Asociación interpone amparo por demora médica a adulto mayor
San José, 25 de enero de 2025 – La Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en representación de un adulto mayor afectado por largas demoras en la atención médica especializada.
Según el escrito, el paciente presenta molestias auditivas persistentes que impactan de manera directa su calidad de vida y su capacidad funcional diaria. Sin embargo, las citas programadas por el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fueron fijadas con plazos excesivamente prolongados: más de un año y once meses para un procedimiento de audiometría y más de dos años para una consulta con el servicio de otorrinolaringología.
La Asociación argumenta que estas demoras son desproporcionadas e incompatibles con el derecho fundamental a la salud, especialmente tratándose de una persona adulta mayor, cuya protección está reforzada por la Constitución Política y la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Además, señalan que la postergación excesiva de citas médicas puede agravar el riesgo de deterioro de la salud, impedir un diagnóstico oportuno y generar daños irreversibles.
El recurso solicita que se declare con lugar el amparo, que se ordene al hospital, a la CCSS reprogramar de forma inmediata y prioritaria las citas médicas del paciente. Asimismo, se pide que se adopten medidas administrativas para garantizar la atención oportuna y se recuerde a las autoridades su obligación de proteger de manera reforzada los derechos de las personas adultas mayores.
La Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras subraya que la atención médica oportuna es un derecho constitucional, que incluye el acceso a servicios de salud adecuados, trato digno y eficiente, principios fundamentales que no deben ser vulnerados por listas de espera prolongadas.
El caso ahora queda a consideración de la Sala Constitucional, que deberá determinar las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos del adulto mayor afectado.
