Diversos medios de comunicación de Nicaragua han publicado en los últimos días investigaciones y reportajes que vinculan al gobierno de ese país con el avance de la minería ilegal, una actividad que, según las denuncias, estaría generando impactos ambientales y sociales en zonas fronterizas con Costa Rica.
Las informaciones señalan que la extracción de oro se ha extendido hacia áreas protegidas, territorios indígenas y sectores cercanos al río San Juan, frontera natural entre ambas naciones. Según estas publicaciones, parte del material extraído de forma irregular en territorio costarricense estaría siendo trasladado hacia Nicaragua mediante rutas fluviales utilizadas para el contrabando.
El diario La Prensa indicó que, tras una investigación conjunta con la Fundación del Río, se evidenciarían inconsistencias en la versión oficial del gobierno nicaragüense sobre la actividad minera. De acuerdo con ese medio, las pesquisas apuntan a presuntos beneficios económicos para sectores del poder político y empresarial, así como para compañías de capital chino vinculadas con la comercialización del oro.
En sus publicaciones, La Prensa citó al ambientalista Amaru Ruiz, quien advirtió sobre el aumento del contrabando, la trata de personas y otros delitos conexos en las zonas donde se desarrolla la actividad minera, así como posibles impactos ambientales transfronterizos hacia Costa Rica.
Por su parte, el medio 100% Noticias informó que el gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo instruyeron a la Procuraduría General de la República a defender públicamente las recientes concesiones mineras, calificándolas como transparentes y ajustadas a derecho.
Este medio también reportó que el Gobierno de Costa Rica solicitó formalmente a Nicaragua reforzar los patrullajes en el río San Juan, tras denuncias sobre el traslado de sedimentos y material aurífero extraído ilegalmente desde el lado costarricense.
En este contexto, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, realizó un sobrevuelo en el sector del cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos, una zona cercana al antiguo proyecto minero Crucitas. Las autoridades costarricenses informaron que el operativo permitió la detención de 20 personas, el hallazgo de 20 campamentos improvisados y tres plantas eléctricas, además de la intervención de aproximadamente el 90% del área afectada.
Zamora indicó que, desde el inicio de los operativos contra la minería ilegal, se han decomisado más de 16.000 sacos de material, aunque las estimaciones oficiales señalan que una cantidad significativamente mayor podría haber sido trasladada fuera del país. Asimismo, confirmó que ambos gobiernos sostendrán una reunión bilateral el próximo 28 de marzo en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, con el objetivo de coordinar acciones conjuntas contra el contrabando de oro.
En paralelo, el medio Confidencial publicó un reportaje donde afirma que, en menos de tres años, el gobierno nicaragüense ha otorgado 72 concesiones mineras a 16 empresas chinas, las cuales concentrarían más del 70% del total de áreas concesionadas. Según su análisis, para febrero de 2025 estas concesiones superaban el millón de hectáreas, convirtiendo a la minería en uno de los sectores de mayor expansión en el país.
Las denuncias han reavivado el debate regional sobre los efectos ambientales, sociales y geopolíticos de la minería a gran escala y la minería ilegal en la cuenca del San Juan, una zona de alto valor ecológico y estratégico para ambos países.
Hasta el cierre de esta edición, las autoridades nicaragüenses no habían emitido un pronunciamiento oficial directo sobre las acusaciones publicadas por estos medios, mientras que el Gobierno de Costa Rica reiteró su llamado al fortalecimiento de los mecanismos binacionales de cooperación para enfrentar esta problemática.
