La reciente divulgación del comunicado institucional “Cenare fortalece la atención inclusiva con capacitación en Lesco” por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) generó expectativas legítimas en distintos sectores sociales y municipales sobre el posible apoyo interinstitucional en materia de interpretación en Lengua de Señas Costarricense (LESCO), especialmente en espacios públicos de participación democrática.
Sin embargo, ante una consulta periodística formal, la propia CCSS fue clara en establecer un límite fundamental: la capacitación básica en LESCO que reciben funcionarios de salud no los convierte en intérpretes profesionales, ni habilita a la institución para suplir ese servicio en otros órganos del Estado, como concejos municipales.
Así lo señaló el doctor Roberto Aguilar Tassara, director general del Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE), en respuesta canalizada por la Dirección de Comunicación Organizacional de la CCSS.
“La CCSS, a través del CENDEISSS, capacitó personal para la atención de los pacientes, pero no son intérpretes. Los intérpretes tienen una capacitación diferente por parte del INA y son certificados”, indicó el jerarca.
Inclusión en salud, no sustitución de funciones
El comunicado institucional de diciembre de 2025 destacó como un logro la formación de personal de terapia, farmacia, nutrición, registros médicos, enfermería y administración en LESCO, con el objetivo de mejorar la comunicación directa con personas usuarias sordas dentro del ámbito sanitario.
Desde esa perspectiva, la capacitación cumple un rol importante en la atención inclusiva en salud, fortaleciendo la adherencia a los tratamientos y el trato digno a las personas con discapacidad auditiva. No obstante, la CCSS subraya que este esfuerzo no puede extrapolarse a funciones de interpretación simultánea en órganos colegiados, ni a la cobertura de obligaciones legales de otras instituciones.
“El personal capacitado tiene otras funciones sustantivas que no pueden abandonar para interpretar sesiones externas, dejando sin atención sus puestos”, explicó Aguilar Tassara.
La vía correcta: contratación administrativa de intérpretes
La respuesta institucional apunta directamente a una ruta clara y legal: la contratación administrativa de intérpretes profesionales en LESCO, debidamente certificados y con dominio de lenguaje técnico, especialmente en contextos como sesiones municipales, juntas directivas u otros espacios deliberativos.
Incluso, el director del CENARE recordó que el propio Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) utiliza esta modalidad para garantizar la accesibilidad en sus sesiones formales, lo mismo que deben hacer las municipalidades obligadas por sentencias de la Sala Constitucional.
“Esto es lo correcto: debe ser un intérprete profesional y además manejar el lenguaje técnico que se habla en estos órganos colegiados”, afirmó.
Un debate de fondo: accesibilidad y responsabilidades institucionales
El intercambio evidencia un punto clave en el debate nacional sobre accesibilidad: la buena voluntad y la capacitación interna no sustituyen las obligaciones jurídicas del Estado. La inclusión real requiere presupuesto, planificación y respeto a los estándares profesionales, evitando soluciones improvisadas que, lejos de garantizar derechos, pueden precarizarlos.
En un contexto donde se multiplican las sentencias constitucionales que ordenan garantizar interpretación en LESCO en espacios públicos, la posición de la CCSS deja un mensaje contundente: la accesibilidad no es un favor ni una carga opcional, sino una responsabilidad institucional que debe asumirse con seriedad técnica y legal.
El desafío ahora recae en gobiernos locales y otras entidades públicas, que deberán dejar de buscar atajos y avanzar hacia modelos sostenibles de contratación de intérpretes, en cumplimiento de la Ley 7600, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la jurisprudencia constitucional vigente.
