Congreso de México debate dos iniciativas clave: reconocer derechos LGBTTTIQ+ en la Constitución y eliminar delito que criminaliza a personas con VIH
Ciudad de México. — La Cámara de Diputados de México discute un paquete de iniciativas legislativas que podrían marcar un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTIQ+. El diputado federal Jaime López Vela, presidente de la Comisión de la Diversidad Sexual, anunció dos reformas centrales: la derogación del delito de “riesgo de contagio” del Código Penal Federal, que criminaliza a personas que viven con VIH, y el impulso de una reforma constitucional para reconocer los derechos de la diversidad sexual, con énfasis en la identidad de género.
La información fue dada a conocer en una rueda de prensa realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con la participación de funcionarios estatales de Michoacán y Quintana Roo, quienes expusieron avances locales en políticas públicas de inclusión y combate a la discriminación.
El eje central: eliminar el delito de “riesgo de contagio”
La iniciativa más avanzada es la derogación del delito de “riesgo de contagio”, una figura penal vigente en el Código Penal Federal que, de acuerdo con López Vela, no protege la salud pública , sí fomenta la estigmatización y criminalización de las personas que viven con VIH.
El legislador explicó que el Congreso del estado de Colima aprobó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso federal a eliminar este delito, lo que dio un nuevo impulso al proceso. Actualmente, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados ya emitió un dictamen favorable, el cual cuenta además con el respaldo del secretario de Salud, David Kershenobich.
“Estamos expectantes a que muy pronto se suba este dictamen al Pleno”, declaró López Vela, quien subrayó que la legislación penal ya contempla figuras para sancionar las conductas dolosas que buscan causar daño, como las lesiones intencionales, por lo que mantener este delito resulta redundante y discriminatorio.
Ante la oposición de algunos legisladores, la respuesta fue categórica: “Una persona que dolosamente busque hacer daño está tipificada en el Código Penal Federal. Eso seguirá así. Lo que no puede seguir es la criminalización automática de quienes viven con VIH”.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTTTIQ+ han señalado que este delito desincentiva el diagnóstico temprano, promueve el silencio y refuerza el estigma, alejándose de los enfoques de salud pública basados en derechos humanos recomendados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Reforma constitucional: hacia el reconocimiento de la identidad de género
En paralelo, el legislador impulsa una reforma de mayor alcance: el reconocimiento constitucional de los derechos de las poblaciones LGBTTTIQ+, comenzando con la presentación de la Ley General Trans, programada para el 18 de febrero de 2026.
Esta iniciativa busca sentar las bases legales para el reconocimiento del derecho a la identidad de género en todo el país, estableciendo un piso mínimo de protección jurídica uniforme en las 32 entidades federativas.
“La población trans es una de las más históricamente vulneradas dentro de la diversidad sexual. Esta ley busca garantizar derechos básicos, combatir la discriminación estructural y avanzar hacia la igualdad sustantiva”, afirmó López Vela.
La ruta legislativa contempla que esta ley general sea el primer paso hacia una reforma constitucional, proceso que requerirá amplios consensos políticos y la aprobación de la mayoría de los congresos estatales.
Premios, protocolos y políticas públicas
Como parte de una estrategia integral, el diputado anunció una serie de acciones complementarias:
Premio económico a activistas: Se exhortará a los estados a crear un reconocimiento anual, con estímulo económico, para personas defensoras de los derechos de la diversidad sexual, en el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Michoacán es actualmente la única entidad que ya cuenta con un premio de este tipo.
Protocolo homologado de investigación: Se impulsará que todas las fiscalías estatales adopten el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra las Personas de la Diversidad Sexual, publicado en septiembre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de combatir la impunidad en agresiones y crímenes de odio.
Avances locales: Michoacán y Quintana Roo
Durante la conferencia, funcionarios estatales presentaron experiencias que muestran avances significativos en el ámbito local.
En Michoacán, Guillermo Maldonado Silva destacó la existencia del Premio Michoacano del Orgullo a la Diversidad Sexual desde 2023, así como la incorporación de activistas en el Plan Estatal de Persecución de Delitos, para crear una unidad especializada y un micrositio de denuncias. Se estima que alrededor de 300,000 personas en el estado se autoidentifican como parte de la diversidad sexual, lo que ha impulsado la exigencia de presupuestos específicos.
En Quintana Roo, Linger Méndez Vidal subrayó que se logró que el cambio de identidad de género sea gratuito en los municipios, además de la creación de direcciones de atención a la diversidad sexual en los 11 ayuntamientos. Actualmente, se trabaja en la conformación de una autoridad estatal centralizada en la materia.
Una ruta legislativa con impacto regional
Las iniciativas impulsadas por López Vela se inscriben en una tendencia regional orientada a superar enfoques punitivos y avanzar hacia marcos normativos basados en derechos humanos, inclusión y salud pública.
La derogación del delito de “riesgo de contagio” podría votarse en el Pleno de la Cámara de Diputados en las próximas semanas, mientras que la Ley General Trans iniciará su proceso legislativo el 18 de febrero.
De aprobarse, estas reformas marcarían un avance histórico para los derechos LGBTTTIQ+ en México, consolidando un giro legislativo desde la criminalización hacia el reconocimiento pleno de la dignidad, la igualdad y la justicia social.
