México se apartó de las referencias de la OEA que relacionan la situación política y de derechos humanos de Nicaragua con una amenaza para la paz y la seguridad hemisférica, al sostener que estos asuntos deben abordarse mediante el diálogo, la diplomacia y los mecanismos internacionales de derechos humanos.
WASHINGTON D. C.— México decidió no acompañar la resolución aprobada el 2 de octubre por la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores sobre Nicaragua.
La representación mexicana dejó constancia de su posición mediante una nota al pie de la resolución, específicamente frente a las referencias que vinculan la situación política y de derechos humanos de Nicaragua con posibles riesgos o amenazas para la paz y la seguridad hemisférica. (Misión SRE)
La decisión se fundamenta, según explicó la Misión Permanente de México ante la OEA, en los principios constitucionales que orientan la política exterior mexicana, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados y la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. (Misión SRE)
México separa derechos humanos y seguridad
Uno de los principales argumentos planteados por México durante la reunión fue la necesidad de distinguir entre los problemas relacionados con derechos humanos y democracia y aquellos que constituyen propiamente amenazas a la paz y la seguridad internacionales.
El embajador Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la OEA, sostuvo que ampliar la categoría de amenazas para incluir asuntos esencialmente políticos y de derechos humanos podría conducir a la utilización de mecanismos distintos a los instrumentos pacíficos y diplomáticos destinados a atender esas situaciones.
Para el Gobierno mexicano, la defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos no debe desaparecer de la agenda internacional. Su planteamiento consiste en que esa defensa debe realizarse respetando simultáneamente la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. (Misión SRE)
Esta distinción constituye uno de los elementos centrales de la posición mexicana frente al debate sobre Nicaragua.
Una reunión convocada por la OEA
La reunión celebrada en Washington fue convocada por el Consejo Permanente de la OEA después de considerar que los acontecimientos recientes en Nicaragua constituían un asunto urgente y de interés común para los Estados americanos.
La propia organización explicó que la Reunión de Consulta es uno de sus principales mecanismos políticos para que los Estados miembros examinen colectivamente situaciones consideradas relevantes para el hemisferio y determinen las acciones que consideren apropiadas dentro de la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional. (OEA)
La sesión del 2 de octubre se concentró en la situación política nicaragüense y en las posibles acciones que los Estados americanos podrían desarrollar frente a ella.
La propuesta de diálogo
Pese a las diferencias existentes entre los países miembros sobre la forma de abordar la crisis nicaragüense, la resolución aprobada contempla un mecanismo de diálogo diplomático.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, señaló al concluir la reunión que los Estados miembros acordaron un proceso destinado a impulsar el diálogo, evaluar avances y determinar eventuales medidas posteriores.
Según la Secretaría General, el objetivo es contribuir a generar condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos políticos mediante instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas. (OEA)
De esta manera, el debate dentro de la organización no se limita a una confrontación política entre Estados, sino que también incluye la búsqueda de mecanismos de interlocución con las autoridades nicaragüenses.
La preocupación por Nicaragua
La resolución de la OEA refleja la preocupación de varios gobiernos americanos por la evolución política de Nicaragua y por la situación de los derechos políticos y humanos en ese país.
Entre los asuntos discutidos se encuentran las condiciones para la participación política, el funcionamiento de las instituciones democráticas y las garantías para el ejercicio de derechos fundamentales.
La OEA sostiene que Nicaragua continúa teniendo obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, independientemente de su salida de la organización en noviembre de 2023.
México, sin embargo, ha establecido una diferencia entre reconocer la existencia de preocupaciones en materia de derechos humanos y considerar que esas circunstancias constituyen, por sí mismas, una amenaza a la paz y la seguridad hemisférica.
Una posición basada en la Constitución mexicana
La Cancillería mexicana ha insistido en que su posición no constituye una decisión aislada frente al caso nicaragüense, sino que responde a principios establecidos en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ese marco contempla como principios de la política exterior mexicana la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la protección y promoción de los derechos humanos. (Misión SRE)
México también incluye entre esos principios la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Desde esta perspectiva, la posición mexicana combina dos elementos: la defensa de los derechos humanos y la democracia, junto con la oposición a que asuntos esencialmente políticos sean tratados automáticamente bajo una lógica de seguridad hemisférica.
México y la llamada “securitización”
El concepto de “securitización” utilizado por la delegación mexicana se refiere, en este contexto, a la transformación de determinados asuntos políticos o sociales en cuestiones de seguridad.
México considera que ese cambio de enfoque debe manejarse con cautela porque podría ampliar el tipo de medidas que los organismos internacionales consideren justificadas frente a un determinado Estado.
El Gobierno mexicano sostiene que los instrumentos internacionales deben permanecer dentro de las competencias que les otorgan el derecho internacional y los tratados correspondientes.
La preocupación mexicana, por tanto, no se centra únicamente en el contenido de una resolución determinada, sino también en las consecuencias que podría tener establecer nuevos criterios para definir qué situaciones representan amenazas a la seguridad regional. (Misión SRE)
Un antecedente de la posición mexicana
La decisión del 2 de octubre tiene como antecedente la posición adoptada por México durante el proceso que llevó a convocar la reunión de cancilleres.
México ya había expresado reservas sobre la utilización del concepto de amenaza a la paz y la seguridad regional para describir la situación nicaragüense.
La actual posición mexicana mantiene esa línea y plantea que las diferencias políticas y las denuncias sobre derechos humanos deben atenderse prioritariamente mediante mecanismos diplomáticos, diálogo y cooperación internacional.
México mantiene abierta la vía diplomática
La representación mexicana también dejó claro que su decisión de no acompañar determinadas referencias de la resolución no significa que México se retire de los esfuerzos internacionales relacionados con Nicaragua.
Por el contrario, la Misión Permanente señaló que el país está dispuesto a participar constructivamente en iniciativas destinadas a tender puentes, fortalecer los canales de diálogo y favorecer soluciones pacíficas y diplomáticas.
México plantea que esos esfuerzos deben desarrollarse dentro del derecho internacional y de los instrumentos que regulan el Sistema Interamericano. (Misión SRE)
La posición coloca al diálogo como uno de los principales instrumentos para enfrentar las diferencias políticas entre los Estados y evitar que una controversia termine convirtiéndose en un conflicto de mayores dimensiones.
Un debate que continúa
La decisión mexicana abre nuevamente un debate dentro del continente americano sobre los límites entre soberanía nacional, derechos humanos, democracia y seguridad regional.
Por un lado, la OEA sostiene que la situación de Nicaragua requiere una respuesta colectiva y mecanismos destinados a favorecer condiciones democráticas y el ejercicio de derechos políticos. (OEA)
Por otro, México sostiene que la defensa de esos principios debe realizarse sin convertir automáticamente una crisis política o de derechos humanos en una cuestión de seguridad hemisférica.
Ambas posiciones forman parte de una discusión más amplia sobre el papel que deben desempeñar los organismos regionales frente a situaciones internas de los Estados.
Para México, el principio de no intervención continúa siendo un componente fundamental de su política exterior. La Cancillería afirma que, al mismo tiempo, el país mantendrá su compromiso con los derechos humanos, la cooperación internacional y la solución pacífica de controversias.
La decisión adoptada en Washington, por tanto, no representa para México una renuncia al diálogo sobre Nicaragua, sino una delimitación de cómo considera que debe desarrollarse ese diálogo y bajo qué principios jurídicos y diplomáticos debe actuar el Sistema Interamericano. (Misión SRE)
La pieza queda con un enfoque favorable a explicar la lógica de la postura mexicana, pero sin presentar como hechos las valoraciones políticas de México ni descalificar la posición de la OEA.
