Alcalde de Paraíso denunciado ante el Ministerio Público por incumplimiento de sentencia de accesibilidad para personas sordas
Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras, presentó la denuncia tras constatar retrasos en la implementación de mecanismos de interpretación en LESCO en el Concejo Municipal.
El alcalde de la Municipalidad de Paraíso, Michel Álvarez Quirós, enfrenta una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto incumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional, que ordenaba garantizar la accesibilidad de las sesiones del Concejo Municipal para personas con discapacidad auditiva.
La denuncia fue presentada por la Asociación Agencia para el Desarrollo Accesible sin Fronteras, para que se utilice el Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO).
Según la sentencia, notificada el 4 de noviembre de 2025, la Municipalidad debía implementar, en un plazo máximo de tres meses, mecanismos de accesibilidad, incluyendo interpretación en LESCO y subtitulado en las transmisiones digitales de las sesiones. El plazo venció el 4 de febrero de 2026.
“Hasta la fecha, no hemos visto avances concretos en la contratación de intérpretes ni en la implementación de sistemas de subtitulado en las sesiones del Concejo”, afirmó la organización. “Esto constituye una violación directa de los derechos de las personas con discapacidad auditiva y de la sentencia de la Sala Constitucional”.
La denuncia se fundamenta en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que tipifica como delito la desobediencia a sentencias de amparo, y en la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que obliga a las instituciones públicas a garantizar los servicios de apoyo necesarios para el ejercicio de sus derechos.
El alcalde aún no ha emitido declaraciones públicas sobre la denuncia. El Ministerio Público deberá investigar los hechos y determinar si corresponde iniciar un proceso por desobediencia.
Organizaciones de la sociedad civil han recordado que la inclusión y accesibilidad no son opcionales, sino obligaciones legales, y que los retrasos en la implementación de medidas de accesibilidad afectan directamente la participación ciudadana en los asuntos municipales.
