Nueva reunión de cancilleres en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para abordar -otra vez- la situación nicaragüense.
Enésima -repetitiva- declaración planteando la necesidad de resolver la crisis sociopolítica/de derechos humanos/religiosa estallada en abril de 2018 -documento, en este caso, titulado “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”-.
En principio, más de lo mismo: la dictadura es mala, y tiene que enmendar.
Sin embargo, pareciera que, ahora, Estados Unidos -específicamente, el trumpismo- está favoreciendo la opción del diálogo con los copresidentes nicaragüenses, pero previendo que -como en todos los casos anteriores- la iniciativa resulte en un nuevo fracaso.
Eso, para llegar a la consabida situación en la cual -según la óptica imperial- el único recurso es el militar.
Así se manejó el trumpismo en el caso del golpe de Estado -con secuestro-, que perpetró, nueve meses antes -la madrugada del 3 de enero-, para derrocar al patético dictador Venezolano (2013-2026), Nicolás Maduro, y someterlo a juicio, en Estados Unidos, en calidad de narcotraficante -para, más recientemente, sumarle el cargo de torturador de estadounidenses-.
El secretario de Estado trumpista, Marco Rubio, fue claro, al respecto, durante su participación en la conferencia de prensa presidencial convocada, ese día, para anunciar la agresión perpetrada, horas antes, contra el caribeño país sudamericano.
“Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto”, dijo Rubio, para, a continuación, revelar que -obviamente, en negociaciones encubiertas- “se le proporcionó múltiples ofertas -muy, muy generosas-, y optó, en cambio, por actuar como un salvaje, y el resultado es lo que vimos”, agregó.
“Este tipo tuvo múltiples oportunidades de buscar camino a otro lugar (…) pudo estar viviendo en otro lugar, exactamente ahora, muy feliz, pero, en cambio, quiso jugar al muchachón (‘he wanted to play big boy’)”.
Quizá, en el caso de Nicaragua, la idea consista en presentar, a Daniel Ortega, generosas opciones, con la esperanza de que el comandante/copresidente decida, también, “jugar al muchachón” (en este caso, sería “jugar al chavalón”) -y que la compañera/copresidenta, Rosario Murillo, quiera “jugar a la chavalona”-.
Tratándose de Ortega -y de Murillo-, quizá habría que pensar en la posibilidad de resistencia armada en El Carmen y alrededores, quizá emulado el socialista presidente Salvador Allende (1970-1973) quien, el 11 de setiembre de 1973, en el bombardeado Palacio de la Moneda, resistió, mientras pudo, con fusil y casco, sin éxito pero con admirable dignidad, la bestial mediocridad del golpismo oligárquico/militar chileno.
En esta especulación de resistencia ortegamurillista, pesa el hecho de que, a diferencia de Maduro -un ex dirigente sindical-, el comandante es un ex guerrillero quien, como líder del gobierno de la Revolución Popular Sandinista (1979-1990), se desempeñó en el marco de la guerra (1982-1990) que el imperio estadounidense lanzó -sin ganar- a través de la guerrilla mercenaria popularmente conocida como “la contrarrevolución” -o “la contra”-.
Contenida en 10 parágrafos preliminares (párrafos explicativos) y cinco puntos resolutivos, la declaración ministerial -de obvia iniciativa imperial- fue copatrocinada por Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay, Perú, y República Dominicana.
En alusión a la salida de Nicaragua, en 2023, de la OEA, el texto señaló que “la denuncia de la Carta de la Organización no exime al Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidas aquellas derivadas de las normas consuetudinarias, los tratados internacionales de los que es parte y los principios generales del derecho internacional que garantizan la protección universal de la dignidad humana”.
También planteó que, no obstante haber abandonado la OEA, “Nicaragua es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 23 reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en la gestión de los asuntos públicos y a votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, celebradas por sufragio universal e igualitario y por voto secreto”.
Ello, en puntual reacción a lo planteado, el 19 de julio, por Ortega -durante la conmemoración central del 47 aniversario del triunfo de la revolución-, respecto a la perspectiva electoral nicaragüense.
Esa afirmación fue el detonante de la reunión ministerial.
De acuerdo con versiones periodísticas con la trascripción oficial del discurso, en alusión a sectores de oposición en el exilio, dijo que “ya quisieran ellos ganar elecciones (…) pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones, no volverán a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
Simultáneamente, surgió -aunque sin difusión mediática- la línea de interpretación de que Ortega, en realidad, dijo que “no van a ver elecciones” -refiriéndose a que esos opositores no tendrán participación en comicios-.
Según ese análisis fonético/semántico, la expresión verbal “no van a ver elecciones”, fue pasada a texto, como “no van a haber elecciones”.
Los adherentes a la resolución de la OEA, también señalaron que el vínculo de Nicaragua con enemigos de Estados Unidos -tales como la República Popular China, y Rusia-, principalmente en el campo tecnológico/de datos, genera alto peligro, lo mismo a nivel nacional que en el ámbito continental americano.
Al respecto, se declararon “profundamente preocupados por el riesgo de que la interferencia extranjera en Nicaragua en materia de seguridad, de suministro de tecnología y de intercambio de información sean utilizados para facilitar la vigilancia, la represión interna o las violaciones de los derechos humanos”.
Ello, “lamentando la falta de suficiente información transparente y verificable de manera independiente sobre la naturaleza, el alcance y el propósito de dicha presencia y actividades, lo cual impide una evaluación completa de su conformidad con el derecho internacional”.
“Muchos de esos actos, prácticas y política ya han tenido impactos negativos en países del hemisferio y tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región”, agregaron, sin proporcionar detalles al respecto.
En el primero de los cinco puntos resolutivos, plantearon “urgir a las autoridades nicaragüenses que adopten medidas inmediatas, concretas y verificables” para cubrir varias necesidades, incluida la de “establecer las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de los derechos políticos, una administración electoral independiente y una observación electoral internacional creíble”.
Asimismo, para “interrumpir actividades que se desarrollen con apoyo internacional, en materia de seguridad, suministro de tecnología y de intercambio de información que faciliten la vigilancia, la represión interna o violaciones de derechos humanos”, además de “no permitir la presencia de personal internacional asociado con actividades ilícitas en este contexto que impacten los derechos humanos y la estabilidad”.
Los adherentes a la resolución también consideraron necesario “establecer un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, de composición voluntaria y abierto a todos los Estados miembros representados por sus Ministros de Relaciones Exteriores o quienes estos designen en su representación”.
La idea consiste en que, “con el apoyo técnico de la Secretaría General de la OEA”, el equipo de trabajp “inicie labores dentro del plazo de 30 días a partir de la aprobación de esta resolución”.
En tal contexto, “buscar un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses, procurando realizar una visita a Nicaragua, en lo posible encabezada por Ministros de Relaciones Exteriores”.
Además, “entablar un diálogo con todo el espectro de los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales del país, incluidas la oposición, la sociedad civil y las comunidades nicaragüenses en el exilio”.
Igualmente, “elaborar y entregar recomendaciones para consideración de la Reunión de Consulta en el plazo de hasta 60 días a partir de la aprobación de esta resolución que incluyan acciones diplomáticas y jurídicas concretas, que no impliquen el uso de la fuerza, de conformidad con la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos interamericanos aplicables -en particular los de derechos humanos-, y el derecho internacional”.
Para ello, “mantener abierta la Trigésima Primera Reunión de Consulta y autorizar a su Presidente a reconvocarla dentro del plazo de 90 días a partir de la convocatoria de la primera reunión del Grupo Ministerial, o antes, según lo requieran las circunstancias”, y “permanecer atentos a la situación en Nicaragua”.
Algunos participantes en la reunión de cancilleres de la OEA, abordaron el peligro de que la resolución, aprobada por consenso -frente a algunos casos de disenso-, sea, en realidad, una escala en la ruta hacia una nueva invasión militar imperial estadounidense a Nicaragua.
La violenta historia nacional nicaragüense incluye varias intervenciones de esa naturaleza (1855-1860, 1909, 1912-1925, 1926-1933, 1982-1990).
La de mayor impacto fue, probablemente, la penúltima, ya que, antes de retirarse, en 1933, el imperio creó la Guardia Nacional (GN), y dejó, como su primer jefe, al general Anastasio “Tacho” Somoza García,
En su repliegue, los invasores instalaron, así, la brutal dictadura dinástica (1933-1979) que fue derrocada por la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln), dando lugar al gobierno revolucionario (1979-1990) -y a la llegada de Ortega al poder-.
Las fuerzas estadounidense de ocupación debieron retirarse -como de Vietnam, décadas después- tras su estrepitoso fracaso militar frente al Ejército Defensor de la Soberanía Nacional (EDSN) -la precariamente armada guerrilla dirigida por Augusto César Sandino, el general/antimperialista general de hombres libres, asesinado, en 1934, por orden de Somoza-.
La última agresión no incluyó tropas gringas, ya que Estados Unidos no invadió con su fuerza militar oficial sino que creó a “la contra”, dando lugar a una de las numerosas guerras proxy (indirectas, por encargo) mediante las cuales ese país y la entonces Unión Soviética (1922-1991) pelearon, a nivel mundial, en el marco de la Guerra Fría (1947-1991).
Además de Nicaragua, numerosos países latinoamericanos han sido blanco de la bestialidad militar estadounidense directa -por ejemplo, y no únicamente: Cuba (1961), República Dominicana (1965), Panamá (1989), Grenada (1983), Haití (1994, 2004)-.
La intervención del subsecretario de Estado trumpiano, Christopher Landau -una de las más tempranas en la 31 reunión ministerial- incluyó la implícita -e inevitable- amenaza de acción militar en Nicaragua.
“Ahora es el tiempo para que esta organización pase a la acción, y envíe un mensaje claro”, dijo, para a continuación, señalar: “la dictadura de Murillo y Ortega no tiene lugar en nuestro hemisferio”.
Eso, además de formular el mantra del riesgo continental: “la dictadura pone en peligro la paz y seguridad de nuestro hemisferio”.
Para, a continuación, reafirmar: “la dictadura desestabiliza a Centroamérica, y a nuestro más amplio hemisferio, al facilitar la inmigración ilegal, y abrazar servicios de seguridad no hemisféricos que apoyan a la represión”.
“Esos servicios de seguridad no hemisféricos entrenan a la Policía Nacional nicaragüense, y comparten inteligencia con la maquinaria de represión del régimen”, agregó.
“Esos actores están no solamente sosteniendo dictaduras, están usando a Nicaragua como un trampolín hacia nuestra región, amenazando la paz y seguridad de América Central y nuestro hemisferio”, señaló, repetitivo, a continuación.
“Ese statu quo, en Nicaragua, es intolerable”, subrayó.
Landau también se refirió a la decisión de integrar el Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, medida que Estados Unidos -al igual que el resto de países integrantes de la OEA- sabe que presenta -por lo menos- un 99 por ciento de posibilidad de fracaso -si se tiene en cuenta el contexto de la confrontación Nicaragua-OEA, desde 2018-.
El nombre del proyectado equipo de trabajo parece una fusión de las etiquetas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Giei) y del Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (Meseni).
Creados en 2018, el Giei y el Meseni constituían la fuerza de trabajo con la que contaba, en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), hasta que ambos fueron expulsados, por la cancillería nicaragüense, el 19 de diciembre de ese año, fecha en la cual el ministerio también suspendió, por tiempo indefinido, la visitas de la comisión a la territorialmente mayor nación centroamericana.
La expulsión ocurrió un día antes de la programada conferencia de prensa, en Managua -la capital nicaragüense-, para la presentación del informe elaborado por el Giei, documento que el grupo tituló “NICARAGUA Informe sobre los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018”, y en el cual denunció la comisión de crímenes de lesa humanidad.
El informe fue presentado, dos días después de la expulsión, durante la correspondiente Sesión Especial del Consejo Permanente de la OEA, por la entonces vicepresidenta de la Cidh, la panameña Esmeralda Arosemena, quien advirtió sobre lo que describió como el severo deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
El documento del Giei -lo mismo que lo planteado por Arosemena-, fue severamente refutado por el entonces embajador de Nicaragua en la OEA, Luis Alvarado, quien también cuestionó la validez de la sesión del consejo, la que definió como parte del injerencismo estadounidense en los asuntos internos nicaragüenses.
Durante su intervención en la sesión ministerial, Landau dijo, además, que, “para asegurar que las exigencias de esta resolución no caigan en oídos sordos, proponemos enviar un grupo de alto nivel, seleccionado por cancilleres, a Managua, a entregar estas exigencias”,
El subsecretario trumpista aseguró, además, que “Estados Unidos espera con ilusión trabajar con la presidencia (de la reunión ministerial) y otros estados miembros (de la OEA), para armar ese grupo de alto nivel de todo el hemisferio, para llevar nuestro mensaje colectivo, directamente, al régimen”.
Generando la duda de si es un perfecto imbécil, o un burdo manipulador -o una combinación de factores-, Landau afirmó eso, no obstante la prohibición, impuesta hace casi ocho años, a la Cidh, de ingresar al país -nada ha cambiado, desde entonces, para dar lugar a optimismo respecto al proyectado grupo ministerial-.
Sin perjuicio de la fuerte posibilidad de fracaso por parte del nuevo equipo de trabajo de la OEA sobre Nicaragua, Landau señaló que “debemos considerar cuidadosamente quién será parte de esta delegación, y lo mismo es verdad para el desarrollo de acciones colectivas planteadas en nuestra resolución, en esta resolución”.
“Esos pasos seguirán, una vez que la delegación de alto nivel informe a esta reunión de cancilleres”, agregó, esbozando el libreto imperial.
“Estamos solicitando, hoy, mantener abiertas nuestras opciones para decidir los pasos siguientes, después de que la delegación haya hecho su trabajo”, indicó, de inmediato -en lugar de, más correctamente, decir: “después de que la delegación haya fracasado”-.
Dejando tácitamente planteado el fracaso del grupo ministerial, y abriendo el espacio para la opción militar, Landau dijo, instantes después: “Murillo y Ortega han, consistentemente, cerrado la puerta al diálogo productivo”.
No obstante ello, “como siempre, la administración Trump está comprometida a tener una participación constructiva, con la presidencia (de la reunión ministerial) y los estados miembros (de la OEA), para seguir adelante con nuestros esfuerzos colectivos por apoyar un cambio democrático significativo en Nicaragua”.
Pareciera como que el imperio decidió reemplazar la guerrerista etiqueta de “cambio de régimen” (“regime change”) -aplicada a Irán y a Venezuela-, por la de “cambio democrático significativo” (“meaningful, democratic change”) -para el caso de Nicaragua-.
Nueva etiqueta, mismo contenido.
En vergonzoso -aunque no sorprendente- alineamiento con el trumpismo, el vicecanciller de Argentina, Juan Manuel Navarro, dijo que, “en primer lugar, quisiera agradecer la propuesta, formulada por Estados Unidos, para convocar a esta reunión”.
Avalando la posición gringa -la implícita, camuflada en la explícita-, planteó que “el continente debe demostrar que aún posee la determinación necesaria para defender la democracia, y preservar la estabilidad”.
Porque “el diálogo no puede convertirse en una excusa para la inacción, mientras continua el deterioro de la democracia, se restringe las libertades, y se persigue a quienes expresan opiniones diferentes”, agregó Navarro, en su condición de enviado del impresentable motosierrista Javier Milei -uno de los más destacados trumpistas sudamericanos, el paladín de la lucha contra ‘los zurdos de mierda’”-.
Según el patético mileísta -la redundancia es plenamente válida e intencional-, “la democracia no se defiende solamente con palabras: requiere determinación y acciones concretas”.
En contraposición al implícito intervencionismo imperial, las voces de sensatez fueron, indudablemente, intensas/contundentes en defensa de la no agresión militar a Nicaragua, en rescate de la soberanía nicaragüense -lo que no garantiza que el trumpismo se abstenga de nada-.
Además de pronunciarse contra un libreto venezolano para el país centroamericano, fueron coincidentes en formular críticas a los copresidentes, desvirtuando, con ello, el gastado discurso de una conspiración izquierdista para apoyar al ortegamurillismo.
En ese sentido, el embajador de Brasil en la OEA, Benoni Belli, planteó que “la situación, en Nicaragua, es grave, y requiere que actuemos con urgencia y responsabilidad”, y aclaró, de inmediato, que “actuar con responsabilidad no significa dejar de ser firme en el propósito de defender los principios democráticos y derechos humanos”.
“La firmeza debe hacerse acompañar de instrumentos que puedan producir resultados duraderos, sin servir de pretexto a acciones contrarias al Derecho Internacional”, advirtió a continuación.
Por ello, “consideramos un despropósito pretender describir la situación en Nicaragua
-directa o indirectamente- como una potencial amenaza para la seguridad regional, lenguaje que remite a las competencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y no de la OEA”, dijo.
“Eso no significa negar que la crisis nicaraguense ni sea grave ni tenga impacto muy concreto en los países vecinos”, aclaró, en evidente alusión a Centroamérica -en particular a Costa Rica, país que comparte, con Nicaragua, frontera terrestre de 309 kilómetros, lo que facilita el masivo flujo migratorio desde la segunda hacia la primera-.
“Las repercusiones de la situación de Nicaragua en países vecinos, en lo que respecta a actividades ilícitas transfronterizas, y flujos migratorios, deben ser enfrentadas con empleo de los mecanismo disponibles en la OEA”, señaló.
Se trata de “cooperación jurídica en materia penal, combate al crimen internacional organizado, investigaciones conjuntas, cooperación policial, manejo de crisis migratoria, intensificación del monitoreo por parte del sistema interamericano de derechos humanos”, precisó.
Simultáneamente, “el intento de caracterización de la situación como potencial amenaza a la paz y la seguridad de toda la región, justifica algunas preguntas”, aseguró.
De inmediato, inquirió, en calidad de reflexión: “queremos una región que, bajo la amenaza del uso de la fuerza y del castigo colectivo, sea formada por estados vasallos incapaces de decidir su propio futuro, o queremos una región estable, democrática, y próspera en que todos los estados sean efectivamente soberanos e iguales en derechos y obligaciones?”.
Además: “el objetivo es garantizar la democracia y los derechos humanos, o encontrar pretextos para dominar países, por la fuerza, de modo de reproducir vetustas prácticas colonialistas?”.
Belli manifestó, a continuación, que “tampoco nos parece adecuado crear mandatos abiertos y de ejecución imposible, incluyendo conceptos fácilmente manipulables -y hasta confusos-”:
En torno a esos mandatos y esos conceptos, “la discusión sería insondable, y daría margen a toda clase de manipulaciones por parte de aquellos que poseen recursos y poder, además de revivir la lógica -ultrapasada- de Guerra Fría, introduciendo, en nuestra región, rivalidades políticas que nada tienen que ver con la democracia y derechos humanos -sea en Nicaragua, sea en cualquier otro país de la región-”.
Al respecto, el embajador hizo alusión a la histórica consigna imperialista/guerrerista de “paz a través de la fuerza” (“peace through strength”), usada, en la historia contemporánea, principalmente por el pésimo actor y peor presidente estadounidense (1981-1985, 1985-1989), el guerrerista republicano Ronald Reagan, y, actualmente, por el trumpismo.
Belli explicó que “la llamada ‘paz por la fuerza’ -entre comillas-, es una consigna que puede tener algún eco, en determinados círculos”.
“Nosotros, consideramos que no nos conviene la falsa paz, que supone la alienación de la soberanía nacional, el alineamiento automático (…) y la resignación ante cualquier intento de dominio neocolonial”, indicó, de inmediato, en modo advertencia.
Al respecto, y citando al actual presidente brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, aclaró: “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”.
Lo planteado por Lula y citado por Belli, puede cambiar, drásticamente, si el corrupto senador derechista Flávio Bolsonaro -hijo del encarcelado/golpista ex presidente brasileño (2019-2023), el capitán retirado Jair Bolsonaro- gana la segunda vuelta electoral presidencial, el 25 de octubre, en el territorialmente mayor país latinoamericano, y tercero americano-.
“Jamás aceptaríamos que el sufrimiento del pueblo nicaragüense -ni de ningún otro
pueblo-, sea instrumentalizado para justificar el uso ilegal de la fuerza y de la coerción”, subrayó, inequívocamente.
Coincidentemente, el embajador de Uruguay en la OEA, Edison Lanza, expresó que, “sin dejar de reconocer que la represión a los opositores, por parte de Nicaragua, se ha extendido a otros países de la región, Uruguay entiende que la situación no debería caracterizarse como una amenaza a la paz y la seguridad hemisférica”.
En ese sentido, Lanza citó el sexto parágrafo preliminar de la resolución, según el cual “muchos de esos actos, prácticas y políticas (del régimen nicaragüense) ya han tenido impactos negativos en países del hemisferio y tienen el potencial de poner en peligro la paz y la seguridad de nuestra región”.
Al respecto, precisó que “una calificación de esa dimensión, no encuentra respaldo fáctico, y podría dar lugar a medidas que vulneren el principio de no intervención, incluida la amenaza o el uso de la fuerza, incompatible con los principios y normas del Derecho Internacional”.
En términos afines, el embajador mexicano en la organización regional, Alejandro Encinas, explicó que, “en estricto apego a nuestro marco constitucional, y a los documentos fundacionales de la OEA, México reitera que no considera que la situación interna de Nicaragua constituya una amenaza a la paz o a la seguridad hemisféricas”.
“Una caracterización en este sentido, podría abrir espacios para plantear acciones que excedan las facultades de esta organización, al abordar asuntos internos de un estado que ya no forma parte de la OEA, y que podrían resultar incompatibles con los principios de respeto a la soberanía, autodeterminación de los pueblos, no intervención y solución pacífica de las controversias consagrados en la Cata de la OEA, en la Carta de las Naciones Unidas, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, precisó.
Por lo tanto, “México (…) no acompaña la resolución que se nos presenta, particularmente en lo que respecta a la vinculación de la situación política y de derechos humanos en Nicaragua, como un riesgo o amenaza a la paz y a la seguridad en el hemisferio”, declaró.
“Reiteramos que esa conceptualización podría desviar este proceso, más allá de la búsqueda de salidas pacíficas y diplomáticas, hacia un enfoque que privilegie los temas de seguridad sobre una situación esencialmente política y de derechos humanos”, indicó.
Encimas reafirmó que “no podemos acompañar la adopción de una resolución que podría contribuir a transformar una situación política y de derechos humanos, en una cuestión de seguridad regional, y abrir un proceso cuyo alcance y posibles consecuencias no están suficientemente delimitados”
El diplomático expresó, en términos generales, que “México rechaza, categóricamente, cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de otros estados”.
En ese sentido, expresó que “la historia nos ha demostrado que las soluciones impuestas desde el exterior, rara vez construyen una paz duradera”.
“Al contrario, suelen fracturar el tejido social de las naciones, generar dinámicas de confrontación, profundizar el aislamiento, y abrir la puerta a medidas que, lejos de favorecer una solución pacífica, terminen produciendo una mayor desestabilización”, agregó, en su reflexión/advertencia.
Y, sin necesidad de mencionar, por su nombre, a Estados Unidos, subrayó que “México cree, firmemente, en la igualdad jurídica de los estados, y, por lo tanto, ningún país puede imponer su visión sobre los demás”.
“La soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales”, siguió argumentando, demoledoramente.
“Todas las naciones, todos los pueblos valen lo mismo, y, por lo tanto, no corresponde a nadie más que a cada nación, decidir su propio futuro”, expresó, a continuación.
Por su parte, la embajadora de Panamá en la OEA, Ana Irene Delgado, puntualizó que “esta organización nació para defender la democracia, la paz, los derechos humanos, y el Estado de Derecho en nuestro hemisferio”.
Delgado planteó, en términos generales, que “hay momentos en que el silencio diplomático deja de ser prudencia, y empieza a parecer indiferencia”, además de señalar, que, “entre el silencio y los fusiles, existe un inmenso territorio de acción diplomática”.
También expresó que “hablar de Nicaragua, en esta casa, no es sencillo”, y aludió a la antinomia implícita entre la defensa de las garantías fundamentales y la violación de la soberanía nacional.
“Defender los derechos democráticos de los nicaragüenses, no significa intervenir militarmente en Nicaragua”, subrayó.
“Panamá conoce, demasiado bien, la historia de las intervenciones en América Latina”, reflexionó, para agregar, de inmediato, que “nuestra historia nos ha enseñado el valor de la soberanía, nos ha enseñado el valor de la autodeterminación”.
“Pero también nos ha enseñado el precio que pueden pagar pueblos, cuando otros deciden intervenir en su nombre”, continuó razonando -en obvia referencia a la demoledora invasión militar estadounidense de 1989, para derrocar y secuestrar al entonces dictador panameño, el general Manuel Antonio “Cara de Piña” Noriega-.
“Por eso, Panamá no propone una intervención militar, no propone imponer un gobierno, y no propone una oposición (…) decidir quién debe gobernar en Nicaragua”, aseguró.
Al defender la democracia, en términos generales -e, implícitamente, la nicaragüense, en particular-, propuso “hacernos una pregunta difícil: qué ocurre cuando un gobierno, que llegó al poder mediante elecciones, comienza, posteriormente, a eliminar condiciones que permiten, al pueblo, cambiarlo democráticamente?”.
“La respuesta de Panamá, es clara: debemos respetar la soberanía del pueblo, y, precisamente por eso, debemos defender su derecho ejerciéndola, porque existe una diferencia fundamental entre equivocarse, dentro de una democracia, y perder el mecanismo democrático para corregir ese error”, reflexionó/advirtió.
“Una democracia, permite cambiar de gobiernos (…) permite reemplazar a los gobernantes, sin destruir instituciones; permite corregir errores, mediante una papeleta, y no mediante la violencia”, manifestó, a continuación.
“Esa es una de las mayores conquistas de la civilización política, y esa, también, es la preocupación que Nicaragua plantea, hoy, a nuestra conciencia democrática”, planteó.
Delgado también se refirió al secuestro del poder como punto de partida para la consolidación de regímenes dictatoriales.
“El problema de la tiranía no comienza, únicamente, cuando aparece la violencia”, empezó a explicar.
“Comienza cuando el poder deja de entenderse como un mandato, y empieza a entenderse como prioridad”, agregó.
“Y, allí, aparece una de las grandes paradojas de la democracia: un pueblo puede elegir, libremente, a un gobernante, pero esa elección no le entrega la propiedad del Estado, le entrega un mandato”, aclaró.
“Y todo mandato democrático, tiene límites, porque la democracia no consiste, solamente, en responder a la pregunta ‘quién gobierna?’”, siguió precisando.
“La república plantea una segunda pregunta, igualmente importante: ‘hasta dónde puede gobernar quien ganó?’”, indicó.
Delgado señaló que “la respuesta está en la Constitución, el Estado de Derecho, en los derechos fundamentales, en la independencia de las instituciones, en la libertad de los ciudadanos, pero, sobre todo, en el derecho del pueblo a volver a decidir”.
Puntualizó que “la democracia no (es) solamente el gobierno de la mayoría” sino que “es, también, gobierno de la mayoría limitado por los derechos de todos”.
“La Carta Democrática Interamericana -que todos hemos suscrito-, expresa, precisamente, esa convicción: reconoce que los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia, y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla”, dijo.
“Establece, además, que la democracia representativa comprende mucho más que una elección: abarca derechos humanos; Estado de Derecho; elecciones periódicas, libres y justas; pluralismo político, y separación e independencia de poderes públicos”, continuó puntualizando.
La diplomática reafirmó que “la Carta Democrática no fue creada para decirnos a quién debemos elegir”, que “fue creada para defender el derecho de nuestros pueblos a elegir”, y que “no nos dice qué ideología debemos apoyar, nos exige preservar el pluralismo”.
“No nos dice quién debe gobernar, pero nos recuerda que el poder debe ejercerse dentro del Estado de Derecho”, aclaró.
“Por eso, la posición de Panamá es deliberadamente sencilla: Panamá no quiere gobernar Nicaragua, quiere que Nicaragua pueda gobernarse democráticamente; Panama no quiere escoger, a los nicaragüenses, quién debe representarlos, quiere que los nicaragüenses puedan escoger, libremente, quién habrá de representarlos”, indicó.
“Panamá no quiere imponer una oposición, quiere que exista oposición; no quiere fabricar alternancia, quiere que exista la posibilidad de una alternancia; no quiere decidir el futuro de Nicaragua, pero, sí quiere que el futuro de Nicaragua siga perteneciendo a los nicaragüenses”, continuó detallando.
“Y esta no es una posición contra la ideología, no es una posición contra la izquierda, no es una posición contra la derecha, no es una posición a favor de un partido”, subrayó, desmantelando teorías conspirativas.
“Es una posición a favor de un principio: los pueblos tienen derecho a escoger, libremente, a sus gobernantes, reemplazarlos democráticamente, y ese principio debe prevalecer, para todos, siempre”, reafirmó.
En alusión a las turanias que históricamente han gobernado a la región -con particular brutalidad durante la segunda mitad del siglo 20, señaló que “América Latina, conoce bien la tentación del poder absoluto”.
“También conoce la tentación de justificarlo cuando el gobernante es políticamente cercano, y conoce la tentación contraria de condenarlo únicamente cuando es políticamente adversario”, agregó.
“Panamá no quiere caer en ninguna de las dos”, aseguró, categóricamente.
“Por eso, nuestra posición es sencilla: ni dictaduras amigas ni dictaduras enemigas; ninguna dictadura”, aclaró.
Algunas de las intervenciones de los gobiernos que, según las desinformadas y desinformadoras teorías conspirativas del derechismo proestadounidense, son “cómplices de la dictadura Ortega-Murillo”, desmantelaron esas estupideces.
Por ejemplo, Belli enumeró, en nombre del gobierno presidido -por tercera vez no consecutiva (2003-2007, 2007-2011, desde 2023)- por el ex sindicalista y ex preso político Da Silva, lo que definió como violaciones a las garantías fundamentales en Nicaragua.
Al mencionar casi una veintena, dijo que “es extensa, y grave, la lista de violaciones en el país: detenciones arbitrarias por motivos políticos; desapariciones forzadas; tortura y muerte bajo custodia; privación arbitraria de la nacionalidad, y apatridia; destierro e impedimento de regreso al propio país”.
Además, “confiscación de bienes; censura y cierre de medios de comunicación; disolución de organizaciones de la sociedad civil, ataques a la libertad académica y religiosa; persecución a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y sindicalistas”.
Asimismo, “violación de los derechos de las mujeres, personas Lgbti+, pueblos indígenas, y comunidades afrodescendientes”
Por su parte, Lanza, embajador del gobierno presidido, desde 2025, por el uruguayo Yamandú Orsi -dirigente del centroizquierdista Frente Amplio-, denunció “graves violaciones a los derechos fundamentales, incluyendo detenciones arbitrarias, supresión de la libertad de expresión”.
Ello, además de “vulneraciones a los derechos fundamentales, afectaciones a las garantías judiciales y al debido proceso”.
El embajador planteó, igualmente, que “la gravedad de la situación que atraviesa el pueblo nicaragüense, exige que la comunidad internacional -de manera conjunta, con una hoja de ruta orientada al restablecimiento de la democracia, el Estado de Derechos, y el pleno respeto a los derechos humanos- actúe” -obviamente absteniéndose de la opción militar-.
La única acción concreta fue planteada por el embajador de República Dominicana en la OEA, Víctor “Ito” Bisonó, quien informó, a los participantes en el encuentro ministerial, sobre la decisión del gobierno presidido por Luis Abinader, de cerrar la embajada del isleño país caribeño, en Nicaragua.
“Hago pública, en la presente consulta de cancilleres, la decisión dominicana de retirar nuestra embajada, del hermano país de Nicaragua, hasta tanto persistan las condiciones que aquí hemos denunciado”, planteó el diplomático.
Al reflexionar, en términos generales, respecto a la democracia y a la soberanía, la embajadora panameña planteó que “una república no pertenece a su gobierno, no pertenece a su partido, no pertenece a una familia, no pertenece a una revolución: pertenece a sus ciudadanos”.
“Y esta es, precisamente, la razón por la que debemos defender instituciones, porque las instituciones permiten que el poder cambie de manos sin que el país tenga que cambiar de destinos”, agregó.
“La democracia es imperfecta -por supuesto que lo es-, pero tiene una virtud extraordinaria: permite corregir sus propios errores, sin recurrir a la violencia; la urna permite despedir al gobernante; la alternancia permite renovar la esperanza; el Estado de Derecho permite resolver conflictos, sin que el poder tenga que convertirse en fuerza”, señaló.
“Y la libertad permite que un ciudadano pueda decirle, al gobierno, ‘no estoy de acuerdo contigo’, sin que esto pierda sus derechos”, precisó.
“Panamá conoce el valor de la soberanía, conoce el valor de la autodeterminación, y el precio de la intervención, pero conoce, también, el precio de perder libertades”, expresó, a continuación.
“Por eso, nuestra posición frente a Nicaragua no nace de una voluntad de intervenir en su política interna: nace de un compromiso interamericano”, aclaró.
“Y ese compromiso puede resumirse en una frase: Panamá no pretende escoger el futuro político de Nicaragua; Panamá defiende el derecho de los nicaragüenses a escogerlo”, subrayó.
“No queremos gobernar Nicaragua, queremos que Nicaragua pueda gobernarse democráticamente; no queremos imponer una alternativa, queremos que exista la posibilidad de una alternativa; no queremos decidir quién debe representar al pueblo nicaragüense, queremos que sea el pueblo nicaragüense quien lo decida”, dijo.
“Porque la soberanía nacional no puede utilizarse para negar la soberanía popular”, planteó, además de explicar que “el voto entrega un mandato, pero no la propiedad del Estado”.
Y puntualizó: “Panamá, seguirá defendiendo a Nicaragua -y a toda la región de América- en el principio que no debería tener ni izquierda ni derecha, ni amigos ni enemigos: la democracia debe ser para todos, y debe ser defendida -siempre-”.
