La dictadura de los Ortega-Murillo, se ha robado el campus de INCAE. Según el régimen, INCAE incumplió las regulaciones del Ministerio de Gobernación. El mismo argumento se utilizó en 2018 contra el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), y más de 3,400 ONG clausuradas entre ellas nuestra propia organización (Fundación Libertad en 2022), afectando a más de un millón de nicaragüenses en áreas como educación, salud, microcrédito, agua potable y servicios humanitarios.
La voracidad confiscatoria de los Ortega ahora llegó a INCAE como antes lo hizo con la UCA y otras universidades. El control sobre la educación es parte de la estrategia de los regímenes totalitarios que buscan ejercer un control absoluto sobre la educación. Al confiscar universidades privadas, los Ortega están empecinados en que no quede ningún espacio educativo que no esté alineado con su propaganda. Consideran a las universidades como espacios intelectuales críticos y quieren eliminar cualquier vivero del pensamiento libre.
También existe un apetito por adueñarse de lo ajeno, que es algo que ha caracterizado al FSLN. Pero de todas esas razones, quizás la que más motivó a la dictadura a robarse el campus Francisco de Sola, es el hecho de que en el año 2018 INCAE se colocó en el lado correcto de la historia al ser una de las instituciones que más abiertamente apoyó a un buen sector de jóvenes opositores.
INCAE es una misión internacional y su robo significa una violación flagrante de convenios diplomáticos. Este robo, además, tendrá un efecto negativo sobre la competitividad y riesgo país.
Los graduados de los diversos programas de INCAE nos solidarizamos con el Instituto y con toda la familia de exalumnos, directivos, profesores y colaboradores de una institución tan importante. Así se lo expresé personalmente al actual rector de INCAE, Enrique Bolaños, con quien coincidí en un foro en San José.
Es fundamental ratificar el compromiso de que cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, todo lo robado debe regresar a sus legítimos dueños. No deberían ser los contribuyentes quienes paguen por los bienes usurpados, sino todos aquellos que se beneficiaron de lo ajeno.
Al cerrar instituciones educativas como INCAE, el régimen de Ortega-Murillo oscurece el horizonte de oportunidades para las generaciones venideras y condena al país a un estancamiento intelectual y económico. La defensa de la propiedad privada y la educación es una lucha por la libertad y el progreso que no debe cesar hasta que se restaure la libertad en Nicaragua.
