Costa Rica y Nicaragua coordinan acciones conjuntas contra la minería de oro ilegal en la frontera
San José, Costa Rica. — Los ministros de Relaciones Exteriores y de Seguridad de Costa Rica y Nicaragua sostendrán este sábado una reunión de alto nivel con el objetivo de analizar estrategias conjuntas para enfrentar la minería de oro ilegal y el contrabando de este material en la zona fronteriza común, según informó el Gobierno costarricense.
El encuentro, que se desarrollará en un punto aún no precisado de la región fronteriza, busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad, protección ambiental y control del comercio ilícito. En la cita participarán el canciller costarricense, Arnoldo André, su homólogo nicaragüense, Valdrack Jaentschke, así como los ministros responsables de los temas de seguridad en ambos países.
De acuerdo con André, la reunión responde a una solicitud formal planteada por Costa Rica, la cual fue acogida positivamente por Nicaragua, con el propósito de abordar de manera conjunta una problemática que afecta a ambas naciones. Uno de los objetivos centrales es impedir el traslado ilegal de material aurífero por el río San Juan, zona de alta sensibilidad ambiental y estratégica para la región.
El ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, explicó que grupos dedicados a la minería ilegal estarían extrayendo oro en territorio costarricense para posteriormente trasladarlo hacia Nicaragua, donde es procesado y comercializado. Esta situación ha motivado el fortalecimiento de los controles y la coordinación entre las autoridades de ambos países para frenar las rutas de contrabando y desarticular redes de crimen organizado transnacional.
Las principales zonas afectadas en Costa Rica son Las Crucitas, en la provincia de Alajuela, y el cerro Las Conchuditas, áreas que han sido objeto de explotación ilegal tras la suspensión, en 2010, del proyecto minero a cielo abierto de la empresa canadiense Infinito Gold, cuyos permisos fueron anulados por resolución judicial.
La minería ilegal ha generado impactos ambientales significativos, especialmente por el uso de sustancias contaminantes como el mercurio, lo que ha provocado la degradación de suelos, fuentes de agua y ecosistemas locales. Ante este escenario, las autoridades costarricenses han reiterado la necesidad de abordar el problema desde un enfoque integral que combine control territorial, persecución penal, protección ambiental y desarrollo social en las comunidades afectadas.
En este contexto, el Gobierno de Costa Rica impulsa un proyecto de ley para reactivar la minería de oro bajo un modelo de concesión estatal en Las Crucitas, iniciativa que ha generado un intenso debate nacional entre sectores que consideran que podría contribuir al control del problema y grupos ambientalistas que alertan sobre los riesgos ecológicos.
La reunión bilateral representa un paso relevante hacia la construcción de soluciones compartidas frente a un desafío regional que trasciende fronteras y requiere cooperación sostenida, diálogo político y compromiso institucional de ambos países.
