El Gobierno de Costa Rica solicitó formalmente a Nicaragua un refuerzo en la vigilancia del río San Juan, ante la preocupación por un incremento de actividades vinculadas a la minería ilegal de oro en la zona fronteriza norte del país.
La petición fue canalizada por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, quien instruyó a la Cancillería costarricense para que gestionara ante las autoridades nicaragüenses un aumento en la frecuencia y cobertura de los patrullajes fluviales. La medida busca frenar el traslado en barcazas de sedimentos con contenido aurífero, presuntamente extraídos de manera ilegal en territorio costarricense.
De acuerdo con el oficio remitido, el objetivo es “incrementar el número y la frecuencia de patrullajes de seguridad en el río San Juan”, con el fin de contener la acción de redes de crimen organizado que estarían aprovechando la complejidad geográfica de la frontera para movilizar materiales provenientes de zonas de explotación clandestina.
Denuncias sobre procesamiento en Nicaragua
El ministro Zamora indicó públicamente que parte del material transportado estaría siendo adquirido y procesado por empresas de origen chino ubicadas en territorio nicaragüense. Según explicó, se trataría de sacos de sedimento con contenido de oro, extraídos principalmente en las zonas de Crucitas y Conchudita, donde la minería ilegal ha mostrado un crecimiento significativo en las últimas semanas.
Ante esta situación, el jerarca también compareció ante la Asamblea Legislativa para promover reformas legales que permitan fortalecer los controles, la persecución penal y la regulación de la actividad minera en el norte del país.
Cooperación regional como eje central
La solicitud costarricense se enmarca en un enfoque de cooperación bilateral, dirigido a reforzar los mecanismos conjuntos de seguridad y control fronterizo. Las gestiones se realizan ante el Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el objetivo de coordinar acciones que permitan contener el flujo irregular de materiales, reducir los impactos ambientales y sociales asociados a la minería ilegal.
Desde San José se subraya que el problema no solo tiene implicaciones en materia de seguridad, sino también ambientales, económicas y sociales, particularmente para las comunidades fronterizas que enfrentan la degradación de los ecosistemas, la presión del crimen organizado y el debilitamiento del tejido comunitario.
Un fenómeno regional en expansión
La preocupación por la minería ilegal no es exclusiva de Costa Rica. En distintos países de América Latina, organizaciones sociales, autoridades ambientales y especialistas han alertado sobre el avance de esta actividad, especialmente en zonas amazónicas y territorios indígenas, debido a su impacto en la biodiversidad, los recursos hídricos y los derechos humanos.
En este contexto, Costa Rica insiste en la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, los controles transfronterizos y las estrategias integrales de desarrollo local, como vías para enfrentar de manera estructural un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales.
Mientras avanzan las gestiones diplomáticas, las autoridades costarricenses mantienen operativos en la zona norte y reiteran su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad vinculada con la minería ilegal, en resguardo del patrimonio ambiental y la seguridad del país.
