George Rodríguez/Foto-George Rodríguez
El combate a la dictadura que oprime a Nicaragua requiere, en este momento, de la comunidad internacional, la aplicación de sanciones fuertes complementadas por la firme condena al fraude electoral rumbo a los ilegítimos comicios del mes próximo.
Mientras mantenga el presente mecanismo dual -que consiste en sancionar y, simultáneamente, financiar a la tiranía-, la comunidad internacional estará, en realidad, fortaleciendo al criminal y corrupto régimen al cual se necesita, urgentemente, debilitar hasta que abandone el poder.
Simultáneamente, el ilegal triunfo que el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo están fabricando, para la votación del 7 de noviembre -en la que buscan reelegirse-, tiene que, necesariamente, ser seguido por el masivo desconocimiento mundial, sumado al aislamiento -político y financiero- del continuista e ilegítimo gobierno encabezado por la pareja dictatorial.
Las conclusiones surgen del planteamiento formulado por el exiliado secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), el abogado Álvaro Leiva, durante la reunión que desarrolló, el 18 de octubre, con embajadores y otros representantes diplomáticos de países de la Unión Europea (UE), así como de la Organización de los Estados Americanos (OEA), y de Estados Unidos y Paraguay, acreditados en Costa Rica.
La extensa y documentada exposición presentada por Leiva -asilado político, desde 2018, en Costa Rica-, incluyó varios puntos de reflexión, además de lo que describió como “la radiografía de los derechos humanos en Nicaragua”.
El activista esbozó, asimismo, propuestas concretas en cuanto a acciones a implementar, con miras al proceso que definió como una transición de dictadura a democracia, las que deben, necesariamente, apoyarse en los derechos humanos.
Ese accionar requiere, como apoyo clave de la comunidad internacional, la voluntad política necesaria para contribuir, decisivamente, a la remoción pacífica de la dictadura Ortega-Murillo.
Al exponer el primero de cuatro puntos iniciales de reflexión de su presentación, Leiva formuló un planteamiento clave, que tendría que conducir, a la comunidad internacional -en este caso específico a los gobierno representados en la reunión-, a ubicarse en la realidad del drama que golpea a los nicaragüenses: la dictadura se burla, sistemáticamente de declaraciones y de sanciones, y mantiene la ruta de la brutal represión y la obscena corrupción.
“Mientras altos personeros de la dictadura Ortega-Murillo son sancionados, el régimen ha recibido más de 2 mil 695 millones de dólares, solamente desde febrero de 2019 hasta agosto de 2021, de parte de entidades financieras regionales e internacionales”, denunció Leiva, durante el encuentro de algunas horas, llevado a cabo en la sede de la representación diplomática de la UE en San José, la capital costarricense.
También cuestionó la eficacia de la constante canalización de fondos a organizaciones que anuncian iniciativas, con miras al cambio, aunque las propuestas no han tenido la incidencia que se requiere para debilitar a la dictadura -acorralándola, hasta lograr su quiebre-.
- “¿Qué resultados verificables se han logrado con el financiamiento a proyectos dirigidos a la restitución de la Paz Social, libertad y el respeto a los derechos humanos y la Democracia en Nicaragua?”, preguntó, al respecto.
El activista se refirió, igualmente, a la perspectiva de que Ortega formule -después de su falso triunfo del 7 de noviembre- una nueva propuesta de diálogo político -luego de los dos frustrados intentos que tuvieron lugar, mediados por la Iglesia católica, al inicio de la violenta crisis sociopolítica estallada, en abril de 2018, en Nicaragua.
En ese sentido, restó validez a un planteamiento de esa naturaleza, que se apoyaría en el fortalecimiento dado por el nuevo y espurio triunfo electoral, y que sería, por lo tanto, generado por un régimen apoyado en la fuerza de la represión sin miramientos, y la corrupción masificada.
Luego de tres derrotas consecutivas -1990, 1997, 2001- Ortega fue el vencedor en los comicios de 2006, y, mediante una reforma constitucional -flagrantemente ilegal-, que le permite reelegirse indefinidamente, fabricó sus sucesivos 
triunfos en 2011 y 2016, apuntando, ahora, a lo mismo.
- “¿Es posible un diálogo político inclusivo con un gobierno que, en el ejercicio de su función, comete crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, genocidio viral, violaciones atroces a los derechos humanos, limpieza étnica y mantiene a todos sus ciudadanos en un país como cárcel?”, volvió a preguntar Leiva, cuyo activismo en materia de derechos humanos data de más de tres décadas.
Respecto a la probabilidad de que Ortega formule, nuevamente, la propuesta de engañosas conversaciones -con interlocutores que habrá de seleccionar-, el defensor de los derechos humanos apuntó a las ocultas motivaciones personales que ello tendría.
Al plantear la puntual interrogante en el sentido de qué pretendería Ortega, “con un supuesto diálogo político”, el abogado subrayó cuatro necesidades que el cuestionado mandatario aspira a resolver.
Se trata de “impunidad, tratando de evitar la justicia universal, por crímenes de lesa humanidad” cometidos por la dictadura, comenzó a enumerar.
Igualmente, “mantener una cuota de poder político -para “gobernar desde abajo”, como ocurrió en 1990-“, agregó, en alusión a la primera de las tres derrotas electorales consecutivas sufridas por Ortega como el perenne candidato presidencial -desde 1985- del nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Asimismo, “conservar su riqueza producto del narcotráfico, lavado de dinero, crimen organizado y negocios ilícitos”.
Todo lo anterior, sumado a “quedarse en Nicaragua”.
En el abordaje del tema central de su disertación -titulada “Nicaragua hacia la Democracia desde la perspectiva de los Derechos Humanos”-, Leiva aseguró que ese tránsito es posible, “a través del planteamiento de acciones, convertidas en proyectos”.
El requisito básico que planteó consiste en que sean “viables, reales, innovadoras”, además de “reconocidas por la comunidad internacional, dentro del marco del derecho nacional, internacional, y de los derechos humanos”.
- Esencialmente, esas acciones, que requieren financiamiento internacional deben tener “resultados verificables”, lo que significa “rendición de cuentas de verdad”.
Leiva aludió así a la imprescindible necesidad de que los fondos que sea posible recibir, para el éxito en el enfrentamiento pacífico a la dictadura, sean impecablemente invertidos, y su uso igualmente comprobado frente a los cooperantes.
Las acciones tienen que, necesariamente, estar “encaminadas a incidir y ejecutar, con la asistencia y financiamiento de países aliados y comprometidos con la promoción y el respeto a la democracia y los derechos humanos”, explicó.
Ello, “para promover justicia y competencia universales”, así como el “principio de la responsabilidad de proteger (los derechos humanos)”, componentes incluidos, respectivamente, en el informe elaborado, en 2018, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y en la Resolución 60/1 de la Cumbre Mundial de 2005 llevada a cabo por Naciones Unidas, puntualizó.
En el caso del GIEI, este grupo de trabajo de la Organización de los Estados americanos (OEA) fue expulsado, en diciembre de 2018, de Nicaragua, mientras se aprestaba a dar a conocer, en Managua -la capital nacional-, el informe que, algún tiempo después, presentaría en Washington -sede de la entidad continental-, durante una sesión del Consejo Permanente.
De acuerdo con lo explicado por el activista nicaragüense, la promoción de esos principios debe canalizarse por la vía de “la apertura de procesos judiciales por la comisión de crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, genocidio viral, violaciones atroces a los derechos humanos, limpieza étnica”.
También, mediante “más sanciones individuales, institucionales y del Estado”, lo mismo que “presión internacional –(cese de) financiamientos internacionales, aislamiento diplomático (por parte) del sistema interamericano, universal y bilateral-, voluntad política para emprender procesos de justicia penal universal”.
- “Todo ello trayendo como resultado, la restitución de la Paz Social, la libertad, el respeto a los derechos humanos y la Democracia”, precisó.
En opinión de Leiva, es necesario pasar, de la retórica a la acción, para lo cual la Anpdh -que, desde 2018, trabaja en el exilio, en Costa Rica- cuenta con lo que el abogado definió como un plan que, en el frente de lucha de las garantías fundamentales, puede constituir una contribución decisiva a los esfuerzos antidictatoriales.
Al respecto, señaló que, fundada en 1983, la asociación “desarrolla un trabajo inclusivo que le permite mantener relaciones estratégicas con diferentes plataformas políticas y sociales representativas, en Nicaragua y en el exterior, lo cual le facilita desarrollar un real PLAN DE ACCIONES que constituya una contribución decisiva a la búsqueda de la urgente solución a la dramática crisis sociopolítica y humanitaria que, desde abril de 2018, golpea al pueblo nicaragüense”.
En tal contexto, la Anpdh ha “elaborado una estrategia que conduce a limitar al régimen Ortega-Murillo en su accionar de violaciones a los derechos humanos, permitiendo al pueblo de Nicaragua ejercer sus derechos políticos y civiles para un proceso de transición, de la dictadura a la democracia, y el respeto pleno a sus derechos humanos”, comenzó a explicar.
“La iniciativa consiste en la construcción de una propuesta pacífica, democrática, desde la perspectiva de los derechos humanos, con la participación activa de todos los sectores y fuerzas vivas de la sociedad nicaragüense, dentro y fuera del país”, indicó.
Al exponer el aporte que ello requeriría, de “los países aliados en la restitución de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua”, el activista mencionó los componentes de voluntad política, financiamiento y apoyo real.
Se necesita “voluntad política, para promover y ejecutar nuestro PLAN DE ACCIONES, desde la perspectiva de los derechos humanos”, indicó, para agregar que también se requiere “financiamiento, de acuerdo con el cumplimiento de requisitos, ejes temáticos, normas y políticas establecidos por sus respectivos gobiernos, para nuestras acciones de derechos humanos convertidas en proyectos con resultados verificables -rendición de cuentas de verdad-“, señaló, a continuación.
Asimismo, “apoyo real, sin restricciones, para desarrollar nuestro trabajo social de derechos humanos”, agrego, de inmediato.
En su descripción de la dramática situación nicaragüense, Leiva dijo, a los diplomáticos, que “nos encontramos en la realidad actual de que el régimen Ortega-Murillo no satisface los valores de libertad, igualdad, solidaridad, de responsabilidad social, derecho a la vida, respeto a los derechos humanos, y del bien común de la sociedad nicaragüense”.
“Ante esa realidad, estamos frente a un Estado fallido en el ejercicio del poder político, puesto ya no puede asegurar la protección estatal a la vida, el derecho a la familia, de la propiedad, y el respeto a los derechos humanos”, siguió explicando.
“En consecuencia, nos encontramos en un vacío de poder político”, frente alñ cual “es que nace un plan de acción convertido en un proyecto innovador, desde la perspectiva de los derechos humanos, que garantice la activación de la justicia y competencia universales y el principio de la responsabilidad de proteger los derechos humanos, entre ellos los derechos políticos y civiles de la sociedad nicaragüense, dentro y fuera de Nicaragua”, indicó.
Al formular algunas reflexiones adicionales, Leiva advirtió, a su auditorio diplomático, que “Daniel Ortega y su régimen nunca van a demostrar una voluntad política de mejorar la radiografía de los derechos humanos de los nicaragüenses, porque Ortega no es un estadista sino un belicista”.
Asimismo, dijo, a manera de pronóstico, que el dictador “traerá, a corto, mediano, y largo plazo, un problema de magnitudes insospechadas para la región y el mundo, en su seguridad, en sus economías, y en la paz”.
También planteó la necesidad de lo que describió como la convergencia de acción por parte de “la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos nacionales, del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, sociedad civil nicaragüense en el exilio”.
En tal sentido, advirtió que, “si no existe una voluntad política de reflexión, y una alianza estratégica sincera, bajo un plan de acción viable”, entre esos actores, “la gran mayoría del pueblo de Nicaragua no responderá al verdadero cambio, de la dictadura a la democracia, quedando condenado al exilio y a sufrir las consecuencias que hoy podemos revertir”.
