Ficha coyuntural del Tío Sam, en Centroamérica, Juan Orlando Hernández -conocido también como JOH, por sus iniciales-, aprendió -brutalmente- que tratar, en actitud servil, con ese imperial personaje, no necesariamente es garantía de corrupción impune.
Los delincuentes de cuello blanco enquistados, por Estados Unidos, en el poder -a nivel planetario-, suelen disfrutar, por algún tiempo, del apoyo, la protección, la complicidad, de sus mentores.
Pero, cuando pierden utilidad, o cuando llegan a creerse imprescindibles para los intereses de sus jefes gringos, el imperio no duda en descartarlos como lo que patéticamente son: mediocres igualados.
En ese momento, reciben la implacable patada imperial en las serviles nalgas.
Entre los ejemplos más recientes -ubicados en el marco de tiempo de la última década del siglo veinte y las primeras del veintiuno-, figura el ejecutado dictador iraquí (1979-2003) Saddam Hussein, quien disfrutó de apoyo estadounidense, por ejemplo, cuando lanzó la guerra de ocho años (1980-1988) contra el limítrofe Irán.
Hussein le hizo, así, el trabajo sucio, en Irán, al corrupto Ronald Reagan, el pésimo actor cinematográfico -cazador de brujas comunistas entre sus colegas, en los ‘50s- y peor presidente estadounidense (1981-1985, 1985-1989)-, quien declaró, al entonces fundamentalista gobernante iraní (1979-1989), el dictatorial ayatola Ruhollah Khomeini, enemigo número uno de Estados Unidos.
Según documentos de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), citados por el medio de comunicación Foreign Policy (FP), de Estados Unidos, en una nota publicada el 26 de agosto de 2013, el delictivo régimen de Reagan, encubiertamente, apoyó, en los ‘80s, el uso de armas químicas, por parte de la fuerza invasora iraquí, para atacar objetivos en territorio iraní.
Pero cuando la retórica antimperialista de Hussein se tornó exagerada, el imperio actuó brutalmente -como suele hacerlo- contra Irak, desencadenó una tenaz cacería contra el dictador en fuga, lo ubicó, en 2003, escondido -literalmente- en un hoyo cerca a la norteña ciudad de Tikrit -a su vez, próxima a Al-Awja, la ciudad de origen del tirano-, y efectivos militares estadounidenses lo capturaron.
Despojado de su sanguinario/corrupto poder, fue sometido a juicio -por crímenes de lesa humanidad-, y condenado a ser ahorcado -aunque su pragmática voluntad fue la de ser fusilado-.
Un ejemplo geográficamente más cercano de estéril servilismo gringuero, fue el de Anastasio “Tacho” Somoza Debayle, el último dictador de la sanguinaria y corrupta dinastía que tiranizó, desde 1933 hasta 1979, a Nicaragua.
No obstante su heredada conducta incondicional proestadounidense, cuando su régimen se tornó insostenible ante la tenaz resistencia armada -que, tras años de lucha guerrillera y popular, avanzaba sobre Managua, la capital nacional-, a instancia imperial, la Organización de los Estados Americanos (OEA) -el patético “ministerio de colonias” de Estados Unidos-, en un acto antidictatorial sin precedente, le exigió que renunciara al poder, y que abandonara el país.
Eso ocurrió mientras América Latina era, mayoritariamente, gobernada por ultraderechistas regímenes militares de facto.
Somoza dirigió su dimisión, al Congreso Nacional de Nicaragua, el 16 de julio de 1979
-dos días antes del ingreso, a Managua, de la triunfante fuerza guerrillera que, junto con la resistencia popular, le hizo morder el polvo-.
Poco más de un año después, exiliado en Asunción -la capital de Paraguay, país sudamericano entonces bajo la brutal y corrupta dictadura (1954-1989) de Alfredo Stroessner-, el ex tirano nicaragüense fue ajusticiado por un comando guerrillero argentino.
También en el istmo centroamericano, habiéndose autoproclamado heredero político del general Omar Torrijos -el líder máximo de la Revolución Panameña, comandante en jefe de la Guardia Nacional (1968-1981), y líder antimperialista latinoamericano-, Noriega fue, en realidad, un aliado coyuntural más de Estados Unidos.
No obstante su vociferado antimperialismo, Noriega -un fraude populista llegado al poder tras el asesinato de Torrijos- capitalizó la necesidad que entonces tenía, la administración reaganiana, de contar con aliados en el área.
Ello, por una parte, en el contexto del declarado combate al narcotráfico en la región, y, por otra, debido al riesgo que, a los intereses geopolíticos y geoeconómicos estadounidenses en Centroamérica, planteaba el recién establecido gobierno revolucionario nicaragüense.
El crecientemente vociferante discurso antimperialista de Noriega, y su delictivo involucramiento de alto nivel en el narcotráfico, lo alienaron del favor imperial.
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Cuando era inminente que -fracasadas las negociaciones, con el gobierno de Reagan, para que abandonase el poder- su derrocamiento ocurriría por la cruel vía de una invasión militar estadounidense a Panamá, Noriega estructuró una vocalmente estridente posición nacionalista -hipócritamente panameñista-, instando a la población a resistir el ineludible embate estadounidense.
En tal contexto, creó los “batallones de la dignidad”, que no fueron más que grupos de civiles a quienes precariamente armó y superficialmente entrenó para, según aseguró, repeler la agresión imperial.
Agitando, en un mediático acto público, un machete -que en su hoja tenía grabados los escudos de países latinoamericanos-, se comprometió, a nivel de juramento, a combatir junto al pueblo -al que estaba embarcando en un estéril y egoísta sacrificio colectivo-.
Sin embargo, cuando el 20 de diciembre de 1989, sonó el primer disparo invasor, Noriega ya estaba escondido en la Nunciatura Apostólica, donde tras días de masacre de civiles, por parte de las tropas agresoras, el narcogeneral se entregó -no como digno prisionero de guerra sino como el vulgar delincuente que era- a agentes de la estadounidense fuerza policial Drug Enforcement Administration (Administración de Control de Drogas, DEA)
-no a efectivos militares-.
En Estados Unidos, el ex dictador fue juzgado, en 1991-1992, bajo cargos de narcotráfico, y, tras cumplir sentencia en ese país, fue extraditado, por similar acusación, en 2010, a Francia, donde fue juzgado y sentenciado, antes de ser extraditado, en 2011, por razones de salud, a Panamá, cuyo sistema judicial lo había procesado en ausencia -y hallado culpable de haber cometido narcodelitos-, y donde falleció en un hospital.
Más recientemente, en el amanecer de una nueva década del siglo veintiuno, en Honduras, el autoritario y exageradamente corrupto Juan Orlando, no aprendió de los errores de cálculo cometidos por nefastos personajes de la calaña de Hussein, Somoza, Noriega.
Servilmente leal al Tío Sam, desde su incursión personal en los círculos políticos catrachos (hondureños) de máximo poder, JOH se esforzó, permanentemente, por “hacer buena letra” oficial -y personal- con Estados Unidos.
Durante su cuatrienio (2010-2014) como presidente del unicameral Congreso Nacional (CN) -en calidad de diputado por el derechista, golpista, y tradicional Partido Nacional (PN)-, Hernández usó el considerable poder político que viene con ese cargo, para armar la corrupta estructura de influencias que le permitirían no solamente llegar a la presidencia del país sino, una vez allí, forzar una ilegal reforma constitucional para, en flagrante ilegalidad, hacerse reelegir.
Así, el cachureco (nacionalista) cumplió dos cuatrienios gubernamentales consecutivos (2014-2018, 2018-2022) -el primero, mediante el fraude electoral, y, el segundo, por la doble vía del cambio a la Constitución y, nuevamente, de la manipulación de votos-.
Terminado su segundo y flagrantemente ilegal mandato, JOH cumplió su palabra, y no se postuló para un nuevo período presidencial.
Habiendo perdido el poder -y, por lo tanto, utilidad para el Tío Sam-, el imperio pidió la extradición de JOH, quien fue detenido y enviado a Estados Unidos para ser enjuiciado como narcotraficante “de cuello blanco”.
Siguió el camino de su narcohermano y ex exdiputado Antonio “Tony” Hernández -quien cumple, por la misma razón, prisión perpetua en una penitenciaría neoyorquina-, y de otros compatriotas narcos quienes también están encerrados en establecimientos carcelarios estadounidenses.
El caso de JOH se desarrolló de acuerdo con una visible línea de tiempo, cuyo inicio fue marcado, precisamente, por la captura de “Tony” Hernández, y cuyo cierre -al menos, de momento- es el proceso judicial con veredicto de culpable.
Los dos fraudes electorales cometidos por JOH, respectivamente en 2013 y en 2017, fueron -no obstante las ilegalidades implícitas- avalados por Estados Unidos, mediante el reconocimiento al presidente surgido de votación popular.
El ilegítimo presidente estaba iniciando el segundo de sus períodos gubernamentales (2014-2018, 2018-2022), cuando su hermano -entonces diputado por el PN- fue detenido, el 23 de noviembre de 2018, en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami, bajo cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Durante el proceso judicial que siguió, en la nororiental ciudad estadounidense de Nueva York, varios testigos -incluidos jefes de “Los Cachiros”, organización hondureña de crimen organizado- declararon contra el diputado, pero, además, comenzaron a revelar públicamente el involucramiento del entonces presidente en las actividades de ese grupo delictivo.
Esos y otros criminales hondureños, aseguraron que JOH recibió, millonarios volúmenes de dinero en efectivo, para permitir el libre accionar del narcotráfico en el país centroamericano, y para financiar, entre otras actividades, sus campañas proselitistas.
Al respecto, algunos declarantes precisaron que el entonces gobernante recibió, del narcotraficantes mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán -quien, tras varias espectaculares fugas, cumple prisión perpetua en una instalación de máxima seguridad en Estados Unidos-un millón de dólares.
En diferentes procesos judiciales estadounidenses contra otros narcotraficantes hondureños, JOH fue reiteradamente señalado como colaborador del narcotráfico internacional, a cambio de importantes sumas de dinero.
Habiendo sistemáticamente negado esos señalamientos, Hernández dejó, el 27 de enero de 2022, la presidencia de Honduras -cuando fue reemplazado por la centroizquierdista Xiomara Castro, la primera mujer en el desempeño de ese cargo-.
El gobierno del presidente estadounidense (2021-2025), Joe Biden, anunció, 10 días después -el 6 de febrero-, por la vía del Departamento de Estado, la inclusión de JOH, en una lista de hondureños corruptos, y la decisión de suspenderle la visa de ingreso a Estados Unidos.
El siguiente paso en el nada sorprendente curso de acontecimientos, fue la solicitud estadounidense de extradición, planteamiento presentado, el 14 de febrero, a la cancillería de Honduras.
JOH fue detenido, al día siguiente, en el marco de una llamativa/mediática operación que desplegó, desde la noche anterior, a decenas de efectivos policiales, frente a la residencia del requerido.
En el desarrollo de la conversación -que no fue registrada por los medios- entre Hernández y los jerarcas al frente de la acción, llamó la atención el lenguaje corporal de los involucrados, ya que el ex presidente se manejó relajado, como si no se tratase de su captura, mientras los jefes policiales actuaban como si todavía estuviesen ante su comandante en jefe.
Daba la impresión de que le solicitaban autorización para esposarlo, y llevarlo detenido.
Alojado, algunas semanas, en una instalación militar capitalina, el traslado de JOH, hacia Nueva York, se hizo efectivo el 21 de abril, un par de horas después del mediodía, desde el Aeropuerto Internacional “Toncontín”, a bordo de un avión de la DEA.
En un extenso comunicado que emitió ese día, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, proporcionó abundantes detalles sobre el involucramiento de JOH en el narcotráfico internacional, e indicó que algunos de los máximos dirigentes sobornaron al entonces presidente con millones de dólares, a cambio de protección gubernamental, policial, y militar hondureña.
“La acusación formal alega que desde al menos alrededor de 2004, hasta alrededor de 2022, inclusive, Hernández (…) participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos”, señaló, respecto a la acusación de 20páginas, de la Corte de Distrito de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York (United States District Corte, Southern District of New York), fechada el 27 de enero de 2022.
“Hernández supuestamente recibió millones de dólares para usar su cargo público, las fuerzas del orden público y el ejército para apoyar a las organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”, agregó el Departamento de Justicia, en el comunicado de 19 párrafos, respecto al caso denominado “Estados Unidos de América vs Juan Orlando Hernández, alias ‘JOH’, acusado” (“United States of America -v.- Juan Orlando Hernández, a/k/a ‘JOH’, defendant”).
Citado en la nota de prensa, el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, precisó que “Juan Orlando Hernández, el reciente ex presidente de Honduras, supuestamente se asoció con algunos de los narcotraficantes más prolíficos del mundo para construir un imperio corrupto y brutalmente violento, basado en el tráfico ilegal de toneladas de cocaína a los Estados Unidos”.
“Se alega que Hernández usó sus vastos poderes políticos para proteger y ayudar a los narcotraficantes y líderes de cárteles, alertándolos sobre posibles interdicciones, y permitiendo la violencia fuertemente armada para apoyar su tráfico de drogas”, agregó.
En declaraciones también reproducidas en el comunicado, la administradora de la DEA, Anne Milgram, dijo que “la extradición de hoy, muestra, claramente, que la DEA no se detendrá ante nada, para perseguir a los actores políticos más poderosos que participan en el tráfico de drogas, la violencia, y la corrupción”.
“La investigación, de varios años, de la DEA reveló que Juan Orlando Hernández, el ex presidente de Honduras, fue una figura central en una de las mayores y más violentas conspiraciones de tráfico de cocaína del mundo”, puntualizó Milgram.
“Hernández usó las ganancias del narcotráfico para financiar su ascenso político, y, una vez elegido Presidente, aprovechó los recursos policiales, militares, y financieros del gobierno de Honduras para promover su plan de narcotráfico”, relató, además.
“Este caso debería enviar un mensaje, a todos los líderes políticos del mundo que comercian con posiciones de influencia para fomentar el crimen organizado transnacional, de que la DEA no se detendrá ante nada para investigar estos casos y desmantelar las organizaciones de narcotraficantes que amenazan la seguridad y la salud del pueblo estadounidense”, reflexionó, a manera de advertencia.
El Departamento de Justicia informó, en ese comunicado, que, de acuerdo con lo planteado en la acusación, “Hernández protegió a algunos de los mayores narcotraficantes del mundo, incluido su hermano y ex miembro del Congreso Nacional de Honduras, Juan Antonio Hernández Alvarado -Hernández Alvarado-, alias Tony Hernández, contra la investigación, el arresto y la extradición”.
También “hizo que se proporcionara información confidencial militar y policial a los traficantes de drogas para ayudarlos a transportar toneladas de cocaína a través de Honduras con destino a los Estados Unidos; ordenó a miembros fuertemente armados de la Policía Nacional de Honduras y del ejército hondureño que protegieran los cargamentos de drogas mientras transitaban por Honduras; y permitió la violencia brutal”, agregó.
“Como congresista, luego Presidente del Congreso Nacional de Honduras y finalmente Presidente de Honduras durante dos mandatos, Hernández supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”, señaló, a continuación.
“Desde por lo menos 2004 (…) los miembros de esta conspiración transportaron más de 500,000 kilogramos de cocaína a través de Honduras y hacia los Estados Unidos”, siguió narrando.
“Para garantizar que estos envíos masivos de cocaína pasaran con seguridad por Honduras, las mayores organizaciones de tráfico de drogas de la región obtuvieron el apoyo y la protección directa de ciertos funcionarios públicos hondureños prominentes, incluido Hernández”, reveló, para indicar que, “a cambio, estos traficantes pagaron millones de dólares en sobornos a Hernández y otros funcionarios públicos”.
El Departamento de Justicia también informó, en el comunicado, que, “según se alega, como congresista y luego Presidente de Honduras, Hernández se asoció con el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera -Guzmán Loera-, alias El Chapo, entre otros individuos”.
“Aproximadamente en 2013, mientras Hernández estaba haciendo campaña para convertirse en Presidente, aceptó aproximadamente 1 millón de dólares en ganancias del narcotráfico de Guzmán Loera”, aseguró.
“Hernández envió a (Tony) Hernández Alvarado y un asociado, armados con ametralladoras, a cobrar el soborno de 1 millón de dólares de Guzmán Loera”, y, “a cambio, Hernández prometió seguir protegiendo las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa en Honduras”, detalló.
Respecto a los pagos desembolsados por diferentes narcotraficantes -lo miso locales que internacionales-, el departamento señaló que JOH utilizó ese dinero “para asegurar su continuo ascenso en la política hondureña, incluida su elección como presidente en 2013E y 2017”, y que “ordenó a los miembros de esta conspiración que sobornaran a políticos y funcionarios electorales con ganancias de las drogas para garantizar que Hernández ganara la presidencia”.
Asimismo, reveló que, “durante el juicio de (Tony) Hernández Alvarado, se introdujeron como prueba libros de contabilidad de drogas pertenecientes a otro ex narcotraficante hondureño y cómplice, mencionado en la acusación formal como ‘CC-2’”.
“Estos libros de contabilidad contenían, entre otras cosas, anotaciones con el nombre de Hernández Alvarado y ‘JOH’, las iniciales de Hernández, junto con los asientos correspondientes que reflejaban grandes pagos a Hernández y Hernández Alvarado”, precisó.
Igualmente, dio a conocer la información de que, “aproximadamente una semana después de la condena de (Tony) Hernández Alvarado, presos armados con machetes y un arma de fuego asesinaron a CC-2 en una prisión de Honduras para evitar la posible cooperación de CC-2 contra, entre otros, Hernández”.
En cuanto a los tres cargos que fueron tipificados a JOH, el departamento los describió como “(1) conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, lo que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y una sentencia máxima de cadena perpetua”.
Asimismo, “(2) usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración para importar cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y una sentencia máxima de cadena perpetua”.
A lo que se sumó “ (3) conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos durante la conspiración de importación de cocaína, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína, que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua”.
Quizá si, al igual que otros corruptos ex presidentes, se hubiese refugiado en Nicaragua, JOH estaría, ahora a salvo -y naturalizado-.
Es, exactamente, lo que hicieron los ex “presicuentes” (o sea: presidentes delincuentes) salvadoreños Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), llevados electoralmente al poder por el ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
El caso de Sánchez Cerén presenta el agravante de que traicionó la lucha revolucionaria del FSLN, ya que fue uno de los comandantes de esa fuerza guerrillera en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
A ellos -naturalizados nicaragüenses para evitar su extradición, prohibida por la Constitución de Nicaragua-, está por sumarse el ex “presicuente” (2009-2014) panameño Ricardo Martinelli, asilado, desde el 7 de febrero de 2024, en la sede de la Embajada de Nicaragua en Panamá, acusado de haber cometido, entre otros delitos, el de lavado de dinero.
La fuga de JOH a Nicaragua, era el libreto que se manejaba antes de que finalizara su segundo período presidencial.
La generalizada conjetura tenía lógica, ya que, en actividades oficiales públicas, ambos gobernantes daban muestras de fuerte empatía.
Sin embargo, para Hernández, la realidad, al momento de la inexorable acción judicial estadounidense, no fue la pronosticada.
De acuerdo con un relato difundido por una estación de la televisión hondureña, Hernández intentó -días antes de dejar la presidencia-, ingresar, clandestinamente, a limítrofe territorio nicaragüense, a través de un puesto fronterizo en el borde terrestre sur hondureño, de unos 940 kilómetros, pero efectivos de la DEA desplegados en el lugar se lo impidieron.
La reveladora narración fue presentada, en junio de 2022, durante un programa político del canal de televisión hondureño UNE TV, por Ramón Barrios, diputado por el gubernamental y centroizquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), además de presidente de la Comisión de Extradición del unicameral Congreso Nacional hondureño.
JOH “llegó a la frontera de (el puesto de) Las Manos, quiso entrar a Nicaragua, pero ya había un comando de la DEA vigilándolo”, comenzó Barrios, a revelar.
“Él quiso entrar”, pero el jefe del grupo de la DEA, le planteó que “usted escoge la forma en que lo llevamos extraditado a Estados Unidos: o se va en este momento con nosotros, o regresa a terminar su periodo presidencial, para proceder con las acciones que jurídicamente se tienen que hacer respecto a su caso”, agregó en la narrativa que fue, además reproducida, el 22 de junio de 2022, por otros medios de comunicación hondureños.
Barrios incluyó, en su relato, la explosiva mención de que “Daniel Ortega, ya había negociado, con los Estados Unidos, algunas rebajas en el embargo que tiene contra ese país (Nicaragua), para no permitirle, a Juan Orlando, que entrara”.
Sin embargo, dos integrantes del círculo inmediato de JOH, a nivel gubernamental, se fugaron, precisamente vía Las Manos, y se refugiaron en Nicaragua, país cuya nacionalidad obtuvieron algunos meses después.
De acuerdo con versiones periodísticas hondureñas, se trata de Ebal Díaz y Ricardo Cardona, quienes, durante el régimen de JOH, se desempeñaron, respectivamente, como ministro de la Presidencia, y como titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social.
La justicia hondureña los requiere para que respondan como acusados de haber cometido diversos delitos, incluida participación en fraude electoral.
Al declarar, el 5 y el 6 de marzo de 2024, en el juicio desarrollado, durante tres semanas, en Nueva York, JOH se esforzó -en algunos momentos, en actitud de burla- por negar los señalamientos de diferentes testigos, lo mismo que por refutar los cargos que le fueron tipificados.
A manera de desvergonzada justificación -de hecho- de su conducta delictiva, el acusado planteó, no solamente que “los narcotraficantes no tienen partido político” sino que, en materia de candidatos a cargos de elección popular, los apoyan “o lo intentan”.
En cuanto a las acusaciones formulados por varios narcos interrogados durante el proceso penal, Hernández afirmó que se trata de actos de “venganza por haberlos perseguido”.
“Yo tenía una política contra toda esa gente, porque no los soportaba”, debido a que “le hacían mucho daño, al país”, aseveró, asimismo.
Luego de dos días de deliberaciones, los doce integrantes del jurado emitieron, el 8 de marzo, el unánime fallo mediante el cual declararon, a JOH, culpable de los tres delitos que le fueron tipificados.
En el Formulario de Veredicto (Verdict Form), los jurados marcaron la opción “culpable” (“guilty”) -en lugar de la alternativa “no culpable” (“not guilty”)- en los tres cargos, respectivamente descritos como “Conspiración para Importar Narcóticos” (“Narcotics Importation Conspiracy”), “Posesión de Ametralladoras y Dispositivos Destructivos” (“Possession of Machineguns and Destructive Devices”), “Conspiración para Poseer Ametralladoras y Dispositivos Destructivos” (“Conspiracy to Possess Machineguns and Destructive Devices”).
La sesión para determinar la sentencia que será impuesta a JOH, está programada para el 26 de Junio, informó el Departamento de Justicia, en un comunicado que emitió el 8 de febrero, para informar sobre el veredicto.
En lo que tiene que ver, precisamente, con la unánime decisión, el Departamento de Justicia informó, mediante el texto que su Oficina de Asuntos Públicos difundió inmediatamente después de conocido el veredicto, que “un jurado federal declaró, a Juan Orlando Hernández, también conocido como JOH, de 55 años, de Honduras, culpable de los tres cargos en la acusación, que incluyeron delitos de importación de cocaína y sobre armas”.
Al indicar que la sentencia será determinada al final de junio, el departamento citó a altos funcionarios del sistema judicial estadounidense, quienes se refirieron a la conducta delictiva del acusado.
Hernández “abusó de su posición como Presidente de Honduras para administrar, al país, como un narcoestado en el cual se permitió, a violentos narcotraficantes, operar con virtual impunidad, y el pueblo de Honduras y el de Estados Unidos fueron obligados sufrir las consecuencias”, dijo el fiscal general, Merrick Garland.
“Tal como demuestra la condena de hoy, el Departamento de Justicia está alterando todo el ecosistema de redes de narcotráfico que dañan al pueblo estadounidense, sin perjuicio de cuán alto debamos ir”, señaló, a manera de advertencia.
Por su parte, Milgram puntualizó que, “cuando el líder de Honduras y el líder del Cartel de Sinaloa trabajan mano a mano para enviar drogas letales a comunidades estadounidenses, ambos merecen que se los responsabilice en Estados Unidos”.
La jefa de la DEA, planteó, a continuación, en calidad de fuerte reflexión, que “este caso, tendría que mandar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, ni más allá de nuestro alcance”.
