Donald Trump está acostumbrado a, autoritariamente, manipular la realidad, inventar hechos/cifras/situaciones según su corrupta conveniencia, descalificar ofensivamente a quienes lo cuestionen.
Las intelectualmente pobres vociferaciones mediáticas -incluidas las que escribe en su red Truth Social (Verdad Social) son expresiones de la patanería usada como mecanismo para tratar de ocultar -obviamente, sin éxito- su completa incapacidad para debatir, su natural imposibilidad de razonar, su innata habilidad para emitir planteamientos absolutamente equivocados, su monumental ignorancia.
Por lo tanto, siendo coherente con su arrogancia, se fabricó un tribunal ficticio, de facto, para constituirse en juez de jueces, de fiscales, de abogados demandantes en los múltiples procesos legales que está enfrentando: la corte mediática.
En ese antojadizo tribunal -por lo general, armado a la salida de tribunales verdaderos, luego de las audiencias judiciales que lo acorralan-, se maneja como dueño de la verdad, considerando, como el autoritario/corrupto megalómano que es, que los disparates, las mentiras, los datos fake son ciertos solamente porque los dice Trump.
En sus declaraciones ofensivas respecto al sistema judicial estadounidense, a los jueces y los fiscales quienes lo integran, Trump no se limita, en cuanto a denostar -no obstante su limitado vocabulario, y la torpeza intelectual que su lenguaje físico pone, recurrentemente, de manifiesto-.
A ello, se suma el hecho de que considera que, con dinero, arregla todo -o casi todo-.
El engaño ha sido el modus operandi, el gen de Trump lo mismo como empresario
-principalmente en el sector inmobiliario, que es su habitual campo de acción-, que como político, que como individuo.
Eso implica desde afirmar que la votación de 2020 le fue robada, haber dirigido un fallido golpe de Estado, haber secuestrado documentos gubernamentales clasificados, hasta haber alterado el valor de propiedades y de empresas para obtener créditos monetarios.
Ello, pasando por haber pagado hush money (dinero para silencio) a una actriz de películas para adultos, abuso sexual -incluida violación-, y las más de tres mil mentiras que medios de comunicación estadounidenses le contabilizaron durante su nefasta presidencia (2017-2021).
Pero, según el gráfico refrán -uno de tantos que aprendí de mi madre-, “tanto va, el cántaro, a la fuente, que, al final, se rompe”.
Es, exactamente, lo que le ocurrió a Trump -con su cántaro de mentiras, en su fuente de corrupción-, en los dos recientes juicios civiles que perdió en lo que va de este año.
En declaraciones a periodistas, delante de cámaras, el ególatra no tiene reglas que lo limiten -dice, impunemente, lo que quiere-, porque, ahí, está en el planeta Trump.
Pero, en territorio judicial, donde no hay cámaras, hay reglas -y, si dice lo que quiere, se atiene a las consecuencias-, porque ahí, está en la vida real -ahí es donde, inevitablemente, pierde-.
En los dos juicio civiles -respectivamente, en enero y en Febrero de 2024- en los cuales figuró como defendant (acusado), mordió el polvo.
Ambos dibujan -al menos, de momento-, un panorama complejo para el autócrata, quien, paralelamente a su peligrosamente favorable intento por volver a la Casa Blanca, es protagonista en seis procesos judiciales -enfrentando un total global de aproximadamente 90 cargos-.
En el primero, el fallo judicial incluyó la orden de que Trump pague, a la periodista E. Jean Carroll, 83.3 millones de dólares, por la campaña de ataques que mantuvo, en redes sociales, contra la comunicadora, quien lo acusó de haberla violado en el vestidor de una tienda en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York.
A raíz de su calumnioso rechazo al señalamiento de -Carroll, el ex presidente fue obligado, en un fallo judicial que, emitido en 2023, en el mismo caso, lo declaró culpable de agresión sexual y difamación.
En el segundo, Trump, sus dos hijos mayores, y otros invlucrados, fueron declarados culpables, el 16 de febrero, entre otros cargos, de haber alterado el valor de empresas lo mismo que de propiedades del ex presidente, para facilitar la obtención de créditos.
El grupo de delincuentes de cuello banco fue sancionado con la fenomenal pena de 355 millones de dólares, y Trump fue inhabilitado para integrar el directorio de cualquier corporación, en Nueva York, durante tres años.
Si bien los procesos civiles le han implicado golpes considerables a sus finanzas -y a su sobredimensionado ego-, los penales pueden aterrizarlo en la cárcel, en uno de los casos, específicamente, por dos décadas.
Se trata del trámite judicial referido al secuestro de documentos gubernamentales clasificados, los que, en flagrante violación de normas procedimentales y de seguridad, amontonó, en un alto número de cajas, en diferentes lugares -incluido un baño-, en su lujoso complejo residencial y club social Mar-a-Lago, en la ciudad de Palm Beach, en el sector sur de la costa atlántica del sudoriental estado de Florida.
Solamente por este caso, le fueron tipificados 40 delitos penales que podrían representarle hasta 20 años de prisión.
Probablemente el más mediático -aunque todos lo son- se refiera l intento de golpe de Estado, el 6 de enero de 2021 -catorce días antes de dejar la presidencia-.
En otra derrota en la vida real, cuando perdió la reelección, el 3 de noviembre de 2020, Trump lanzó la falsa narrativa de que su rival, el demócrata Joe Biden, le robó la votación.
Incuestionablemente derrotado, el entonces presidente empezó a manipular a sus irracionales huestes -el dictador activando a sus fuerzas paramilitares-, logrado que centenares de fanáticos tomasen por asalto, el 6 de enero, la sede del Poder legislativo estadounidense.
Trump -quien no llamó, específicamente, a sus seguidores, a perpetrar la acción sino que los incitó a que lo hicieran- procuró, así, impedir que su vicepresidente, Mike Pence cumpliese -como simultáneamente presidente del Senado-, el requisito constitucional de validar los resultados de la votación presidencial.
Ello, porque, de acuerdo con versiones periodísticas y relatos de diversas fuentes, Pene se negó a acatar la orden de Trump de declararlo ganador de la elección.
En este caso, Trump enfrenta cuatro cargos penales: conspiración para engañar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración contra derechos.
En un proceso afín al del intento golpista, Trump y otras 18 personas, están acusados de también haber tratado de revertir la derrota de Trump, en su frustrado intento reeleccionista, en el sudoriental estado de Georgia.
Otro caso penal se refiere al pago de hush money (dinero para silencio), durante la campaña electoral de 2016 -la que o aterrizó en la Casa Blanca-, a la actriz y guionista de películas para adultos Stephanie Clifford -más conocida como Sotrmy (Tempestuosa) Daniels-, para tratar de ocultar encuentros sexuales extraconyugales.
Trump se ha declarado no culpable de 34 delitos penales -en cada caso, con penas de prisión de hasta cuatro años- referidos a la falsificación de registros empresariales.
La selección de miembros del jurado, para este proceso judicial, está programada para el 25 de marzo.
En cuanto al juicio que le significó un severo golpe lo mismo a sus finanzas que a su ego, el juez Arthur Engoron -quien dirigió el juicio- lo radiografió -lo mismo que a los demás acusados- con minuciosa precisión.
En el inicial Resumen de la sentencia de 92 páginas, Engoron -magistrado de la Corte Suprema del Estado de Nueva York (Supreme Court of the State of New York), planteó, claramente, los parámetros del caso.
“Donald Trump y entidades que él controla poseen muchas propiedades valiosas, incluyendo edificios de oficinas, hoteles, y campos de golf”, indicó.
“Adquirir y desarrollar tales propiedades requiere enormes cantidades de dinero en efectivo”, precisó, para agregar que, “por lo tanto, las entidades prestaron de bancos y otros prestamistas”.
“Los prestamistas requirieron garantías personales de Donald Trump, que se basaron sobre declaraciones de situación financiera (statements of financial condition) compilados por contadores que Donald Trump contrató”, de acuerdo con la narrativa judicial.
“Los contadores crearon estas ‘compilaciones’ basados sobre datos proporcionados por las entidades de Trump”, y, “para prestar más y a tasas más bajas, los acusados proporcionaron datos flagrantemente falsos, a los contadores, resultando en declaraciones financieras fraudulentas”, agregó el magistrado.
“Al ser confrontados con las declaraciones, los testigos de los hechos y expertos de los acusados sencillamente negaron la realidad, y los acusados omitieron admitir responsabilidad o imponer controles internos para prevenir futuras recurrencias”, siguió planteando.
Y, en la más extensa Introducción, el juez detalló que la acusación -la Oficina del Fiscal General (Office of the Attorney General, OAG) del Estado de Nueva York-, “esencialmente acusa (1) que los individuos acusados violaron” legislación específica, “al proporcionar falsas declaraciones financieras a bancos y compañías de seguros para obtener mejores tasas para préstamos y cobertura aseguradora; y (2) que las entidades holding son responsables de los delitos de los individuos acusados”.
En el texto, Engoron identificó, a los acusados, como “Donald John Trump –‘Donald Trump- -el ex presidente de Estados Unidos-; Donald Trump, Jr. –‘Donald Trump, Jr.’ O ‘Trump Jr.’- y Eric Trump -dos de sus hijos-; Allen Weisselberg y Jeffrey McConnery -dos ex empleados de la acusada The Trump Organization, Inc-; y varias entidades holding de bienes raíces”.
Por otra parte, indicó que los acusados “(1) afirman que las declaraciones fueron completamente o sustancial mente correctas; y (2) se jactan de que los deudores reintegraron todos los préstamos, completamente, y a tiempo”.
Respecto al proceso judicial -que insumió 11 semanas-, el magistrado explicó que “esta corte escucho cuidadosamente a cada testigo, cada pregunta, cada respuesta”.
“Los testigos declararon desde el estrado para testigos, a aproximadamente un metro del Juez, quien pudo así observar expresiones, conducta, y lenguaje corporal (…) y también ha considerado los sencillos referentes de interés propio y otros motivos, sentido común, y veracidad general”, precisó.
Respecto a la actitud de los acusados, al mismo tiempo arrogante y pretendiendo aparentar inocencia, Engoron los caracterizó como “incapaces de admitir el error de sus actos”, y agregó que, “en cambio, adoptan una posición de ‘no ver nada malo, no oír nada malo, no decir nada malo’ (‘see no evil, hear no evil, speak no evil’) que la evidencia desmiente”.
También explicó que, “en este caso particular, al aplicar la ley, a los hechos” se trató de “proteger la integridad del mercado financiero, y, por lo tanto, del público en general”.
“La negativa de los acusados a admitir error -en realidad, a continuarlo (…)- obliga (…) a llegar a la conclusión de que incurrirán en ello, en adelante, a menos que se los limite judicialmente”, aseguró, a continuación.
“En efecto, Donald Trump declaró que, aún hoy, no considera que la Organización Trump (Trump Organization) necesite implementar cambios basados sobre los hechos que surgieron durante este juicio”, señaló.
Al referirse a “La Historia de Delito Colorativo de la Organización Trump”, el juez indicó “esta acción no es la primera vez que se ha encontrado, la Organización Trump o sus entidades relacionadas, incurriendo en delito corporativo”.
“Por supuesto, cuanto más evidencia existe de la propensión de los acusados a incurrir en fraude, más necesidad existe para que la Corte imponga más estrictas medidas cautelares”, reflexionó, para agregar que “esta no es la primera controversia (rodeo) de los acusados”.
El magistrado también describió, con alta precisión, la conducta de Trump, durante el proceso judicial, así como en su calidad de empresario.
“Donald Trump es el propietario beneficiario de la serie de compañías identificadas como ‘la Organización Trump’”, indicó Engoron.
También hizo referencia a la imprecisión del ex presidente en sus respuestas durante el interrogatorio que enfrentó, como acusado, evadiendo claridad mediante el recurrente uso de expresiones tales como “creo” (“I think”), “me pareció” (“I figured”), “quizá” (“maybe”), “algunas veces” (“on occasion”), “yo pensé que” (“I thought”).
“En general, Donald Trump raramente respondió a las pregusta formuladas, y frecuentemente interpoló parlamentos largos e irrelevantes sobre temas mucho más allá del alcance del juicio”, relató el juez.
“Su negativa a responder, directamente, las preguntas, o en algunos casos, a no responderlas, afectó, severamente, su credibilidad”, aseguró.
El corrupto ex presidente respondió, al día siguiente, con una nueva serie de demenciales afirmaciones ofensivas, y sin fundamento alguno, contra Engoron y la sentencia.
En sus demenciales expresiones, lanzadas el 17 de febrero, durante una actividad proselitista llevada a cabo en la localidad de Waterford, en el norteño estado de Michigan -fronterizo con Canadá-, Trump mantuvo el tono agitador de su discurso golpista previo al 6 de enero de 2021.
“Estos repulsivos abusos de poder, no son solamente un ataque contra mí, son, en realidad, un ataque contra ustedes y todos los estadounidenses”, aseveró, al dirigirse a sus seguidores reunidos en la actividad con miras a las elecciones de noviembre de este año, en las que el ex presidente aspira a ser el candidato republicano a regresar a la Casa Blanca.
Y agregó, de inmediato, que “estamos, todos, juntos en esto!”.
Además de calificar a Engoron como “delincuente” (“crook”) y a la fiscala general de Nueva York, Letitia James -quien impulsó la acusación- como “lunática” (“lunatic”), describió la sentencia como “una atrocidad ilegal e inconstitucional que prende fuego a nuestra leyes, como nunca nadie ha visto antes en este país”.
Usando una figura literaria amenazante, Trump también llamó, a sus simpatizantes, a votar: “tenemos que hacerles saber que un tren de carga viene en noviembre”.
