El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Florida desestimó el recurso legal presentado por el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) y su filial local. Con la acción, la organización buscaba frenar la aplicación de la ley estatal que la califica como organización terrorista nacional.
Pese a que la entidad anunció la paralización de sus operaciones en la jurisdicción, su representación legal confirmó que apelará la resolución del juez federal Allen Winsor. Según su sitio web, la misión de CAIR es formar líderes emergentes y defender prioridades políticas que mejoren el bienestar y la representación de las comunidades musulmanas en Estados Unidos.
Argumentos de la defensa
La demanda se fundamentó en la presunta vulneración de los derechos de libre asociación y debido proceso, consagrados en la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense. Los abogados señalaron que la ley HB 1471, aprobada en primavera por la Legislatura de Florida, clausura de forma efectiva la capacidad operativa de la organización sin fines de lucro.
Ashley Gorski, abogada principal del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, quien asumió la representación ante los tribunales, cuestionó la actuación de las autoridades estatales: “Los funcionarios de Florida han sido implacables en su intento de silenciar el trabajo y la defensa de los derechos civiles de nuestros clientes, perjudicando no solo a ellos sino también a su comunidad.”
Postura del estado
INFORMATIVO JBS 2022
Florida defendió la validez de la designación efectuada el 29 de septiembre por el gobernador Ron DeSantis y su gabinete. En audiencias previas, el abogado estatal Charles Cooper sostuvo que CAIR “sirve como un grupo fachada terrorista para Hamás y los Hermanos Musulmanes, que oculta sus actividades tras una organización benéfica”.
Fundamentos del fallo
Al evaluar la solicitud de medida cautelar, el juez Winsor determinó que los demandantes no lograron demostrar una restricción inconstitucional a la libertad de expresión, pues la norma no regula el contenido del discurso. Indicó que incluso si la designación silenciara de hecho a la organización, ello no la convertiría en una restricción previa a la libertad de expresión.
Tras el fallo, el fiscal general James Uthmeier calificó la resolución como una “gran victoria” en sus canales oficiales. La ley HB 1471 faculta al Departamento de Aplicación de la Ley de Florida para mantener el catálogo de 90 organizaciones clasificadas como terroristas nacionales o extranjeras. También restringe el uso de fondos públicos y la aplicación de códigos religiosos o extranjeros en la entidad.
