El “Escudo de las Américas” se activa, en Costa Rica

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En un salto atrás de 17 años, las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Cuba regresaron al nivel consular.

En el segundo de sus dos períodos presidenciales, (1986-1990, 2006-2010) el costarricense Oscar Arias -ganador, en 1986, del Premio Nobel de la Paz-, firmó, el 18 de marzo de 2009, el decreto ejecutivo restableciendo el vínculo al nivel de embajadores.

El ex jefe de Estado anuló, así, la decisión de su antecesor (1958-1962) Mario Echandi, de sumarse a la tendencia impuesta, en 1961, por Estados Unidos, en América, de romper relaciones con el gobierno revolucionario -orden que países Canadá y México se negaron a acatar-.

Arias dijo, al anunciar la decisión referida a Cuba, que “hoy, ya no tiene sentido jugar al distanciamiento oficial, cuando hemos abierto canales de cooperación en diversas áreas, cuando tenemos relaciones consulares y comerciales, con La Habana, de cierta importancia”.

El entonces gobernante costarricense aseguró que evaluó la medida, “con mucho detenimiento y responsabilidad”.

Casi dos décadas después, el actual presidente costarricense (2022-2026), Rodrigo Chaves, aplicó reversa, y volvió a bajar, al nivel de cónsules, las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Chaves anunció, el 18 de marzo, que su administración no reconoce, como legítimo, al gobierno de la nación isleña.

La decisión de la administración Chaves fue implementada 11 días después de que el mandatario costarricense participó, el 7 de marzo, junto a su colega de Estados Unidos, Donald Trump, y a otros 11 jefes de Estado y de Gobierno latinoamericanos y caribeños, en el lanzamiento de la iniciativa estadounidense de seguridad regional denominada Escudo de las Américas.

Los países representados fueron, además de Estados Unidos y Costa Rica, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, y Trinidad y Tobago.

La reunión cumbre fue complementada, el 5 y el 6 de marzo, por un encuentro de 17 ministros de seguridad y de defensa de 17 países de la región -los 12 del cónclave de gobernantes, más Bahamas, Belice, Guatemala, Jamaica, y Perú.

Los ministros firmaron, al cierre de esas deliberaciones, la Declaración Conjunta de Seguridad de la Conferencia de las Américas Contra los Carteles, que se enmarca en la iniciativa del Escudo de las Américas.

Los jerarcas gubernamentales, incluido su anfitrión y colega estadounidense, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, expresaron, en el documento, su “intención de expandir la cooperación multilateral y bilateral para mejorar nuestra seguridad em el Hemisferio Occidental”.

También se comprometieron a “cooperar en las siguientes áreas: plenos esfuerzos gubernamentales respecto a seguridad fronteriza; combatir el narcoterrorismo y el tráfico; asegurar la infraestructura crítica; y otras áreas a ser mutuamente determinadas”.

Igualmente, expresaron la voluntad de “impulsar ‘Paz a través de Fuerza’, para enfrentar futuras amenazas a nuestros mutuos intereses”, además de “ingresar a una coalición para combatir al narcoterrorismo y otras amenazas compartidas al Hemisferio Occidental”.

El encuentro bajo el Escudo de las Américas se enmarcó en la ofensiva militar lanzada, la madrugada del 3 de enero, por Estados Unidos para derrocar y someter a juicio, en Estados Unidos, al ex presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en la guerra que el país norteamericano e Israel están llevando a cabo, desde el 28 de febrero, contra Irán -y extendiendo a otros países de Oriente Medio-.

Simultáneamente, el gobierno de Trump está acorralando al gobierno cubano, mediante la intensificación del aislamiento económico que Estados Unidos impone, desde 1962, contra la isla caribeña, afectando, severamente, a la población.

De modo que la decisión costarricense de limitar, al nivel consular, las relaciones diplomáticas con Cuba, se encuadra en un complejo contexto mundial de fortalecimiento del dominio imperial estadounidense, lo que no impide, a la administración Trump mantenerse centrada en el derrocamiento del gobierno revolucionario -que las autoridades estadounidenses definen, al igual que en los casos venezolano e iraní, con el eufemismo de “cambio de régimen”-.

Al formular el anuncio respecto a la degradación del vínculo costarricense-cubano, Chaves dijo, en conferencia de prensa, que “el gobierno de Costa Rica no reconoce la legitimidad del régimen comunista de Cuba, en vista del maltrato, la represión, las condiciones indignas que a los habitantes de esa isla hermosa”.

Por su parte, el canciller costarricense, André Tinoco, explicó, al participar en el diálogo con periodistas, que la decisión de la administración Chaves incluye el cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba, y la solicitud, al gobierno de Díaz-Canel, de mantener, en su representación en Costa Rica, solamente a personal consular.

Al reafirmar los conceptos expuestos por Chaves, el ministro dijo que la medida obedece a la “profunda preocupación, del país, por el deterioro sostenido de la situación de los derechos humanos”.

Igualmente, “por el incremento de actos de represión contra ciudadanos, activistas, y opositores”, dijo.

Tinoco destacó, además, “el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, la escasez de bienes esenciales, las dificultades de acceso a alimentos, medicamentos, servicios básicos”, implícitamente señalando las dramáticas consecuencias del agudizado bloqueo estadounidense contra el país caribeño.

Las características de la presente crisis cubana, “hacen prácticamente imposible nombrar a personal diplomático costarricense para ejercer su labor, en La Habana, adecuadamente”, planteó.

La respuesta de Cuba no demoró, y fue expresada en mensajes en la red social X, respectivamente, por Díaz-Canel y por el canciller, Bruno Rodríguez.

El presidente cubano aseguró que “rechazamos la decisión unilateral del gobierno de Costa Rica, de rebajar el nivel de las relaciones con Cuba, limitándolas al ámbito consular, sin argumento ni justificación alguna”, por tratarse de lo que describió como un “acto inamistoso”.

La acción del mandatario costarricense deriva de “evidentes presiones de EE.UU, como parte de su renovada ofensiva para tratar de sumar a otros países a su fracasada política contra Cuba”, escribió, además.

Similarmente, Rodríguez denunció que, lo actuado por la administración Chaves, constituye “un acto de clara sumisión ante las presiones y dictados del gobierno de EE.UU., que intenta arrastrar a otros países de la región a su intento, históricamente fallido, de aislar a Cuba”.

Las coincidentes expresiones de Díaz-Canel y de Rodríguez son implícitas referencias, entre otras políticas estadounidenses anticubanas, al Escudo de las Américas, y a la declaración de los ministros de defensa y de seguridad.

El canciller vaticinó, además, que la decisión del gobierno costarricense constituye una medida que está, inevitablemente, “condenada al fracaso”.

Rodríguez denunció, asimismo, que “EE.UU. amenaza a Cuba con destruir el orden constitucional y tomar el control del país”.

A continuación, en calidad de advertencia, escribió: “el castigo colectivo que se nos aplica a los cubanos no mellará el ejercicio pleno de la soberanía no de la creatividad frente al bloqueo y el cerco energético”.

El mensaje antintervencionista fue claro: “toda agresión del imperialismo chocará con la voluntad irreductible del pueblo cubano en la defensa de la independencia de la Patria”.

Las respectivas cancillerías emitieron, igualmente, comunicados explicativos de las posiciones obviamente encontradas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y culto de Costa Rica, formuló el anuncio, mediante el texto que tituló “Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro del personal diplomático de Cuba en Costa Rica”.

“El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decision de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios”, informó.

“De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica”, señaló.

“Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica”, precisó.

“Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá”, agregó.

La cancillería costarricense planteó, asimismo, que “la medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios fe la sociedad civil”.

Esas fuentes de información “han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano”, agregó.

El contexto descrito en el comunicado, es implícitamente coincidente con la situación de represión policial y militar interna, por parte de la administración Trump, contra manifestaciones antigubernamentales, en ciudades estadounidenses, a nivel nacional.

Esas acciones armadas han cobrado, de momento, dos vidas -respectivamente, de una mujer y un hombre, baleados a quemarropa por agentes federales, mientras participaban, pacíficamente, en protestas-, en la ciudad de Minneapolis, la mayor ciudad del norteño estado de Minnesota -fronterizo con Canadá-.

La cancillería costarricense aseguró que “el país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba”.

Su contraparte cubana -también conocida por la sigla Minrex- difundió, el mismo día, un comunicado que tituló “Bajo presión de Estados Unidos, Costa Rica anuncia cierre de su Embajada en La Habana y limita las relaciones con Cuba al ámbito consular”.

“La decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba”, fue informada, el 17 de marzo, por la cancillería costarricense, a su contraparte cubana, “mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno”, informó el ministerio de la nación caribeña.

“Sin ningún tupo de justificación (…) solicitó a Cuba retirar al personal diplomático de su Embajada en San Jos{e y mantener únicamente al personal consular y administrativo”, agregó.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba rechaza contundentemente las irrespetuosas declaraciones realizadas por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, en conferencia de prensa el 18 de marzo”, advirtió.

Siempre refiriéndose al mandatario costarricense, aseguró que, “al tratar de justificar este acto inamistoso de su gobierno, manipuló burdamente la historia y la realidad de Cuba e ignoró de manera escandalosa la responsabilidad directa que en el agravamiento de la situación del pueblo cubano, ha tenido la política de bloqueo de los Estados Unidos, hecho reconocido a lo largo de los años por el propio gobierno costarricense”.

“Se trata de una decisión arbitraria, evidentemente adoptada bajo presión”, denunció, a continuación.

“Con este paso, el gobierno costarricense, que exhibe un historial de subordinación a la política de los Estados Unodos contra Cuba, se suma una vez más a la ofensiva del gobierno estadounidense en sus renovados intentos por aislar a nuestro país de las naciones de Nuestra América”, planteó, en calidad de acusación.

Además, “se hace partícipe de su escalada agresiva (de Estados Unodos) contra la Revolución cubana”, una ofensiva que es “rechazada por la comunidad internacional”, precisó.

Respecto a la política de Trump, de intensificado hostigamiento citra Cuba, y ante la perspectiva de intervención militar estadounidense en la isla caribeña, Díaz-Canel lanzó, en su mensaje en X, una inequívoca advertencia: “ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

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