Cacería golpista en Guatemala: Ministerio Público operando como escuadrón nazi

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El golpismo guatemalteco está perdiendo el autocontrol, porque Bernardo Arévalo y Karin Herrera siguen venciendo los obstáculos para impedir que se conviertan, el 14 de enero, respectivamente, en los próximos gobernantes constitucionales del país.

A medida que se acorta la distancia calendaría, la criminalidad política chapina siente que el atípico Golpe Estado que empezó a implementar a raíz del demoledor triunfo electoral del team anticorrupción -algo más de 60 por ciento, en la definitoria segunda vuelta, en agosto-, no está resultando tan sencillo como los conspiradores imaginaron.

La metamorfosis del Ministerio Público (MP) en fuerza golpista, en arma de represión política, en componente clave de la violación del orden constitucional que está en marcha, pasó a un nuevo nivel de peligrosidad: la decisión de eliminar la inmunidad de Arévalo, Hernández, lo mismo que de diputados en ejercicio y diputados electos, para someterlos a alguna espuria judicialización.

El MP pasó así, de ilegítimos allanamientos a instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) -incluida la ilegal incautación de boletas y otros materiales usados en la reciente votación- en procura de documentar supuestas irregularidades en el registro de Semilla, a acusar -a Arévalo, Hernández, y otros dirigentes- de haber cometido delitos.

El cambio implicó la realización, el 16 de noviembre, de decenas de allanamientos simultáneos en viviendas dirigentes políticos de Semilla y organizaciones políticas afines, acusados de haber participado en la ocupación de las instalaciones de la histórica Universidad San Carlos de Guatemala (Usac).

La acción -iniciada el 19 de mayo de 2022 y concluida el 9 de junio de 2023- se llevó a cabo en protesta contra el denunciado fraude en la elección -el año pasado- de Walter Mazariegos como rector del centro de estudios superiores -cargo que sumió dos meses después de la votación-.

Los organizadores de la protestas denunciaron que Mazariegos conspiró para que, el día del sufragio, solamente tuviesen acceso, a las instalaciones, los votantes identificados como su base de apoyo.

De acuerdo con versiones periodísticas del momento, la mayoría del electorado universitario fue reprimido, policialmente, para impedir su ingreso.

A raíz de ello, Mazariegos fue sancionado por el gobierno de estados Unidos, cuyo Departamento de Estado lo acusó de “socavar los procesos e instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en de 2022, tras un proceso de selección fraudulento”.

Instalado como rector de la Usac, Mazariegos se alineó con la golpista fiscala general de la República, Consuelo Porras -a su vez, también sancionada por Estados Unidos, en su caso, por socavar la institucionalidad democrática, además de minar el combate contra la corrupción-.

El delictivo MP informó, en la conferencia de prensa del 16 de noviembre, a través El jefe de Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, Ángel Saúl Sánchez, formalizó la cacería.

Al dar a conocer detalles del caso denominado “Toma de la Usac: botín político”, anunció la decisión del MP de solicitar antejuicio -para levantar la inmunidad- contra Arévalo, Hernández, y diputados tanto en funciones como electos por los centroizquierdistas partidos Semilla, y Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS).

También informó sobre la realización, simultánea -mientras hablaba-, de 31 allanamientos, para detener a 27 personas -incluidos ex candidatos a cargos de elección popular, así como docentes y estudiantes universitarios-.

La excusa formulada por Sánchez, para tratar de justificar las acciones de características nazis perpetradas por la fiscalía a su cargo, se centró en afirmar que la ocupación de la Usac fue de naturaleza política.

Según el fiscal, “hay indicios de asociación ilícita, en la toma de la Usac, y se hizo con fines políticos”.

“El partido Movimiento semilla utilizó, como plataforma política, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, para su candidatura de los comienzos anteriores (sic)”, aseveró, para agregar que “eso está materializado en todas las redes sociales”.

“Pero, lo que debemos entender, en una forma de conjunto, que todos los actores hicieron una parte”, planteó, evidenciando su deficiente capacidad de sintaxis.

“Los estudiantes, tomaron la universidad, y otros actores políticos, utilizaron sus cargos y redes sociales para instigar, para promover, y para decir que estaban presentes en su lucha”, agregó.

Como parte de los fake elementos probatorios de sus afirmaciones, Sánchez mostró, por ejemplo, una foto en la que aparecen aproximadamente 10 personas -mayoritariamente, mujeres-, en todos los casos, usando tapabocas como las que se popularizaron durante la pandemia de Covid-19 -lo que, obviamente, impide identificar rostros-.

Debajo de la imagen, se observa el logo del MP, y sobre ella, aparece la inscripción “quema de un automóvil dentro de USAC 04/08/22 Presente Karen Larissa Herrera Aguilar”, en alusión a la vicepresidenta electa.

Una mujer -cuyo rostro es casi completamente cubierto por la máscara, y por la cabeza con gorra de otra mujer, ubicada exactamente adelante-, es señalada como si fuese Herrera.

El MP manipuló el hecho de que la mujer en la foto presenta cabello de color similar al de Herrera, y peinado de manera parecida, para trazar un círculo rojo alrededor de la cabeza, y aseverar que se trató de la vicemandataria electa.

En alusión al automotor mencionado en el texto que acompaña la imagen, Sánchez incurrió en la narrativa de que, en la fecha indicada, “se coloca un vehículo, dentro de la universidad, y aparecen ciertos actores políticos importantes, en dicha toma”.

En referencia específica a diputados entonces en ejercicio, el fiscal afirmó que “han utilizado su cargo público, para valerse y tomar la universidad, de una forma ilícita”.

A continuación, dijo que, “cuando vemos las investigaciones, vemos un resultado dañino contra universidad”, y agregó que “tiene un daño de 90 millones de quetzales (casi 11.5 millones de dólares) en su estructura física, y, también, el daño que se le hizo a la población estudiantil, más de 250 mil personas”.

En otro material gráfico -que contiene fotos individuales de los ocho dirigentes a quienes se decidió privar de inmunidad -incluidos Arévalo y Herrera-, se lee la inscripción “Solicitudes de retiro de Antejuicio” -probablemente se quiso señalar “solicitudes de retiro de inmunidad para antejuicio”-.

Inmediatamente debajo, se lee: “Posibles delitos: depredación de bienes culturales en forma continua, asociación ilícita y tráfico de influencias”.

Según la versión oficial, expuesta por Sánchez, “nosotros vamos verificando las acciones que van consumándose, por cada uno de los indicados”.

“Cuando nosotros verificamos las redes sociales en los eventos que se van manifestando, y las grabaciones que tenemos ya estudiadas, analizadas por el Departamento de Análisis Criminal, establecemos, claramente, que hay una línea de tiempo en la cual la universidad es un botín político”, siguió diciendo.

De acuerdo con la versión oficial, en ese contexto, fueron identificados “ciertos actores políticos más importantes en la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y, a eso, nos referimos al señor Bernardo Arévalo de León, que, mediante su cuenta de Twitter, de Facebook, y otras redes sociales, comienza a manifestar por la toma de la universidad”, agregó Sánchez.

“Va agarrando un contexto, el tema político, ya que la universidad es utilizada, por estos actores políticos, para los comicios del año 2023”, aseveró, a continuación.

En declaraciones reproducidas, el 16 de noviembre, por la British Broadcasting Corporation (BBC), Arévalo advirtió que, en el contexto de la campaña de intimidación generalizada que el MP está llevando a cabo, no descarta la posibilidad de ser detenido, al igual que integrantes de su equipo de colaboradores inmediatos.

“Lo vemos como una posibilidad, lo están anunciando”, aseguró, en alusión a la conferencia de prensa de Sánchez.

“Inclusive, uno podría decir que hay una campaña psicológica de intimidación, donde anuncian que hay detenciones inminentes de miembros de nuestro partido”, precisó.

La persecución obedece a que “nosotros ganamos la elección sobre la base de un compromiso con las transformación del país, que empieza por eliminar la corrupción, que ha sido el obstáculo fundamental para el desarrollo”, planteó.

“Como ese ha sido nuestro compromiso, lo que hay, ahora, por parte de quienes no pensaban que íbamos a llegar hasta este momento, es la preocupación de que esa estructura que han montado, está a punto de empezar a desaparecer, en la medida en que el control del organismo ejecutivo es central para hacer funcionar esa maquinaria de corrupción”, explicó.

Por ello, está en desarrollo “una persecución política que se hace de manera absolutamente ilegal, violando competencias establecidas constitucionalmente, y es por ese medio que se está intentando violentar la voluntad popular expresada, libremente, en las elecciones”, dijo.

En la visión de Arévalo, “la política, si no se ejerce desde una base ética, se convierte en un negocio de mercaderes”.

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