El dictador “cool” refuerza el asalto a la presidencia, ilegalmente se receta la reelección

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El dictador más cool del mundo”, el presidente millenial, dio un paso decisivo en la consolidación de la autocracia que instaló, hace casi cinco años, en El Salvador: se candidateó, en obvia ilegalidad, a la reelección.

Las medidas populistas que Nayib Bukele ha implementado, con el evidente objetivo de mantenerse en el poder más allá del tiempo constitucional, lo presentan, con miras a la elección presidencial del 4 de febrero, como el inevitable ganador.

Ubicado, en las más recientes encuestas de intención de voto, en el rango de 70 a 80 por ciento de apoyo -en algunos casos, hasta 90 por ciento-, deja, según esos números, sin posibilidad de triunfo, a sus cinco rivales -incluida una mujer-.

Se trata de Manuel Flores, postulado por el ex gobernante, ex guerrillero, y centroizquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln); Joel Sánchez, impulsado por la escuadronera y ultraderechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena); José Renderos, candidato por la derechista Fuerza Solidaria (FS); Luis Prada, el aspirante por el centroizquierdista Nuestro Tiempo (NT); Marina Murillo, como la opción presentada por la derechista Fraternidad Patriótica Salvadoreña (FPS).

La espuria postulación se originó en la inconstitucional movida que Bukele llevó a cabo, en 2021 -poco más de un año después de haber asumido el cargo, para el quinquenio 2019-2024-, con la complicidad de la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los corruptos integrantes de ambas instituciones controladas por Bukele, dieron, en flagrante ilegalidad, luz verde a la reelección presidencial consecutiva -expresamente prohibida, según la violada Constitución-.

Esa fue su primera acción proselitista -a todas luces, irregular-, con miras a la reelección.

Entre las más flagrantes que siguieron, se destaca la guerra contra las maras -pandillas- empoderadas de tal manera que llegaron a convertir a El Salvador, junto con Guatemala y Honduras -el Triángulo Norte de Centroamérica-, en una de las regiones más peligrosas a nivel mundial.

Esa política de limpieza social fue, al inicio, bien recibida por una población harta de la descontrolada inseguridad ciudadana, se constituyó, en 2022, en la garantía de reelección.

La popularidad que esta acción le generó -no obstante la oposición de importantes sectores salvadoreños-, a nivel nacional, lo catapultó como uno de los presidentes latinoamericanos más apoyados -según algunas encuestas, el mejor calificado regionalmente-, y fue, simultáneamente, su base de apoyo para gobernar en modo dictatorial -lo que implica, obviamente, autoritarismo y corrupción-.

Para tener vía libre, logró que la Asamblea Legislativa -de mayoría bukelista-, le apruebe, invariablemente, prórrogas mensuales al Régimen de Excepción que instaló el 27 de marzo de 2022.

Este instrumento le ha servido para, además de combatir, sin tregua, a los mareros -a quienes describe como terroristas-, suspender garantías constitucionales, y, con la exclusa de proteger a los salvadoreños, violarles los derechos humanos.

En el marco de la espectacularidad mediática que presenta la guerra antimaras, hizo construir -en tiempo récord- el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), un campo de concentración ideado para recluir, exclusivamente, a pandilleros -donde también hay gente que no pertenece a ninguna mara-.

Inaugurado el 31 de enero de 2023, el Cecot tiene capacidad para alojar a, por lo menos, 40 mil presos -esencialmente, salvadoreños jóvenes-, aunque el número preciso actual de encarcelados no es revelado por las autoridades pertinentes.

El de las maras, es un fenómeno sociopolítico y de seguridad cuyo origen se ubica, en tiempo y en geografía, en la década de 1980, en Estados Unidos.

Se trata de uno de los destructivos frutos de las guerras proxy que Estados Unidos y la entonces Unión Soviética (1922-1991) libraron, durante la segunda mitad del siglo veinte, en Centroamérica -El Salvador (1980-1992), Guatemala (1960-1996), Nicaragua (1982-1990)-, habiendo cobrado cientos de miles de vidas locales.

Si bien no fue escenario de guerras como las de sus tres vecinos, Honduras estuvo, entonces, bajo represivos y corruptos regímenes de facto -y tuvo algunos movimientos guerrilleros, que, esencialmente, apoyaron a sus contrapartes de ese momento en El Salvador y en Guatemala-.

Esos contextos bélicos internos, generaron masiva migración indocumentada
-en proporción considerable, jóvenes en edad de reclutamiento militar-, hacia Estados Unidos -en procura de paz y oportunidades, buscando el utópico “sueño americano”-.

En el caso del Triángulo Norte, quienes huían de esa violencia -personas, por lo general, en situación de vulnerabilidad socioeconómica-, llegaron principalmente a la occidental y costera ciudad de Los Angeles.

Se marcó, así, una diferencia en cuanto a la migración nicaragüense de ese momento
-mayoritariamente, de clase socioeconómica alta, opositores al gobierno revolucionario sandinista (1979-1990)-, cuyo objetivo fue la sudoriental ciudad estadounidense de Miami.

Al establecerse en Los Angeles, los jóvenes encontraron que pandillas nacionales
-integradas por inmigrantes de variadas nacionalidades, incluidos mexicanos-, habían dividido, territorialmente, la ciudad, marcando zonas de dominio -feudos que, respectivamente, defendían con armas-.

Los centroamericanos del Triángulo Norte, se vieron, así -por razones de seguridad, lo mismo que de identidad cultural-, en necesidad de establecer sus propios sectores de influencia -y a custodiarlos, también, violentamente-.

Fue el nacimiento de las maras -originalmente, la 18 (M18) y la Salvatrucha (MS)-.

El tenaz -por lo general, brutal- accionar del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (US Immigration and Customs Enforcement, ICE), causó la reiterada y masiva deportación, entre otros, de numerosos centroamericanos, a sus respectivos países de origen.

Ello generó el establecimiento, en El Salvador, lo mismo que en Guatemala y en Honduras, de las maras angelinas -ahora nacionalizadas, en los tres países, también como M18 y MS-.

Transcurridas las algo más de cuatro décadas desde la huida inicial hacia Estados Unidos, las que, en su origen, fueron pandillas juveniles callejeras, se multiplicaron en una miríada de organizaciones delictivas similares -totalizando cientos de miles de integrantes en los tres escenarios nacionales-.

Con el transcurso del tiempo, algunas maras -empezando por la M18 y la MS-, se metamorfosearon en fuertes estructuras de crimen organizado -dedicadas a actividades tales como narcotráfico, sicariato, tráfico de personas, cruel reclutamiento de jóvenes-, enfrentadas -lo mismo con las fuerzas de seguridad locales, que entre sí- en conflictos que convirtieron, al Triángulo, en una de las regiones más inseguras a nivel mundial.

La territorialidad, la violencia, la capacidad de acción, el arsenal de guerra han convertido, a las pandillas, en amenazas no solamente sociales -contra la población de cada país- sino para la seguridad nacional.

Las iniciativas gubernamentales, implementadas en diferentes países, para contrarrestar ese fenómeno delincuencial, han resultado, durante décadas, ineficaces, ya que, equivocadamente, priorizaron la represión militar y policial, como solución -lo que, en todos los casos, agudizó, dramáticamente, los indicadores de inseguridad-.

En El Salvador, Bukele impuso, en marzo de 2022, a través de la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa -parlamento unicameral-, el Régimen de Excepción, por cuya vía, ha diezmado a las pandillas, lo que incluye el haber encarcelado a más de 70 mil mareros.

El régimen atenta contra las garantías constitucionales, en términos generales, además de que irrespeta los derechos de los reclusos -implicando, además de detención arbitraria, tortura, eliminación del debido proceso judicial, desapariciones forzadas, fallecimiento de más de un centenar de personas bajo custodia estatal-, según ha denunciado la no gubernamental Amnistía Internacional (AI).

En el Cecot, los reclusos son mantenidos, en general, esposados, vistiendo solamente calzoncillos blancos, hincados, durante largos períodos, sin espacio entre sí, cada uno con la frente apoyada sobre la espalda del preso inmediatamente adelante, amenazantemente vigilados por efectivos de seguridad equipados con armas automáticas de alto calibre.

No obstante su declarada aversión a las maras, Bukele tiene historia con esas estructuras criminales, destacándose su involucramiento en negociaciones subrepticias para reducir la inseguridad ciudadana, y, más recientemente, de acuerdo con una revelación periodística, el régimen usó, a un líder pandillero, para tratar de atrapar, nuevamente, un jefe marero -de la MS- a quien había, secretamente excarcelado.

La revelación fue formulada, el 26 de enero, por el periódico salvadoreño El Faro -cuya labor de denuncia contra abusos de autoridad de Bukele, lo obligó a trasladar, por seguridad, a Costa Rica, su componente legal y administrativo-.

En una extensa y minuciosamente documentada nota informativa, El Faro precisó, asimismo, que la trama conspirativa apuntó a incluir al narcotraficante y mexicano Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng).

En el artículo que tituló “Gobierno conspiró con líder pandillero para recapturar a Crook a través de un cártel mexicano”, el medio de comunicación informó que “audios y mensajes en poder de El Faro revelan que el Gobierno de Bukele intentó recapturar al líder marero Crook”.

“El Faro comprobó que el jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado, de la Policía, se involucró durante varios meses de 2023 en conversaciones con coyotes (traficantes de personas) y un líder pandillero prófugo”, agregó.

En esos contactos, le “revelaron información de inteligencia, pagaron viáticos y concedieron la liberación de su hermana a cambio de que negociara con el Cártel Jalisco Nueva Generación la recaptura de Crook”, siguió revelando el periódico, cuya información fue retomada por el diario español El País.

Entre otras numerosas revelaciones, El Faro denunció que, “dos años después de liberarlo ilegalmente, el gobierno salvadoreño emprendió una desesperada carrera para recapturar a Crook y retornarlo a El Salvador antes de las elecciones de febrero de 2024”.

“Y estuvo dispuesto a pagar un millón de dólares al poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación para que raptara al líder pandillero y lo entregara -de preferencia vivo- en una ubicación secreta”, precisó, a continuación.

“La administración Bukele designó para esta operación al inspector Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado -DECO- quien acudió a los bajos fondos en busca de aliados con contactos en el mundo criminal mexicano”, siguió narrando.

“El inspector Escuintla sondeó primero con traficantes de personas -con bastos prontuarios delictivos y perfilados por la policía como delincuentes desde hacía años-, pero estos no supieron, o no quisieron, asumir el encargo”, reveló, además.

“Pero uno de esos coyotes conocía desde la infancia a un hombre que con los años terminó escalando a lo más alto del Barrio 18 Sureños (una mara salvadoreña) y le pareció una buena idea incluirlo en el entuerto: Rafael Eduardo J, alias ‘Rafa’ o ‘Chafa’, prófugo de la justicia desde 2019, cuando fue acusado de extorsión”, de acuerdo con El Faro.

“En medio de la embestida gubernamental contra las pandillas, Rafael había salido del país y vivía discretamente en las periferias de una capital centroamericana”, según la versión periodística.

“Siendo prófugo, consideró el riesgo de entrar en contacto con un policía, pero el gobierno tenía en prisión a su hermana, capturada, como tantas otras personas, bajo las libertades que el régimen de excepción otorga a policías y soldados”, señaló, a continuación, El Faro.

“El inspector Escuintla y Rafael establecieron una relación basada en el conocimiento de lo que el otro necesitaba: para el pandillero era muy importante que su hermana fuera liberada y para el gobierno -hablando por la boca del inspector Escuintla- era muy importante recapturar a Crook antes de las elecciones presidenciales de febrero de 2024”, precisó.

“A lo largo de la conversación, el inspector Escuintla le segura a Rafael que hay una autoridad superior que conoce y aprueba los pasos de la operación, aunque sólo se refiere a esa persona como ‘el patrón’, ‘el mandamás’ o ‘el hombre’”, agregó el medio de comunicación.

“La hermana quedó libre (…) con la obligación de presentarse a firma a un juzgado cada 15 días y reportarse cada dos días con otro policía al que ella sólo conoce como ‘Roger’ y cuyo teléfono también aparece oficialmente asignado a la DECO”, señaló.

De acuerdo con lo informado por El Faro, “Rafel ideó venderle al gobierno lo que el gobierno quería”, pero “todo fue una mentira”.

“Rafael jamás involucró a su pandilla, nunca entró en contacto con CJNG (…) lo que sí hizo fue entrar en contacto con este periódico y con autoridades estadounidenses”, reveló.

Según otras versiones periodísticas, Rafael y su hermana se acogieron a un programa de protección de testigos, en Estados Unidos.

Los nexos de Bukele con delincuentes, no son de extrañar, para alguien cuya ideología es oportunistamente fluctuante.

El turbio candidato a la reelección, pasó, sin pestañear, del ex guerrillero y dos consecutivas veces gobernante (2009-2014, 2014-2019) Fmln -con el cual fue, sucesivamente, alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015). y de San Salvador (2015-2018)-, a la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) -con la que llegó a ser presidente-.

En 2017, el Fmln lo expulso de sus filas -precisamente, por su insolvencia ideológica-, lo que determinó que fundase su propio y derechista partido -Nuevas Ideas-.

Ante la imposibilidad de inscribir a tiempo, a Nuevas Ideas, para la votación de 2019, Bukele se insertó en Gana, partido que lo postuló.

Gana es una organización política uno de cuyos dos fundadores es el ex presidente salvadoreño (2004-2009) Antonio “Tony” Saca, condenado, en 2018, en El Salvador, a 10 años de prisión, tras habérsele hallado culpable de los delitos de peculado y lavado de dinero, los que cometió siendo gobernante.

Saca fue, a su vez, llevado a la presidencia, por Arena, cofundada, en 1981 -un año después de estallada la guerra salvadoreña (1980-1992) por el mayor Roberto D’Aubuisson
-fallecido en 1992-.

D’Aubuisson fue señalado -por Naciones Unidas, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- como creador de los escuadrones paramilitares que operaron, desde 1979 hasta 1991, en El Salvador, y, como tal, responsabilizado por el asesinato a balazos, mientras oficiaba misa, en 1980, del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero.

Juramentado el 1 de junio de 2019, para cumplir el quinquenio gubernamental que finaliza en junio de 2024 -tras haber ganado, con 53.1 por ciento de apoyo votante, la elección presidencial realizada el 3 de febrero de ese año-, Bukele, quien durante la campaña electoral se proyectó como un candidato de cambio, ha convertido, a su gobierno, en una autocracia -en veloz proceso de transición a dictadura-.

Mediante la mayoría oficialista en el parlamento, Bukele está valiéndose, ilegalmente, de la estructura institucional salvadoreña -principalmente la legislativa y la judicial-, para consolidar su control de los poderes del Estado.

Con notoria ventaja del gobernante partido Nuevas Ideas, en la correlación de fuerzas que presenta la unicameral Asamblea Legislativa -64 de los 84 diputados-, Bukele consiguió que sus neoideistas destituyeran, de inmediato, a los siete magistrados titulares -y a los doce suplentes- de la Sala de lo Constitucional, lo mismo que al fiscal general de la República, Raúl Melara.

La sala y la titularidad de la fiscalía -encomendada, la segunda, a Rodolfo Delgado- están, desde entonces, en poder de operadores políticos de Bukele.

Por su parte, los nuevos magistrados bukelistas no tardaron en empezar a trabajar para el jefe, y, sin haber siquiera calentado las respectivas sillas, allanaron el camino a la continuidad presidencial, cuando, solícitamente modificaron el artículo 152 de la Constitución, eliminando la prohibición de reelección inmediata -o sea, para dos quinquenios presidenciales consecutivos-.

En su demencial dictamen, no tuvieron ningún inconveniente en aseverar que “es el mismo artículo 152 ordinal 1 quien permite como máximo que una persona ejerza la Presidencia por 10 años y, de hecho, el Constituyente de 1983 (año de vigencia de la Constitución) obliga a que esos 10 años se ejerzan, si el pueblo así lo decide, de forma consecutiva”.

Además, complementaron, hipócritamente, su ilegítima decisión de jueces ilegítimos -la redundancia es, plenamente, válida-, al establecer que “ha de requerirse al presidente que se haya postulado como candidato presidencial para un segundo período, deba solicitar una licencia durante los seis meses previos” a la apertura del período inmediatamente siguiente -para el cual aspira a la reelección-.

Fue, exactamente lo que hicieron Bukele y su vicepresidente -y compañero de fórmula reeleccionista, Félix Ulloa-, quienes se apartaron, temporalmente -y sólo visiblemente-, de sus respectivos cargos.

No conforme con ello, Bukele violó, nuevamente, la Constitución, al designar a Claudia Rodríguez, como su reemplazo temporal.

La designación de quien sustituya al presidente -en el caso de que el vicepresidente no esté en condiciones de hacerlo-, debe llevarse a cabo -según disposición constitucional- mediante la presentación, al organismo legislativo, de dos candidaturas.

El presidente propuso a Rodríguez, lo que fue aprobado por la mayoría oficialista.

La president interina desempeñará el cargo hasta el 31 de mayo, un día antes de la juramentación de quien gane la votación presidencial programada para el 4 de febrero -o sea, Bukele, según las encuestas de intención de voto-.

Los méritos de Rodríguez, para desempeñarse -es obvio que, sólo en lo formal- en la presidencia del país se reducen, básicamente, a que se trata de alguien de plena confianza de Bukele, habiéndolo acompañado, como gerenta financiera y como tesorera, en los dos períodos como alcalde, y en calidad de secretaria privada presidencial.

El dominio de la flagrante corrupción bukeliana está próxima a consolidarse aún más.

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