En un giro reciente en las relaciones comerciales entre Costa Rica y Panamá, el conflicto por el bloqueo de productos lácteos costarricenses ha alcanzado un punto álgido. Este viernes 24 de enero, la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica (CNPL) acusó al gobierno panameño de emplear “pretextos sanitarios” para aplicar lo que considera una política proteccionista que, según Costa Rica, afecta injustamente su sector lácteo.
La controversia se origina en la decisión de Panamá de apelar un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitido el 5 de diciembre de 2024, que favoreció a Costa Rica. En este fallo, un panel arbitral concluyó que las restricciones impuestas por Panamá a ciertos alimentos de Costa Rica no tenían base científica ni técnica, sino que respondían a un intento de bloquear las exportaciones lácteas del país vecino.
Ivannia Quesada, presidenta de la CNPL, expresó su descontento con la decisión de Panamá de apelar. “Lamentamos mucho que, a pesar del fallo claro de la OMC, el gobierno panameño insista en recurrir al proceso de apelación, lo que solo retrasa una resolución justa para ambas naciones,” señaló Quesada. Según ella, la negativa a resolver el conflicto por la vía del diálogo bilateral ha sido la constante en las interacciones de los dos gobiernos desde 2020.
Además, la presidenta de la CNPL sostiene que el conflicto no tiene justificación sanitaria y acusa a Panamá de aplicar una política proteccionista disfrazada. “Este bloqueo no tiene fundamento técnico, y el fallo arbitral lo deja claro. La prohibición de importar productos lácteos costarricenses discrimina de manera injustificada a 16 establecimientos de Costa Rica frente a otros como Perú y Nueva Zelanda,” agregó Quesada.
El gobierno de Costa Rica ha propuesto en varias ocasiones que ambos países lleguen a un acuerdo para resolver la disputa mediante un mecanismo alternativo de apelación, a través de un arbitraje que permita un fallo rápido. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por las autoridades panameñas, quienes optaron por seguir apelando el caso en la OMC. Este rechazo ha sido interpretado como una muestra de falta de voluntad política de Panamá para resolver la situación de manera efectiva.
Los productores costarricenses también han expresado su frustración por el impacto de esta situación en los consumidores panameños, quienes se han visto privados de productos lácteos de alta calidad provenientes de Costa Rica. “El gobierno de Panamá no solo está perjudicando a los productores costarricenses, sino que también está afectando a sus propios consumidores al impedir el acceso a estos productos,” indicó Quesada.
Desde el otro lado, los gremios representados por el Comité Técnico Pro Sector Lácteo de Panamá, como la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) y la Asociación de Productores de Leche de Provincias Centrales (Aplepc), han defendido el código sanitario de Panamá, asegurando que este es más riguroso que el de Costa Rica. Además, han negado que haya habido aumentos de precios o desabastecimiento de productos lácteos en Panamá debido a la suspensión de importaciones.
La disputa, que ha estado en el centro del comercio bilateral durante los últimos tres años, podría tener repercusiones más allá del sector lácteo, afectando las relaciones políticas y económicas entre los dos países. A raíz de este conflicto, la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica ha solicitado al gobierno que revalúe las relaciones con Panamá en áreas cruciales como la migración, la colaboración internacional y la integración regional.
Este episodio resalta la compleja interrelación entre la política comercial, la seguridad alimentaria y los intereses económicos, mostrando cómo un conflicto aparentemente técnico puede desencadenar tensiones diplomáticas de gran escala entre países vecinos.
