El Plenario de la Asamblea Legislativa de Costa Rica discutirá y votará el próximo 23 de marzo un informe legislativo que exime de responsabilidad a la exjerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, en relación con decisiones tomadas durante su gestión, entre ellas el denominado caso Barrenador, investigado por presuntas irregularidades dentro de la institución.
El anuncio fue realizado en sesión plenaria por el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, quien confirmó que el informe de mayoría elaborado por la comisión legislativa investigadora será sometido a votación. Dicho documento fue suscrito por los diputados Daniel Vargas Quirós (oficialismo), María Marta Carballo Arce (Partido Unidad Social Cristiana), Olga Morera Arrieta (Partido Nueva República) y el independiente Luis Diego Vargas Rodríguez.
El informe podría aprobarse con mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los diputados presentes. En caso de ser rechazado, el Plenario procedería a discutir el informe de minoría elaborado por legisladores de oposición.
Críticas desde la oposición
Sectores opositores consideran que el documento minimiza responsabilidades sobre la crisis que atraviesa la institución de seguridad social. La jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, calificó el informe como un “informe de impunidad”.
Según la legisladora, el documento evita señalar responsabilidades administrativas, políticas o económicas en torno al deterioro institucional de la CCSS, así como en temas sensibles como las listas de espera, la suspensión del portafolio de inversiones y las decisiones administrativas adoptadas durante la gestión de Esquivel.
En la misma línea, las diputadas Andrea Álvarez Marín y Paulina Ramírez Portuguez, ambas del Partido Liberación Nacional, cuestionaron que el informe de mayoría también libera de responsabilidades a la actual presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor Bolaños.
Un año de investigación legislativa
La comisión legislativa encargada de investigar la gestión de la CCSS concluyó sus labores el 24 de febrero, tras un año y cuatro meses de audiencias, comparecencias y análisis de documentos.
Durante el cierre del proceso se registraron fuertes tensiones entre diputados, particularmente por las acusaciones de que el informe de mayoría respondería a una alineación con el oficialismo.
En contraste, la presidenta de la comisión, Andrea Álvarez, presentó un informe de minoría respaldado por Ramírez y Alfaro, el cual advierte sobre riesgos financieros y posibles responsabilidades administrativas en la gestión institucional.
El trasfondo del caso Barrenador
El denominado caso Barrenador involucra presuntos contratos con sobreprecios por 2.400 millones de colones entre la CCSS y cooperativas privadas para la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).
La investigación es desarrollada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, que analiza posibles delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
El 23 de septiembre de 2024, autoridades judiciales realizaron 28 allanamientos y ocho detenciones, entre ellas la de Marta Esquivel, quien entonces ocupaba la presidencia ejecutiva de la CCSS.
Posteriormente, el Juzgado Penal de Hacienda ordenó su suspensión del cargo por seis meses, medida que luego fue prorrogada por un año. Tras su salida de la institución, Esquivel fue nombrada ministra por el presidente Rodrigo Chaves Robles, lo que le otorgó inmunidad temporal al integrarse al gabinete.
Esa inmunidad quedó sin efecto cuando renunció para participar en la campaña electoral y posteriormente resultó diputada electa por el Partido Pueblo Soberano.
Debate político en puerta
La discusión del informe el 23 de marzo perfila un nuevo enfrentamiento político en el Congreso, donde el oficialismo y la oposición mantienen posiciones enfrentadas sobre las conclusiones de la investigación legislativa y las responsabilidades en la crisis de la seguridad social costarricense.
