En Guadalajara, estado de Jalisco, México, el gobernador Pablo Lemus confirmó que fue denunciado ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) por presunta violencia política de género, luego de sus declaraciones contra la iniciativa que busca reconocer la identidad de género de personas menores de edad.
La denuncia fue presentada por la diputada federal Candelaria Ochoa, integrante del partido Morena, después de que el mandatario estatal rechazara públicamente la propuesta conocida como “Ley de Infancias Trans”.
Durante una conferencia de prensa realizada el 17 de febrero, Lemus defendió su postura y respondió a la denuncia con declaraciones que intensificaron la controversia política.
“Voy a seguir defendiendo a las niñas y los niños de Jalisco y no voy a permitir que políticas que quiera impulsar Morena… se apliquen en nuestro estado”, afirmó el gobernador. Incluso añadió que, si la denuncia prospera, se sentiría “orgulloso” de haber sido señalado por su posición.
Debate sobre identidad de género
La iniciativa legislativa que ha generado el conflicto no plantea intervenciones médicas para menores, como ha circulado en parte del debate público. Según especialistas en derechos humanos, la propuesta busca adaptar la legislación estatal a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo sería permitir que menores de edad, con la autorización de sus padres o tutores, puedan modificar su acta de nacimiento para que el nombre y el género registrados coincidan con su identidad de género autopercibida. Este trámite se realizaría mediante un procedimiento administrativo en el Registro Civil.
La SCJN ha sostenido en diversas resoluciones que la identidad de género forma parte de los derechos humanos y que los estados deben garantizar mecanismos accesibles para su reconocimiento.
Sin embargo, por tercera ocasión el Congreso de Jalisco rechazó reformar la Ley del Registro Civil para alinearla con ese criterio judicial. La votación quedó en 22 votos en contra, 11 a favor y una abstención.
El bloque que rechazó la reforma estuvo conformado por legisladores de Movimiento Ciudadano —partido del gobernador—, así como del PAN, PRI, Partido Verde y un diputado del Partido del Trabajo.
Posible revisión judicial
El desacuerdo entre el Congreso estatal y los criterios de la SCJN podría derivar en una revisión judicial del caso. Especialistas señalan que, si se determina que el estado incumple lo ordenado por el máximo tribunal, la decisión legislativa podría ser invalidada o incluso generar sanciones por desacato.
Nuevo frente político: reforma electoral
En la misma conferencia, Lemus abrió otro debate al plantear propuestas para la reforma electoral que actualmente se discute a nivel federal.
El gobernador expresó coincidencias con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la necesidad de combatir el nepotismo político, pero planteó una diferencia: respaldar la reelección de presidentes municipales, aunque no la de diputados.
Además, propuso crear mecanismos legales que impidan que personas con antecedentes penales graves puedan competir en elecciones.
Casos que desataron la polémica
La propuesta surge tras dos casos recientes que han impactado la política jalisciense. El primero involucra al diputado local Leonardo Almaguer, de quien se reveló un antecedente penal relacionado con el robo de camiones repartidores de cerveza en 2004, por el cual pasó cerca de tres años en prisión.
El segundo caso es la detención del alcalde del municipio de Tequila, acusado de extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, además de órdenes de captura contra dos de sus funcionarios.
Para Lemus, estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer los filtros para aspirantes a cargos públicos.
“Debemos establecer mecanismos para evitar que delincuentes aparezcan en la boleta electoral”, señaló el gobernador.
Mientras tanto, el enfrentamiento político por la identidad de género y las reformas electorales mantiene abierto un nuevo capítulo en la agenda pública de México, donde el debate sobre derechos humanos y gobernabilidad continúa intensificándose.
