En su feroz arremetida contra la institucionalidad democrática estadounidense -que no es perfecta, pero viene funcionando hace casi dos siglos y medio-, el trumpismo-muskismo anunció, recientemente, urbi et orbe, lo que considera un fenomenal descubrimiento: la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, Usaid) es corrupta.
Quizá aporte, en la misma línea, nuevas sorprendentes revelaciones, tales como que la corrupción también campea libremente, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo mismo que en el Banco Mundial (BM).
Posiblemente llegue, además, a la sagaz conclusión de que tales plataformas cuyo cometido formal es el financiamiento al desarrollo, el combate a la pobreza, el fortalecimiento de la democracia, la defensa y la promoción de los derechos humanos, tienen larga historia en usar esa fachada con el propósito de hacer, exactamente, lo contrario -y favorecer a turbios aliados-.
Históricamente, dictaduras criminales y corruptas de ultraderecha han contado con la complicidad de esos actores internacionales, mietras pueblos necesitados de apoyo humanitario han sido brutalmente castigados con inmisericordes ajustes monetarios en respaldo a socialmente injustas políticas económicas.
Sumado a ello, parasitarias organizaciones conservadoras con fachada de activismo de sociedad civil han recibido generoso financiamiento por su labor de cambio sociopolítico para que, en realidad, nada cambie -porque eso, precisamente, les garantiza subsistencia-.
Ahora, implementando la manipuladora consigna de Hacer a Estados Unidos Fuerte Nuevamente (Make America Great Again, MAGA), los co-presidentes Donald Trump/Elon Musk, en su descarado esfuerzo por Hacerse Financieramente Más Fuertes (algo así como Make Themselves Financially Stronger, MTFS), están en guerra frontal para destruir lo que definen como la corrupción tradicional -para reemplazarla con la propia-.
Los primeros frentes de esa cruzada incluyen las áreas de manejo de fondos públicos, destacándose la Usaid.
El problema no es que la agencia haya, históricamente, incurrido en actos de corrupción, por ejemplo, para beneficiar a dictaduras en sintonía con el imperialismo estadounidense.
Según el régimen Trump-Musk, la Usaid ha cometido el imperdonable delito de aportar fondos a actores a quienes el dúo autocrático describe como “socialistas” -aunque no lo sean-.
El decreto presidencial -Orden Ejecutiva (Executive Order)- que Trump firmó -entre decenas de otros- el primer día de su segundo cuatrienio gubernamental (204-2021, 2025-2029), garantizando a la agencia, es manipulador desde su intencionalmente vago título: “Reevaluando y Realineando la Ayuda Exterior de Estados Unidos” (Reevaluating and Realigning United States Foreign Aid”).
En ninguna parte del texto se lee el nombre la agencia, haciéndose, únicamente, referencia a la ayuda exterior estadounidense, en términos generales.
La precisión llegó seis días después, cuando el nuevo secretario de Estado, el ex senador republicano de ascendencia directa cubana Marco Rubio, anunció, en una breve declaración, que, en cumplimiento del decreto, ordenó la suspensión de la asistencia externa canalizada vía la Usaid -agencia especializada que depende del Departamento de Estado-.
El departamento informó, ocho días después de esa declaración, el nombramiento de Rubio como administrador interino de la entidad financiadora.
La Usaid no es un actor desconocido para el secretario de Estado, ya que el Instituto Republicano Internacional (International Republican Institute, IRI) -de cuya Junta de Directores, Rubio ha sido integrante- es uno de los canales con los que la agencia cuenta para hacer llegar financiamiento a destinatarios.
El origen de la Usaid se ubica -en el contexto de la Guerra Fría (1947-1991)- en la creación, en 1953, de la Administración de Operaciones Extranjeras (Foreign Operations Administration, FOA) -vigente hasta 1955- para, de acuerdo con la descripción oficial, “centralizar todas las operaciones gubernamentales (…) 1ue tuvieron como su propósito el desarrollo cooperativo de fortaleza económica y militar entre las naciones del mundo libre”.
En reemplazo de esa agencia financiera y de seguridad, entró en escena, en 1955, la Administración de Cooperación Internacional (International Cooperation Administration, ICA) -hasta 1961-, con el cometido general de implementar programas de ayuda externa y “no militares”.
A continuación de la ICA, surgió, el 3 de noviembre de 1961, la Usaid, cuya existencia
-poco más de 64 años después-, está en fenomenal entredicho.
Esta agencia fue lanzada, por el entonces presidente estadounidense (1961-1963), John Kennedy, quien echó a andar, ocho meses antes -el 13 de marzo de 1961- la Alianza para el Progreso (Alliance for Progress).
Oficialmente, la alianza fue un plan para fomentar la cooperación económica entre Estados Unidos y América Latina, con el objetivo de frenar la “amenaza comunista” que el recién instalado (1959) gobierno revolucionario cubano presentaba para la región.
La iniciativa continental quedó formalizada el 17 de agosto de 1961, durante la reunión del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -más conocida como Conferencia de Punta del Este, que tomó el nombre de la sudoriental ciudad balnearia Uruguaya donde se llevó a cabo-.
Los participantes en el encuentro, firmaron, entonces, la Carta de Punta del Este, comprometiéndose a “iniciar y llevar adelante la Alianza para el Progreso”.
La ausencia de voluntad política de gran parte de los gobiernos beneficiarios -entre ellos numerosos regímenes de facto-, lo mismo que la corrupción imperante en tales regímenes, determinaron el inevitable fracaso de la alianza, que cesó 1973.
En cuanto a la Usaid, la historia de esta engañosa estructura de buenas intenciones, presenta hitos siniestros.
Entre ellos, figura la Oficina de Seguridad Pública (Office of Public Safety, OPS), programa que la agencia heredó de la ICA, y que, inaugurado en noviembre de 1962
-también durante la administración Kennedy-, fue cerrado, por el congreso estadounidense, en 1974.
El objetivo general de la OPS fue el de proporcionar, a los aliados de Estados Unidos -en el caso de América Latina, básicamente, sanguinarias y corruptas dictaduras militares ultraderechistas y regímenes civiles afines-, ayuda estratégica para sus respectivas fuerzas represoras -lo que incluyó, entre otros componentes, entrenamiento y equipamiento-.
La oficina tuvo origen en 1954, como el programa Seguridad Pública de la todavía existente ICA, pero, tras el cierre de esa entidad y su reemplazo por la Usaid, recibió la nueva etiqueta -OPS-, y fue dirigida (1962-1973) -la virtual totalidad de su existencia- por Byron Engle, un ex agente de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).
El contexto geopolítico internacional del momento, estaba marcado por la tensión de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas -la Urss, o la Unión Soviética, o “el bloque comunista”- (1922-1991), y las guerras proxy (indirectas) que ambos imperios protagonizaban, a través de ejércitos/policías locales y de guerrillas opositoras, en diferentes países.
En ese cuadro de situación, la OPS administró la Academia Internacional de Policía (International Police Academy, IPA) que, establecida en 1963, desarrolló turbias actividades, hasta que sus responsabilidades fueron asignadas tanto a la Administración de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) como al Buró Federal de Investigación (Bureau of Federal Investigation, FBI).
De modo que, vía diferentes estructuras de la Usaid, la conducta de sucesivos gobiernos estadounidenses, por encima de líneas partidistas, consistió en fortalecer -además de instalar- dictaduras, mediante acciones hipócritamente presentadas como asistencia para fortalecer la democracia.
De acuerdo con registros históricos, la IPA llegó a entrenar a casi ocho mil altos oficiales de fuerzas de policía de unos setenta países, con un número no determinado de alumnos seleccionados para recibir capacitación, por parte de personal de la CIA, en áreas tales como la fabricación de dispositivos lo mismo incendiarios que explosivos -o sea, entrenamiento para acciones terroristas-.
La idea consistió en que, de regreso en sus respectivas instituciones, esos personajes reprodujeran sus nuevos conocimientos, al capacitar a personal subalterno.
A nivel latinoamericano, el principal programa que la OPS operó en Centroamérica fue el de Guatemala, con el entrenamiento, de algo más de 30 mil efectivos policiales, en combate contrainsurgente -para enfrentar a la Urng-, mientras que, en Nicaragua, en la década de 70, la Guardia Nacional (GN) de la dictadura somocista (1933-1979) fue permanentemente equipada para destruir -obviamente, sin éxito- a la guerrilla del Fmln.
En cuanto al área sudamericana, en Chile, el socialista presidente (1970-1973) Salvador Allende -quien murió enfrentado, con un fusil, a las fuerzas golpistas- cerró el programa de la OPS, que fue reactivado por el régimen (1973-1990) encabezado por el cobarde y corrupto dictador militar Augusto Pinochet.
También en el Cono Sur de América, el caso de Uruguay -una de las más sólidas democracias continentales, junto con la costarricense- fue particularmente ilustrativo de la injerencia que la Usaid ha tenido en materia de apoyo a regímenes represores -por lo tanto, como agente de corrupción y de violación a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad-.
Ese cuadro de situación determinó el ámbito de acción de un nefasto personaje llamado Daniel Anthony Mitrione -el particularmente inhumano criminal estadounidense más conocido como Dan Mitrione-.
Según registros históricos, la operación de la OPS, en Uruguay, cubrió el período aproximado de 1964-1973.
Fue el tiempo en que, en el ultrademocrático país rioplatense, la extrema derecha que dominaba a casi todo el resto de América Latina, comenzaba, indeteniblemente, a abrirse camino hacia el poder.
Uruguay fue, hasta el advenimiento de la brutal dictadura militar -eufemísticamente calificada, también, como “cívico-militar”-, una isla democrática en un histórico océano de tiranías y de gobiernos autoritarios.
Un ejemplo de la alta calidad de su democracia lo dio el hecho de que el país fue gobernado, durante una década y media -de 1952 a 1967-, por una presidencia colegiada.
En lugar de presidente de la República, el Poder ejecutivo fue ejercido por un Consejo Nacional de Gobierno, integrado por nueve consejeros -cinco del partido ganador de las elecciones, y cuatro del segundo más votado-.
De modo que la oposición cogobernaba, en un esquema de cohabitación política.
Ese sistema fue antecedido por otra variante de Poder Ejecutivo colegiado (1919-1933): presidente de la República y Consejo Nacional de Administración -integrado, también, por nueve consejeros proporcionalmente representando a los dos partidos más votados -los tradicionales Colorado (centroizquierda) y Nacional -o Blanco, por uno de los dos colores de su bandera: blanco y celeste- (centroderecha)-.
Por otra parte, si bien las fuerzas armadas uruguayas se distribuyen en lo tradicional
-Ejército, Marina, y Fuerza Aérea, con el complemento policial-, el área de seguridad fue, históricamente, el rubro de menor asignación presupuestaria, priorizándose el sector social
-educación, salud, trabajo, vivienda-.
En ese contexto de responsabilidad/sensibilidad social, sucesivos gobiernos, priorizaron, inclaudicablemente, la defensa de los derechos humanos.
Siguiendo esa línea de conducta, el entonces ministro de Instrucción Pública (Educación), el docente Enrique Rodríguez Fabregat, elaboró la Tabla de los Derechos del Niño -la que dio a conocer el 9 de junio de 1927-.
El decálogo de garantías incluyó aspectos tales como “Derecho a la vida”, “Derecho a la Educación”, “Derecho a la nutrición completa”, “Derecho a la asistencia económica completa”, “Derecho a la alegría”, y fue un antecedente a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, vigente desde 1989.
La defensa y la promoción de las garantías fundamentales fue permanente, al grado de que, en un incidente ocurrido, durante la década de 1910 o 1920, en Montevideo -la capital nacional-, el disparo con el cual un policía hirió a un detenido en fuga, determinó la baja del agente, y la destitución del ministro del Interior (Seguridad) y del jefe de la Policía, y el enjuiciamiento de los tres.
Al sentenciarlos a prisión, el juez del caso determino que el instinto humano es de libertad, y que, por lo tanto, es ilegal reprimirlo.
Por otra parte, la fugaz quiebra del orden constitucional (1933-1934) perpetrada -mediante autogolpe de Estado- por el entonces presidente civil Gabriel Terra, es popularmente conocida como una “dictablanda”, en virtud del contexto -sin participación militar, sin violencia, sin tortura a opositores presos- que la diferenció del resto de tiranías latinoamericanas.
El ADN democrático de la comunidad uruguaya es resiliente/indestructible, como pudieron comprobar los corruptos criminales quienes encabezaron, visible e invisiblemente, el brutal régimen militar de 1973-1985.
A ese país llegó, en 1969, ceñido al libreto de la OPS, el nefasto personaje llamado Daniel Anthony Mitrione -más conocido como Dan Mitrione-.
Inmediatamente después de su nacimiento, en 1920, en Italia, sus padres llegaron, como inmigrantes, a Estados Unidos, donde se establecieron en la ciudad de Richmond, el centroriental estado de Indiana.
Naturalizado estadounidense, y habiendo servido, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en una base militar en el norteño estado de Michigan -fronterizo con Canadá-, Mitrione ingresó, en 1945, a la estructura policial de Richmond, en calidad de agente de patrulla, habiendo, rápidamente escalado en esa fuerza de seguridad hasta convertirse, 11 años después (1956), en su jefe.
Su ascenso continuó cuando ingresó, cuatro años después (1960), al programa Seguridad Pública, y fue inmediatamente enviado a la ciudad brasileña de Belho Horizonte, en el sudoriental estado de Minas Gerais -del cual es la capital-, donde permaneció dos años.
Su estadía en Brasil continuó, en 1962, en Río de Janeiro, hasta que fue trasladado, cinco años después, de regreso, a Estados Unidos.
Su tiempo en el territorialmente mayor país latinoamericano -8.5 millones de kilómetros cuadrados- presenta coincidencias con el establecimiento de la bestial dictadura militar (1964-1985), ya que su llegada a Belho Horizonte fue, de alguna manera, contemporánea con la conspiración para derrocar al presidente (1961-1964) João Goulart, y su presencia en Río, fue contemporánea con la consolidación del régimen.
De acuerdo con diversas versiones periodísticas de la época y con testimonios de organizaciones de derechos humanos, Mitrione fue instructor asesor de la estructura policial brasileña -una de las instancias clave de represión de la tiranía militar-, lo que incluyó capacitación en tortura.
La presencia del experto en represión, en Brasil, coincidió con el período dictatorial del general Humberto Castelo Branco (1964-1967), quien, entre otras acciones represivas, persiguió a las organizaciones de izquierda, abolió a los partidos políticos, instauró la censura a los medios de comunicación y a todo tipo de publicación.
Durante la estadía de Mitrione en Belho Horizonte, la Usaid surgió en reemplazo de la ICA, y el programa Seguridad Pública se convirtió en la OPS.
De regreso en Estados Unidos, Mitrione se desempeñó como instructor (1967-1969) en la Academia Internacional de Policía de la OPS, en Washington.
Cumplido ese trabajo, fue enviado, en 1969, a Uruguay, para capacitar, a las fuerzas represivas, en ilegales tácticas de combate antioposición -principalmente antiguerrillero-, y en particularmente crueles variantes de tortura como mecanismo para interrogatorio de presos políticos.
Mitrione fue capturado, el 31 de julio de 1970, por el MLN, recluido en una Cárcel del Pueblo, juzgado por un Tribunal del Pueblo, tras lo cual fue ejecutado, el 10 de agosto de ese año.
De acuerdo con versiones periodísticas de la época, y con registros históricos, el criminal fue hallado, en el interior de un automóvil, en un sector de Montevideo, presentando dos disparos en la cabeza, y la cicatrización de una herida de bala que recibió durante su captura.
Según las mismas fuentes, el torturador no presentaba, más allá de los dos disparos, ningún indicio de haber sido sometido, por sus captores, apremio físico.
Respecto, precisamente, a la turbia historia de la Usaid en materia de corrupción y violaciones a los derechos humanos, en declaraciones que formuló, el 5 de febrero de 2025, al medio de comunicación español Negocios TV, el analista político y económico Lorenzo Ramírez definió, a la agencia estadounidense, como “uno de los mayores nichos de corrupción que hay en el mundo”.
La Usaid figura entre las varias “organizaciones que operan al margen del congreso y del gobierno (estadounidenses)”, llevando a cabo “acciones antidemocráticas, entrando a los países, con la excusa de proporcionar ayuda humanitaria”, aseguró.
Lo hacen, “sirviendo de caballo de Troya para (…) servicios de inteligencia, en colaboración con algunas oenegés (…) y usan terceros países para cometer las fechorías que no les permiten realizar en suelo norteamericano”, agregó el experto español.
“El hecho de que Elon Musk haya calificado, a la Usaid, de organización criminal (…) puede parecer una exageración, pero, cuando uno estudia, a fondo, la historia de estas organizaciones, es que el nuevo director de la Casa Blanca no exagera en absoluto”, precisó.
“Estos tipos, en teoría, tienen como tarea principal proporcionar ayuda humanitaria”, planteó, para agregar que se trata, en realidad, de “una herramienta corrupta que emplea el Pentágono, la CIA, organizaciones de inteligencia, para imponer golpes de Estado, para censurar a aquellos que cuestionan las bondades de la Otan (Organización del Tratado del Atlántico Norte)”, lo que significa que “estamos hablando de una organización delictiva”.
Informativo JBS / Nov 2022
“Entonces claro, una vez que el departamento de Elon Musk, le pide las cuentas, lo primero que le dice, la Usaid, es: ‘no te las doy’”, explicó, en referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental (Department of Government Efficiency, Doge) -recientemente creado por Trump-.
De modo que la Usaid “ha bloqueado el acceso a los archivos, consciente de todas las pruebas que encontraría esta nueva agencia creada por Trump para auditar el gasto público”, señaló, a continuación.
Ramírez también precisó que “hay mucho miedo (…) porque esta organización proporciona el 40 por ciento del presupuestos que destina la ONU, supuestamente, a ayuda humanitaria, y, varias de esas oenegés que reciben el dinero, tienen relaciones estrechas con representantes públicos -sobre todo, del Partido Demócrata, pero, también, del Republicano-, con lo cual, aquí, tenemos otro componente político”.
“Desde las filas republicanas, se acusa, a la Usaid, de ser una fuente de financiación ilegal de dinero que beneficia al Partido Demócrata, pero (…) también ha sido utilizada por republicanos”, agregó, en referencia, por ejemplo, al IRI, uno de los históricos canales de la Usaid para hacer llegar fondos a destinatarios.
“Es verdad que el Demócrata es quien ha explotado más el modus operandi, pero no es exclusivo”, reafirmó.
En opinión del experto español, “si Musk consiguiera acceder a las cuentas, caería el velo, y se descubriría el gran fraude que lleva aparejado el sistema de ayuda occidental a los países pobres”.
“Es una forma de colonización, no sólo económica -mediante la ayuda, mediante la colaboración del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional- sino, también, ideológica, y, aquí, entra el otro componente, también, que le interesa a Trump”, agregó.
En ese sentido, “en el plano geopolítico (…) se ha demostrado (…) chantaje a los países africanos para dejar de recibir los fondos si no cumplían las sanciones a Rusia”, dijo, para agregar que “la Usaid también promovió cambios de gobierno, para poner a políticos que fueran afines a la Otan y que usaran a Europa como ariete contra Rusia”.
Eso “es, justo, lo que se quiere hacer ahora -también, a través de la Usaid-, en procesos electorales de países cuyos ciudadanos están respaldando opciones políticas que rechazan este enfoque, y que prefieren tener una relación comercial, estratégica con el Kremlin (Rusia)”, explicó.
“Si vamos de adalides de la democracia, por el mundo, tenemos que respetas esos resultados electorales”, y, “si hay ciudadanos de países del Este, que consideran que tienen que tener una relación, con Rusia, comercial, estratégica, o del tipo que sea, no puede venir, la Usaid, a montarle revoluciones, o a plantear que tiene que haber revueltas populares”, advirtió.
“Todo esto, está dentro de una caja de Pandora que, si se abre, va a sacar muchos cadáveres del armario, y, por lo tanto (…) no se va a abrir”, precisó, a continuación, a manera de vaticinio.
“Por eso, se ha puesto director interino, a Marco Rubio, para controlar esa canalización, y, también, utilizarlo a una manera de chantaje contra todos aquellos que han estado en el relajo (…) y que, a partir de ahora, tendrán que estar calladitos y dejar que Trump opere”, explico.
De acuerdo con el análisis de Ramírez, la ofensiva trumpiana-muskiana contra la Usaid es, “una medida, tanto en el ámbito interno como en el ámbito externo”.
