Conductores de plataformas en jaque: multas millonarias, promesas incumplidas y el pulso desigual en la Asamblea Legislativa

Por Jesús Sánchez

San José, Costa Rica

 

Mientras más de 40.000 familias costarricenses dependen parcial o totalmente de las aplicaciones de movilidad para llevar el sustento diario a sus hogares, el avance del expediente N.º 23.736 (Ley de Transporte Remunerado no Colectivo de Personas y Plataformas Digitales) en la Asamblea Legislativa mantiene en vilo al gremio. Lejos de representar la modernización y el equilibrio prometido durante las mesas de diálogo y protestas en las calles, los conductores denuncian que el texto en discusión responde a los intereses de la fuerza roja y amenaza con sacar de circulación a miles de trabajadores independientes.

Sanciones impagables y persecución en carretera

Uno de los puntos que mayor indignación genera entre los choferes es el régimen sancionatorio que se pretende instaurar. El proyecto contempla multas calculadas en salarios base —que para este 2026 se ubica en ₡462.200—, con penalizaciones por faltas graves y gravísimas que escalan desde uno hasta los 10 salarios base (superando los ₡4,6 millones), además de multas que rebasan los ₡2 millones por operar fuera de los estrictos parámetros burocráticos que exige la iniciativa.

Para el gremio, estas cifras resultan confiscatorias y desconectadas de la realidad económica del país:

Multas superiores al valor del vehículo: Muchos conductores trabajan con automóviles de modelos anteriores cuyo valor de mercado es incluso inferior al monto de una sola infracción. Ante el temor de perder su herramienta de trabajo o enfrentar deudas impagables por la persecución de la Policía de Tránsito, miles se verían forzados a apagar las aplicaciones.

Carga de requisitos y costos fijos: El texto obliga a los choferes a costear inscripciones ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tributación ante Hacienda, pólizas comerciales específicas de responsabilidad civil y riesgos del trabajo, cursos de capacitación, cánones anuales ante el MOPT/COSEVI y distintivos físicos en el parabrisas que los exponen aún más en carretera.

La presión política y las polémicas declaraciones en el Congreso

El malestar del sector se ha agudizado tras las recientes posturas en el Plenario Legislativo. El gremio señala directamente al diputado del partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos —quien asumió su curul por Alajuela en mayo pasado—, por mantener un respaldo abierto hacia el sector de los taxistas y promover el avance de la iniciativa sin atender las advertencias de los conductores de aplicaciones.

A esto se suman las críticas por el tono confrontativo utilizado por el legislador en transmisiones en vivo a través de redes sociales, donde, al encarar los reclamos de un conductor de plataforma sobre el futuro del expediente, advirtió de forma tajante que el proyecto avanzaría sí o sí, sentenciando que de lo contrario se quedarían «sin actriz y sin retrato». Para los trabajadores del volante, estas expresiones reflejan una falta de empatía y de voluntad para construir una ley justa, evidenciando una inclinación política hacia los concesionarios tradicionales.

Atrapados entre el abandono estatal, las apps y el costo de la vida

Los conductores denuncian que el Estado pretende imponerles obligaciones propias de un concesionario público sin garantizarles condiciones mínimas de rentabilidad. Actualmente, el gremio enfrenta una doble asfixia financiera:

Tarifas castigadas por las aplicaciones: Las propias empresas tecnológicas fijan tarifas dinámicas y comisiones que dejan márgenes mínimos por kilómetro recorrido, obligando a los choferes a extender sus jornadas laborales hasta 12 horas diarias para cubrir gastos básicos.
El golpe del combustible y mantenimiento: Con el reciente ajuste aprobado a finales de octubre que elevó el litro de gasolina regular a ₡808 —sumado al desgaste acelerado de repuestos, llantas y marchamo—, el margen de ganancia neta se ha reducido drásticamente.

«Atolillo con el dedo» tras las protestas

Datos de la Cámara de Comercio de Costa Rica y reportes de las propias plataformas estiman que más de 40.000 personas generan ingresos mediante aplicaciones digitales en el país (solo Uber reporta alrededor de 28.000 socios colaboradores activos). De aprobarse una regulación punitiva que expulse a la mitad o más de esta fuerza laboral por incapacidad de cubrir los costos de formalización y el riesgo de multas millonarias, entre 20.000 y 40.000 hogares costarricenses quedarían en vulnerabilidad económica directa o empujados a la informalidad total.

  • «Cuando salimos a las calles nos prometieron una ley moderna, justa y adaptada a la realidad del trabajador independiente. Hoy nos dan atolillo con el dedo: nos quieren cobrar como si fuéramos dueños de una concesión del Estado, nos dejan a merced de tarifas miserables de las apps y nos amenazan con multas de millones de colones para proteger un monopolio que los usuarios ya no quieren», reclaman voceros del movimiento de conductores.

Mientras el expediente 23.736 continúa su trámite hacia los debates finales en el Congreso, el sector de plataformas exige que se frene cualquier intento de persecución y advierte que, de insistirse en un texto diseñado a la medida de los taxistas, volverán a hacerse sentir en las carreteras nacionales.

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