Las niñas y los niños con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población infantil. Sin embargo, garantizar esa igualdad no significa únicamente reconocerla en las leyes: implica adoptar medidas concretas para que puedan ejercer plenamente sus derechos y participar en la sociedad en igualdad de condiciones.
La Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establecen obligaciones claras para los Estados. Costa Rica ratificó ambos instrumentos internacionales, por lo que la protección de la niñez con discapacidad forma parte de los compromisos asumidos por el país.
Uno de los principales desafíos es superar las barreras que todavía limitan la participación de esta población. La discapacidad no debe entenderse únicamente desde las condiciones de una persona, sino también desde las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que pueden impedir su participación plena y efectiva.
Familias necesitan apoyos
Las familias que tienen niñas o niños con discapacidad pueden enfrentar importantes desafíos. Por ello, los Estados deben desarrollar servicios de apoyo que permitan a estas personas vivir , crecer dentro de sus familias y comunidades, evitando situaciones de abandono, aislamiento o segregación.
Entre estos servicios se encuentran la asistencia domiciliaria, los apoyos comunitarios, los servicios residenciales cuando sean necesarios, la información y las ayudas financieras. Estos servicios deben ser flexibles y responder a las necesidades concretas de cada persona.
Un aspecto fundamental es que los apoyos no deben imponerse sin consultar. Las personas con discapacidad y sus familias deben ser escuchadas para determinar qué asistencia necesitan y cuándo la requieren.
Persisten brechas importantes
A pesar del reconocimiento jurídico de sus derechos, la niñez con discapacidad continúa enfrentando importantes desigualdades en ámbitos como la educación, la salud, el transporte y los espacios destinados al juego.
El documento cita una investigación de UNICEF de 2021 que identificó diferencias significativas entre niños con y sin discapacidad. Entre otros datos, señala menores probabilidades de recibir atención temprana, mayores dificultades educativas y una mayor proporción de niños con discapacidad que nunca han asistido a la escuela.
Estas cifras muestran que el reconocimiento formal de los derechos no es suficiente. Se requieren políticas públicas capaces de eliminar las barreras que impiden que esos derechos se conviertan en una realidad cotidiana.
El interés superior debe prevalecer
Cuando una decisión pública o privada afecta a una niña o un niño con discapacidad, el interés superior de esa persona debe ocupar un lugar primordial.
Esto significa que las autoridades deben analizar las circunstancias particulares de cada menor de edad y valorar las consecuencias que sus decisiones pueden producir. La perspectiva de discapacidad debe incorporarse en las políticas, procedimientos administrativos y decisiones judiciales que involucren a esta población.
La accesibilidad también resulta esencial. Un centro educativo debe contar con condiciones físicas accesibles y, en el caso de una persona sorda, deben existir mecanismos adecuados de comunicación, como el conocimiento de la lengua de señas o medios alternativos.
Niñez debe ser escuchada
Otro de los aspectos centrales es el derecho de las niñas y los niños con discapacidad a expresar libremente su opinión sobre todos los asuntos que les afecten.
La Convención establece que sus opiniones deben recibir la debida consideración de acuerdo con su edad , madurez y que deben contar con los apoyos necesarios para ejercer este derecho. Además, los Estados deben consultar estrechamente a las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, a través de las organizaciones que las representan.
Escuchar a la niñez con discapacidad no puede convertirse en un simple trámite. Sus experiencias pueden aportar información fundamental para diseñar leyes, programas y políticas públicas que realmente respondan a sus necesidades.
Para que esa participación sea efectiva, la información debe proporcionarse en formatos accesibles, incluyendo lengua de señas, Braille , otros sistemas y medios de comunicación que respondan a las necesidades de cada persona.
Una responsabilidad colectiva
Garantizar los derechos de la niñez con discapacidad requiere una responsabilidad compartida entre el Estado, las instituciones, las familias y la comunidad.
La igualdad no consiste en ofrecer exactamente lo mismo a todas las personas, sino en adoptar las medidas necesarias para que quienes enfrentan barreras puedan ejercer efectivamente sus derechos. Ignorar las necesidades particulares de cuidado y apoyo de un niño o una niña con discapacidad puede significar una vulneración de sus derechos.
El desafío consiste, por tanto, en pasar del reconocimiento de derechos a su cumplimiento efectivo. Una sociedad verdaderamente inclusiva debe garantizar que las niñas y los niños con discapacidad puedan crecer junto a sus familias, participar en sus comunidades, acceder a servicios, expresar sus opiniones y construir sus proyectos de vida sin discriminación ni segregación.
La aspiración de que nadie quede atrás también incluye a la niñez con discapacidad. Para hacerla realidad, resulta indispensable crear espacios accesibles donde puedan ser escuchados, participar de manera informada y ejercer plenamente sus derechos.
