gracias a una orden de la Corte Suprema de Justicia que les permite ejercer su derecho al voto y postularse para cargos públicos.

La popularidad de Bukele, debido a su efectiva lucha contra las pandillas y sus políticas económicas en El Salvador, lo posiciona como el favorito en las encuestas para ganar la reelección en caso de que oficialice su candidatura por Nuevas Ideas. Según la encuesta más reciente del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Bukele cuenta con un impresionante 68,4 % de la intención de voto, muy por delante de sus competidores, Joel Sánchez de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) con 4,3 % y Manuel Flores del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con 2,8 %.

Sin embargo, no todos los salvadoreños planean votar en las elecciones, ya que un 9,9 % de los encuestados expresó su intención de abstenerse de votar, un 9,2 % anulará su voto y un 1,9 % no respondió.

La controversia sobre la reelección de Bukele se remonta a septiembre de 2022, cuando anunció su intención de buscar un segundo mandato, un año después de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictaminara que era elegible para postularse nuevamente. Aunque la Constitución prohíbe la reelección presidencial, la Sala interpretó que un artículo de la Carta Magna permitía la participación del presidente en la contienda electoral por una segunda ocasión, dejando la decisión final en manos del pueblo.

Esta interpretación ha generado un fuerte debate legal y político en el país, ya que abogados constitucionalistas como Enrique Anaya han sostenido que la reelección de Bukele es ilegal, argumentando que va en contra de cinco diferentes artículos de la Constitución. Por otro lado, algunos, como Thanya Pastor, una abogada penalista independiente, argumentan que la decisión de la Sala avala la reelección, y que cualquier desafío a esta resolución podría volver al sistema judicial, con la Sala finalmente tomando la decisión.

El proceso electoral en El Salvador promete ser una contienda crucial en la que la legalidad de la reelección de Nayib Bukele se someterá a un riguroso escrutinio, y la decisión recaerá en manos de los votantes salvadoreños en febrero de 2024.

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