Son diversas, las posibles líneas de análisis de los hechos ocurridos, en rápida sucesión, el 9 y el 10 de febrero -específicamente, el destierro de más de doscientos presos políticos, el mensaje que Daniel Ortega dirigió al país, y de la sentencia contra un obispo-.
Las principales, apuntan a determinar el estado de la dictadura: si está debilitándose, o, por el contrario, sigue fortaleciéndose.
Si el caso fuese el primero, la decisión de desterrar, masivamente, a casi todos los presos políticos -unos 30 siguen encerrados-, puede analizarse como un debilitamiento del régimen al haber cedido a una exigencia -la central- que sucesivos gobiernos estadounidenses -el yanqui, el enemigo histórico- venían planteando: la liberación de los presos políticos, como gesto conducente a una instancia de diálogo para dar solución a la crisis sociopolítica que brutalmente golpea al país desde abril de 2018.
Pero los detalles evidenciados en el desarrollo de los acontecimientos de esas casi 48 horas, parecen apuntar al segundo caso.
Los elementos son varios, y hacen que la conceptualización de que ocurrió una liberación de presos políticos sea, en el mejor de los casos, relativa, porque lo sucedido fue una excarcelación, sí, pero bajo condiciones que son la antítesis de la libertad: ilegal destierro con inconsulto destino predeterminado, ilegal declaración de traición a la patria, ilegal retiro de la nacionalidad nicaragüense.
Obviamente, como lo señalé en el título de mi análisis previo sobre el tema, la excarcelación -aún con limitantes-, resulta infinitamente mejor a seguir en el encierro.
Es algo respecto a lo cual no cabe ninguna duda.
El tema inmediatamente siguiente consiste en determinar qué implica la acción, qué motivos -reales- tuvo, qué significa para el régimen y para la vergonzosamente atomizada oposición dentro y fuera de Nicaragua.
Para su felicidad -y tranquilidad-, el comandante y la compañera -la copresidenta, cuyo cargo de facto sería constitucionalizado-, tienen, ante sí, a una presunta oposición minada por patéticos/hipócritas egos -cada uno con su personal agenda de intereses y objetivos-, en no pocos casos colaboracionista, constituida por varias decenas -acaso cientos- de organizaciones que, sin excepción, desde la tenaz desunión, claman por la unidad.
Habrá que ver si los desterrados marcan la necesaria diferencia, o si optan por mantener/sumarse a ese vergonzoso statu quo.
La soberbia del régimen es transversal a todas las acciones llevadas a cabo esos dos días-principalmente, la mañana del 9-, marcando un momento de puntual cambio aparente-para que todo siga igual, o peor-.
Esa mañana, en flagrante despotismo, fue emitida la sentencia ordenando el destierro, se les retiró la nacionalidad, y fueron montados en el avión que, enviado por el gobierno de Estados Unidos, los llevó a Washington.
En el contexto de la materialización del traslado, el obispo Rolando Álvarez, se negó a irse.
Por la noche, Ortega dedicó buena parte de su mensaje de casi una hora -la narrativa oficial de lo ocurrido-, a la desobediencia del sacerdote, lo que se materializó, la mañana siguiente, en la condena a 26 años y cuatro meses de prisión impuesta al religioso.
La sentencia es prueba del inclaudicable despotismo de la pareja gobernante.
La disposición fue leída -con dificultad, principalmente al tropezarse con palabras de más de tres sílabas, y con algunos signos de puntuación- por el juez Octavio Rothschuh, el patán quien preside la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM).
La lectura se desarrolló en el marco de una convocatoria a periodistas, sin espacio para preguntas.
Según el texto, “se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la Independencia, Soberanía la Autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”.
“Pero además por lesionar los intereses supremos de la nación, establecidos en el ordenamiento jurídico, convenios y tratados internacionales de Derechos Humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional”, precisó.
Sumado a ello, “los deportados fueron declarados traidores a la Patria y sancionados por diferentes delitos graves e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre del servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular, quedando suspensos sus derechos ciudadanos de forma perpetua”, detalló además.
Mientras Rothschuh leía -como podía- la sentencia, la Asamblea Nacional -el unicameral parlamento nicaragüense, controlado por la pareja gobernante- aprobó, con el apoyo de 89 de sus 90 integrantes, una reforma al artículo 21 de la Constitución -modificación denominada Ley No. 1145, Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense”-.
Ese artículo establecía, originalmente, que “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes” -a continuación del artículo 20, según el cual “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”-.
De acuerdo con la nueva redacción, que amplía conceptualmente el artículo 21, “la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los Traidores a la Patria pierden la calidad de nacional nicaragüense”.
La ley fue estrenada, momentos después, cuando se aplicó a los desterrados.
Mientras se llevaba a cabo la ubicación de los desterrados a bordo del avión, Álvarez se negó a ingresar a la aeronave.
La desobediencia preparó el corto camino hacia la brutal venganza -porque al comandante se le obedece, sí o sí-.
Por la noche, Ortega dio la versión oficial del proceso que derivó en el destierro-atribuyendo la iniciativa a su copresidenta, en un contexto visible de reconciliación, de la pareja, tras una discusión pública que fue registrada en video-.
En la narrativa, dedicó tiempo -y crítica- considerable a abordar el tema de Álvarez -a quien, indistintamente, se refirió como el “personaje”, como “este señor”, y como “el señor”-, para acusarlo de haber desacatado una decisión estatal.
“Vamos a hablar del personaje, Álvarez”, comenzó a plantear.
“Cuando él está haciendo fila, y ya llega a las gradas (escalera) del avión, a la entrada, ya para que pase, entonces empieza a decir que él no se va, que, primero, tendría que hablar con los obispos, reunirse con los obispos, y exige una reunión con los obispos, cosa absurda si lo que hay es una decisión del Estado nicaragüense, que no la puede cuestionar él como nicaragüense, no la puede cuestionar”, afirmó, a continuación.
“Yo no sé qué piensa este señor, que, frente a una decisión del Estados nicaragüense, él dice que él no acata una resolución de un tribunal de justicia del Estado nicaragüense, que lo está mandando a irse del país”, agregó.
“Y, total, no podíamos (obligarlo a abordar), porque, eso sí, no lo permitían en el acuerdo-no permitían, las autoridades norteamericanas-, montar, a la fuerza, al que no quisiera irse a los Estados Unidos, no podíamos montar a la fuerza”, aclaró.
“Como ellos explicaron que no podían aceptar al que no quisiera, entonces el señor no quiso, entonces bueno, vuelta para atrás”, reafirmó.
A continuación, Ortega dio muestras de su molestia personal frente a la desobediencia pacífica del sacerdote, como respuesta al autoritarismo dictatorial -el comandante no está acostumbrado a que no se cumpla cualquier orden suya-.
El dictador explicó que esa inaceptable insolencia le costó, al obispo, la eliminación de lo que describió como el privilegiado régimen de casa por cárcel en el cual la dictadura mantenía al religioso.
“A él, se le había tratado de una manera increíble, como a ningún prisionero en la historia de este país”, planteó, para agregar -personalizando la situación- que “yo estuve siete años y un mes preso, y nunca conocí la historia de un prisionero que lo hubiesen tratado de esa manera como se trataba a este señor”, agregó.
Ortega hizo, así, referencia a su participación en la guerrilla del ahora nuevamente gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que derrocó, en julio de 1979, a la dictadura (1967-1979) del general Anastasio Somoza Debayle -ajusticiado, el 17 de setiembre de 1980, en el exilio, en Asunción, la capital de Paraguay-.
El ánimo de venganza ante la desobediencia de Álvarez fue evidente, cuando, en el mensaje, Ortega dijo: “bueno, ahora está en la Cárcel Modelo”.
Álvarez fue recluido en ese centro penitenciario luego de haber permanecido en régimen de casa por cárcel, desde su detención el 19 de agosto de 2022, tras el asedio policial a que fue sometido, durante 16 días, en la sede de la Diócesis de Matagalpa, de la que es obispo, en la norteña ciudad nicaragüense de Matagalpa.
“Sí, él es un hombre común y corriente”, porque “el hábito no hace al monje, bien lo sabemos, y ahí lo que tenemos son comportamientos de soberbia, de quien se considera ya el jefe de la iglesia en Nicaragua, el líder de la iglesia latinoamericana, y está a punto de pensar en optar en ocupar el cargo de su santidad el Papa”, agregó, ironizando para no demostrar la ira obviamente creciente.
“Está desquiciado, eso tendrán que determinarlo, ya, las autoridades judiciales, que están lógicamente a fondo, ya con el caso de este señor, y las autoridades médicas, que tendrán que también atenderlo, porque, ahora que llegó a la Modelo, llegó que era un energúmeno”, de acuerdo con la versión presidencial.
Ortega explicó la conducta que atribuyó a Álvarez, señalando el hecho de que, en el anterior régimen de detención, “se le tenía en su casa, se le hacían comidas especiales, todos los días, y llegaban los médicos, dos veces al día, llegaban las hermanas a cocinarle, en una mansión”.
“No es que vivía en una casita como (en) la que vive el cardenal Brenes -ahí, en Altagracia-, una casa humilde” sino que “vive en una mansión”.
La referencia de Ortega fue al arzobispo de Managua y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), cardenal Leopoldo José Brenes, fuertemente criticado por sectores eclesiásticos, lo mismo que organizaciones de sociedad civil, por su actitud esencialmente de silencio ante la represión dictatorial general y la persecución anticlerical en particular -lo que incluye señalamientos de colaboracionismo-.
“Entonces, está irritado, porque, ahora, sí, está en la prisión”, subrayó, en la narrativa oficial contra Álvarez.
Aseguró, además, que el encarcelado obispo “no tiene el coraje, no puede tener el coraje de Cristo -que aguantó los azotes, y soportó la crucifixión-, no acepta ni siquiera que lo metan en una celda donde hay centenares de presos, donde yo conozco bien esa celda, viví en esas celdas, más de siete años, las conozco bien, no es para morirse, una celda es una celda, y ya, se acabó”.
“Este es el caso de este señor que, sencillamente, se negó a acatar, o sea, es la rabia de no acatar la decisión de las autoridades nicaragüenses, del Estado nicaragüense”, agregó, regresando a la ira generada por la desobediencia del sacerdote.
“Porque, de buena gana, se va a Miami, se va, a juntarse, allá, con Báez, a despotricar, con Báez y compañía”, dijo, a continuación, en referencia al exiliado obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, y a otros sacerdotes, en igual condición -entre ellos, Edwin Román-, quienes están radicados en la sudoriental ciudad estadounidense de Miami.
Báez y Román tuvieron participación pacificadora -y fueron agredidos- en el marco de las manifestaciones antigubernamentales y la represión policial y paramilitar de 2018, principalmente en la occidental ciudad de Masaya, un tradicional bastión antidictatorial -en el tiempo del régimen somocista, y ahora-.
“Pero, como es el Estado nicaragüense el que le está ordenando la deportación, entonces, ahí es la rabia de él, la rabia, la furia, y -él lo decidió- ahí está, guardando prisión”, señaló Ortega, además de indicar que Álvarez está detenido “por terrorista”.
El resultado de haber desacatado al comandante -más que al Estado nicaragüense- fue casi inmediata: la mañana del 10 de febrero, horas después del nocturno mensaje presidencial, el obispo fue, sumariamente, condenado a 26 años y cuatro meses de prisión-probablemente la más extensa sentencia de cárcel impuesta desde el estallido, en 2018, de la presente crisis nicaragüense-.
Asimismo, fue declarado traidor a la patria, y también privado de su nacionalidad nicaragüense, en la segunda aplicación, en dos días, de la conveniente reforma constitucional.
En referencia a versiones extraoficiales conocidas semanas antes del destierro -en el sentido de que el gobierno estadounidense y el régimen Ortega-Murillo negociaban la liberación de presos políticos, o la salida de la pareja gobernante, o el levantamiento de las sanciones norteamericanas contra la copresidenta y dos de sus nueve hijos-, el mandatario aseguró: “aquí no ha habido ninguna negociación”.
“No estamos pidiendo que nos levanten las sanciones!”, dijo, categóricamente, para reafirmar que “no estamos pidiendo nada a cambio!”, porque “es un asunto de honor, de dignidad, de patriotismo, y de que se lleven a sus mercenarios”.
En el último punto, Ortega hizo referencia a que los desterrados actuaban pagados, por Estados Unidos, para desarrollar acciones -incluidos actos de terrorismo- en territorio nicaragüense.
“Esto no es un trueque (…) esto es un asunto principio, de dignidad, y que lo que hace es confirmar que están retornando a un país que es el que los ha utilizado -sus gobernantes, no el pueblo norteamericano-, sus gobernantes los han utilizado para sembrar el terror, la muerte, la destrucción, aquí en Nicaragua”, subrayó.
Ortega aseguró, además, a sus compatriotas -respecto a la alocución-, que “esto no es más que un mensaje para la paz, para la estabilidad, para que el pueblo nicaragüense esté convencido que todo lo que hacemos es para asegurar la paz”.
En términos generales, el discurso presidencial tuvo las características de un mensaje, urbi et orbe, de fortalecimiento del régimen -más que de ocultamiento de debilidad-.
Actuando como el indudablemente hábil político que es, al desterrar a esos opositores, Ortega se deshizo de un foco irritante para la dictadura.
Ello, porque, no obstante la represión, familiares de los presos políticos -individualmente o en grupos- desarrollaron, mientras duró el encarcelamiento, frecuentes conferencias de prensa para denunciar las precarias condiciones del cautiverio y las brutales violaciones a los derechos humanos cometidas contra los detenidos.
Asimismo, organizaciones de sociedad civil -incluidas ONGs defensoras de las garantías fundamentales-, emitían, también frecuentemente, declaraciones y denuncias al respecto.
Igualmente, familiares y activistas acudieron a diferentes instancias regionales e internacionales -por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA)-, para denunciar la situación.
El comandante se deshace de quienes lo molestan, “y ya, se acabó”.
El concepto de un absolutista rey francés del siglo 17, está actualizado por un dictador centroamericano en el siglo 21: l’État, c’est moi, cuatrocientos años después, en versión tropical.
