Crueldades de la historia en el año que marca el primer cuarto del siglo 21

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Enero de 2025, el primer mes del año que marca el primer cuarto del nuevo siglo, registra, en el lapso de menos de dos semanas, un par de burlas crueles de la historia continental.

El 10, se juramentó -por tercera vez consecutiva en doce años-, como presidente, el vergonzoso dictador venezolano Nicolás Maduro -ahora, para el sexenio 2025-2031-.

El 20, fue el turno -por segunda y no consecutiva vez en ocho años- del tóxico autócrata estadounidense Donald Trump -en este caso, para el cuatrienio presidencial 2025-2029-.

Pero la juramentación de Trump tuvo un componente cualitativamente peor, ya que se enmarcó en una indeseable coincidencia: se llevó a cabo en la exacta fecha -el tercer domingo de enero- en que, anualmente, se conmemora el legado del emblemático líder negro/religioso estadounidense Martin Luther King Jr, asesinado defensor de los derechos humanos.

De modo que el trumpismo -cuyo jefe es el convicto quien carga con cuatro procesos judiciales y decenas de delitos tipificados, incluido el cavernario intento golpista de 2017-, se ubicó en el centro de atención también en un día que debió ser de doble significación esperanzadora para los estadounidenses.

Pero Trump es la antítesis de lo que una juramentación presidencial representa, simbólicamente, para los estadounidenses, en general, y lo que el Día de MLK -ls iniciales de King- (MLK Day) significa en materia de lucha por la justicia social.

El repetitivamente amenazante discurso oscurantista con el cual inauguró su regreso a la Casa Blanca, fue, indudablemente, ilustrativo.

En una alocución propia de campaña electoral, reiteró su arsenal de amenazas, inexactitudes, expresiones ofensivas para el gobierno saliente -con el aún presidente Joe Biden y la aún vicepresidenta Kamala Harris presentes en la ceremonia escuchando, estoicamente, los falaces ataques verbales-.

Al inaugurar su segundo nefasto cuatrienio presidencial (2025-2029), el narcisista se mostró aún más patán que en el primero (2017-2021), autoelogiándose, amenazando al mundo con un proyectado poderío militar sin precedente, alimentando el peligroso ego colectivo de sus acríticos seguidores.

“La era de oro de Estados Unidos, inicia en este momento”, aseguró, en un recurrente leitmotiv de su discurso de poco más de 30 minutos, en el Capitolio -la sede del bicameral Poder Legislativo estadounidense-, específicamente, en la amplia área denominada la Rotonda.

“Desde este día, nuestro país florecerá y será respetado, nuevamente, en todo el mundo”, de modo tal que “seremos la envidia de todas las naciones, y no permitiremos que se sigan aprovechando de nosotros”, siguió afirmando, en su peligroso mesianismo.

“Durante cada uno de los días de la administración Trump, sencillamente, pondré, primero, a Estados Unidos”, continuó prometiendo, cual si se tratase de un acto de campaña electoral.

“Nuestra soberanía será recuperada, nuestra seguridad será restablecida, la balanza de la justicia será nuevamente equilibrada, el atroz violento, e injusto uso del Departamento de Justica y de nuestro gobierno, como arma, terminará”, expresó, asimismo, en evidente alusión a los procesos judiciales en su contra -los que ha calificado, indistintamente, como cacería de brujas, persecución política,

“Y nuestra más alta prioridad será crear una nación que es orgullosa, próspera, y libre”, por lo que “Estados Unidos será, pronto, más fuerte, más grande, y mucho más excepcional que nunca”, aseguró en el extenso desvarío imperialista -incluida una notoria amenaza de naturaleza militar-.

Ello, además de proferir disparates tales como que, “para los ciudadanos estadounidenses, el 20 de enero de 2025 es el ‘Día de la Liberación’”, y que, “a partir de este momento, se termina el deterioro de Estados Unidos”.

“Es mi esperanza que nuestra reciente elección presidencial sea recordada como la más grande y más significativa elección en la historia se nuestro país”, expresó.

Al respecto, hizo referencia a los procesos penales, así como a un confuso incidente en el cual, durante un acto proselitista en 2024, un francotirador -obviamente abatido por efectivos de seguridad- le disparó, supuestamente rozándole la oreja derecha.

“Aquellos quienes desearon detener nuestra cusa, han tratado de arrebatarme la libertad, y, en efecto, arrebatarme la vida”, planteó, para a continuación, aclarar, en desquiciamiento máximo, que “mi vida fue salvada, por una razón: yo fui salvado por Dios, para Hacer a Estados Unodos Grande Otra Vez (Make America Great Again)”.

Y, en recurrentemente inevitable autoelogio, combinado con un adelanto del autoritarismo para los próximos cuatro años, aseguró que “es por eso que, cada día, bajo nuestra administración de patriotas estadounidenses, estaremos trabajando para enfrentar cada crisis, con dignidad, y poder, y fuerza”, lo que, en su distorsionada visión de la realidad, marca “el inicio de una realmente nueva era de éxito nacional”.

Para empezar a consolidarla, firmó -poco después de su juramentación- una avalancha de decretos presidenciales -órdenes ejecutivas (executive orders)- que dan cumplimiento a amenazas de persecución xenofóbica, procuran materializar delirios de expansión territorial, violan derechos de poblaciones socialmente vulnerables, entre otras barbaridades.

Se inauguró firmando el decreto -o la orden- hipócrita y manipuladoramente titulada “Garantizando la Protección de los Estados contra una Invasión” (“Guaranteeing the States Protection against Invasión”).

Después de catorce mayoritariamente extensos párrafos introductorios, se establece, en la primer de seis largas secciones -referida a “Suspensión de Ingreso” (“Suspension of Entry”)-, que “proclamo (…) que la entrada a Estados Unidos, en o después de la fecha de esta orden, de extranjeros involucrados en la invasión a través de la frontera sur, es perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.

“Por lo tanto, ordeno que la entrada, a Estados Unidos, de tales extranjeros, sea suspendida hasta que yo emita una resolución de que la invasión en la frontera sur ha terminado”, se agrega.

En la cuarta sección -sobre “Suspensión Constitucional de Entrada Física” (“Constitutional Suspension of Physical Entry”)-, se determina que “suspendo la entrada física de cualquier extranjero involucrado en la invasión a través de la frontera sur de Estados Unidos”.

“Y ordeno, al Secretario (ministro) de Seguridad Interna (Homeland Security) y al Fiscal General (Attorney General), que emprendan acciones adecuadas según sea necesario para lograr los objetivos de esta proclamación, hasta que yo emita una resolución de que la invasión en la frontera sur ha terminado”, según la misma fuente.

En la quinta sección -sobre “Acciones Operativas para Repeler la Invasión” (“Operational Actions to Repel the Invasion”), se detalla el componente específicamente represivo del decreto.

Al respecto, se ordena que “el Secretario de Seguridad Interna, en coordinación con el Secretario de Estado (State), y con el Fiscal General, emprenderá todas las acciones adecuadas para repeler, repatriar, o remover a cualquier extranjero involucrado en la invasión a través de la frontera sur de Estados Unidos, en o después de la fecha de esta orden”.

Ello, “hasta que yo emita una resolución de que la invasión en la frontera sur ha terminado”.

La xenofobia también quedó fortalecida con la orden ejecutiva denominada “Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra una Invasión” (“Protecting the American People against Invasion”).

En la primera de sus 21 extensas secciones, se plantea el “Propósito”, mediante el señalamiento -obviamente alusivo al gobierno del presidente (2021-2025) Joe Biden, sin nombrarlo específicamente- de que “los pasados 4 años, la administración anterior invitó, administró, y supervisó una inundación sin precedente de inmigración ilegal en Estados Unidos”.

“Millones de extranjeros ilegales cruzaron nuestras fronteras, o se les permitió que volaran directamente hacia Estados Unidos en vuelos comerciales, y que se asentaran en comunidades estadounidenses, en violación de leyes Federales de larga data”, según la manipuladora argumentación -ceñida al xenofóbico libreto de Trump-.

“Muchos de estos extranjeros ilegalmente en Estados Unidos, presentan significativas amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública, cometiendo viles y atroces actos contra estadounidenses inocentes”, mietras que “otros están involucrados en actividades hostiles, incluido el espionaje, el espionaje económico, y preparativos para actividades relacionadas con terrorismo”, se indica en el texto.

Tambipen se asegura que “el cumplimiento de las leyes de inmigración de nuestra Nación es extremadamente importante para la seguridad nacional y la seguridad pública de Estados Unidos”.

Por lo tanto, “esta orden asegura que el Gobierno Federal proteja al pueblo estadounidense mediante la fiel implementación de las leyes de inmigración de Estados Unidos”.

Al respecto, la Sección 2, incluye la definición de que la política de Estados Unidos consiste en, “fielmente, ejecutar las leyes de inmigración contra todos los extranjeros no admisibles y pasibles de remoción, particularmente aquellos extranjeros quienes amenazan la seguridad del pueblo estadounidense”.

Igualmente, consiste en “lograr el total y eficaz cumplimiento de esas leyes, también a través de incentivos legales y capacidad de detención”.

Para la “Fiel ejecución de las Leyes de Inmigración”, en la sección 3, se determina que “los departamentos y agencias ejecutivos emprenderán toda acción adecuada para, prontamente, revocar todo memorándum, guía, u otras políticas que se basen sobre Órdenes Ejecutivas revocadas en (…) esta orden, y emplearán medios legales para asegurar” esa ejecución.

La represión xenofóbica se consolida en las tres siguientes secciones, que, respectivamente, abordan “Prioridades de Cumplimiento Civil” (“Civil Enforcement Priorities”), “Prioridades de Cumplimiento Penal” (“Criminal Enforcement Priorities”), y “Fuerzas de Tarea Federales de Seguridad Interna” (Federal Homeland Security Task Forces”).

En lo que tiene que ver con las fuerzas de tarea -identificadas como Hstf, la sigla de su nombre en inglés-, en la sección 6 se determina que el fiscal general y el Secretario de Seguridad Interna “emprenderán toda acción adecuada para, conjuntamente, establecer”, esas fuerzas, “en todos los Estados, a nivel nacional”.

También se indica que “la composición de cada HSTF será sometida a la dirección del Fiscal General y el Secretario de Seguridad Interna, pero incluirán representación de cualesquiera otras agencias Federales con agentes de cumplimiento de la ley, o agencia con la capacidad de proporcionar logística, inteligencia, y apoyo operativo, a las HSTFs”, y que “incluirán representación de todas las relevantes agencias de cumplimiento de las leyes Estatales y locales”.

Oficialmente, “el objetivo de cada HSTF es el de poner fin a la presencia de carteles criminales, pandillas extranjeras, y organizaciones criminales transnacionales, en todo Estados Unidos, desmantelar redes de tráfico humano transfronterizo, poner fin al flagelo del tráfico humano, con particular foco en tales delitos involucrando a niños”.

Las fuerzas de tarea también deben “asegurar el uso de todas las herramientas de cumplimiento de ley disponibles para ejecutar, fielmente, las leyes de inmigración de Estados Unidos”, según lo indicado.

No obstante la declarada especificidad de la tarea que deberán cumplir, nada garantiza que las Hstf se limitarán a perseguir a extranjeros involucrados en actividades delictivas y que no cazarán -implementado un discriminatorio “perfil racial”- a cualquier persona quien, según los prejuiciados estereotipos xenofóbicos, presente rasgos étnicos “sospechosos”.

Es, exactamente, lo que ocurrió, por ejemplo, durante la sanguinaria dictadura guatemalteca dirigida por el general Efraín Ríos Montt (1982-1983), cuando las patrullas militares que salían, por la noche, a ajusticiar delincuentes, asesinaban, también, a opositores.

El autoritarismo imperialista quedó igualmente manifestado en la orden ejecutiva sobre “Denominación de Carteles y Otras Organizaciones como Organizaciones como Organizaciones Terroristas Extranjeras, y Terroristas Globales Especialmente Denominados” (“Designating Cartels and Other Organizations as Foreign Terrorist Organizations and Specially Designated Global Terrorists”).

En la primera de las cuatro secciones de este decreto, al determinar el “Propósito” de la disposición, se indica que “esta orden crea un proceso por el cual ciertos carteles internacionales -los Carteles-, y otras organizaciones, serán designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras”.

Ello, debido a que “los carteles internacionales constituyen una amenaza de seguridad nacional más allá de la que presenta el crimen organizado”.

Esa ampliada amenaza incluye “convergencia entre ellas y una gama de actores extrahemisféricos, desde organizaciones terroristas extranjeras designadas hasta gobiernos antagonistas”.

Además, comprende “complejos sistemas de adaptación, característicos de entidades involucradas en insurgencia y guerra asimétrica”, así como “infiltración e gobiernos extranjeros a nivel del Hemisferio Occidental”.

La justificación del decreto menciona, específicamente, a grupos de crimen organizado tales como el Tren de Aragua (TdA) -venezolano- y la Mara Salvatrucha (MS-13) -salvadoreña-, estructuras que “presentan similares amenazas a Estados Unidos”.

Ambas, constituyen componentes obsesivos del discurso xenofóbico trumpiano, que apunta a satanizar a todos los inmigrantes irregulares, particularmente los latinoamericanos, que, según el presidente, llegan desde “países de mierda” (“shithole countries”)-.

“Sus campañas de violencia y terror, en Estados Unodos e internacionalmente, son extraordinariamente violentas, crueles, y, similarmente, amenazan la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental”, de acuerdo con lo señalado en el decreto.

“Los Carteles y otras organizaciones transnacionales, tales como TdA y MS-13, operan tato dentro como fuera de Estados Unidos”, por lo que representan una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional, la política exterior, y la economía de Estados Unidos”, según el texto, por lo que “declaro una emergencia nacional (…)para enfrentar esas amenazas”.

En la segunda sección, se indica que “la política de Estados Unidos es la de asegurar la total eliminación de la presencia de esas organizaciones en Estados Unidos, y su capacidad para amenazar el territorio, la seguridad ciudadana, y la seguridad de Estados Unidos, a través de sus estructuras extraterritoriales de comando y control”.

La idea oficial consiste en “proteger, así, al pueblo estadounidense, y la integridad territorial de Estados Unidos”.

Esa denominación ha sido objeto de crítica, lo mismo dentro que fuera de Estados Unidos, destacándose la firme actitud de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum -la primera mujer en el ejercicio del cargo, en el país latinoamericano fronterizo con Estados Unidos-, quien asume, con carácter, la confrontación verbal generada por su insolente contraparte estadounidense.

En tal contexto, a una pregunta en conferencia de prensa, días antes de la juramentación en Washington, sobre informaciones de que no sería invitada, Sheinbaum respondió: “no pasa nada”.

Por su parte, en el marco de la insultante posición que mantiene respecto a México -lo que, indudablemente, incluye un fuerte componente de infaltable misoginia-, Trump firmó, en la primera jornada de su nuevo cuatrienio en la Casa Blanca, el decreto presidencial titulado “Restableciendo Nombres que honran la Grandeza Estadounidense” (“Restoring Names that honor American Greatness”).

En la cuarta de sus seis secciones -la que se refiere al “Golfo de Estados Unidos” (“Gulf of America”), se indica, con injuriosa redacción imperialista, que “el área antes conocida como el Golfo de México, ha sido, durante largo tiempo, un bien integral de nuestra otrora pujante Nación, y ha permanecido como una parte imborrable de Estados Unidos”.

“El golfo fue una arteria crucial para el comercio inicial de Estados Unidos, y global”, además de que “es el golfo más grande del mundo”, y que “sus recursos naturales y su fauna siguen siendo centrales para la economía estadounidense, hoy”, de acuerdo con lo hipócritamente señalado en modo de información oficial.

“La generosa geología de su cuenca lo ha convertido en una de las más prodigiosas regiones de petróleo ny gas en el mundo, proporcionando aproximadamente 14% de la producción de petróleo crudo de nuestra Nación, y una abundancia de gas natural”, según la descripción contenida en el decreto -la que surge como probable confesión respecto a la verdadera motivación trumpiana detrás de la provocación-.

Todo ello, “consistentemente impulsa nuevas e innovadoras tecnologías que nos han permitido explotar algunos de los más profundos y más ricos reservorios petrolíferos del mundo”, de acuerdo con lo indicado, que, además, incluye referencias a la importancia del golfo en materia pesquera, naviera, y turística.

“El golfo seguirá desempeñando un papel clave en la forja del futuro de Estados Unidos y de la economía global, y, en reconocimiento de este floreciente recurso económico y su crítica importancia para la economía de nuestra Nación y de su pueblo, estoy ordenando que sea oficialmente renombrado como el Golfo de Estados Unodos (Gulf of America)”.

El golfo, cuya superficie cubre alrededor de 1.5 millones de kilómetros cuadrados, es compartido por Estados Unidos, México, y Cuba -en orden de extensión de aguas territoriales: en ese orden, 800 mil, 600 mil, y 100 mil kilómetros cuadrados-.

Lo bordean las costas de, respectivamente, los sureños estados de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama y Florida -en Estados Unidos-, los orientales estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, y Yucatán -en México-, y las occidentales provincias de Pinar del Río y Artemisa -en Cuba-.

Seguramente, el autócrata desconoce que su decisión es -en el mejor de los casos- de exclusiva aplicación interna estadounidense, que el absurdo cambio de nombre no es de obligatoria aplicación internacional.

Sheinbaum lo dejó claro, cuando, en conferencia de prensa realizada el 8 de enero, en la capital mexicana -12 días antes de la nueva juramentación presidencial de Trump-, ante la insistencia del estadounidense respecto al cambio de nombre-, refutó -con poderoso humor político de alta calidad- la estupidez imperialista.

Lo hizo, delante de un mapa histórico que muestra el territorio robado, a mediados del siglo 19, por Estados Unidos, a México, con la denominación América Mexicana.

“Por qué no le llamamos ‘América Mexicana’?”, preguntó, sonriendo.

Y agregó: “se oye bonito, no?”, agregó.

Al inaugurar su segundo cuatrienio presidencial, Trump insistió en adjudicarse éxito, y en proyectarse como el líder que -obviamente- no es.

“Estamos en el umbral de los más grades cuatro años en la historia estadounidense”, tiempo en el cual “vamos a restaurar la promesa estadounidense, y vamos a reconstruir la nación que amamos”, aseguró, en una exhortación, a todos los estadounidenses, a apoyarlo.

“En años recientes, nuestra nación ha sufrido mucho, pero vanos a recuperarla, y a hacerla grande otra vez, más grande que nunca antes”, agregó.

Exagerando en triunfalismo -y en amenazante autoritarismo-, vaticinó: “Estados Unidos va a ser respaldo, otra vez, y admirado, otra vez (…) vamos a ser fuertes y vamos a ganar como nuca antes”, porque “no vamos a ser intimidados”.

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