Costa Rica cayó dos puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, al obtener una calificación de 56 sobre 100. Este resultado ubica al país en la posición 46 a escala global, evidenciando un retroceso en la percepción de la integridad del sector público y en la confianza depositada por expertos y actores del sector privado en la gestión estatal.
Aunque la variación puede parecer leve, el descenso representa una señal de alerta sobre el debilitamiento progresivo de los mecanismos de control institucional y de rendición de cuentas. El dato se inserta, además, en un contexto internacional adverso: el promedio mundial descendió a 42 puntos, el nivel más bajo registrado en más de una década.
¿Qué implica una calificación de 56?
El IPC no mide directamente casos judiciales ni escándalos mediáticos, sino la percepción de corrupción en el sector público, basada en la opinión de especialistas en gobernanza, analistas y líderes empresariales. La escala va de 0 —que refleja altos niveles de corrupción— a 100, que representa un sector público percibido como altamente íntegro.
Con 56 puntos, Costa Rica se mantiene por encima del promedio global y conserva una posición destacada dentro de América Latina, solo superada por Uruguay y Chile. Sin embargo, el descenso registrado en 2025 sugiere un deterioro en la confianza institucional, así como un debilitamiento de los contrapesos democráticos.
Según Transparencia Internacional, los países que retroceden en el índice suelen compartir un patrón: pérdida de fortaleza de los controles institucionales y menor disposición del poder político a someterse al escrutinio público. Esta tendencia impacta directamente en la percepción ciudadana y empresarial sobre la transparencia y la probidad del Estado.
Un fenómeno que trasciende las fronteras nacionales
El informe de 2025 sitúa el caso costarricense dentro de una tendencia global más amplia. Naciones con democracias consolidadas, como Reino Unido, Francia y Estados Unidos, también experimentaron caídas en sus calificaciones.
El análisis advierte sobre un declive del liderazgo democrático y un cambio de actitud en sectores del poder, donde la rendición de cuentas deja de verse como una obligación democrática y pasa a percibirse como un obstáculo para la toma de decisiones. En ese contexto, la transparencia pierde centralidad y la percepción de corrupción tiende a aumentar, incluso en sistemas con instituciones históricamente sólidas.
Espacio cívico bajo presión y riesgos estructurales
Aunque el informe no detalla casos específicos por país, sí identifica factores estructurales asociados a estos retrocesos. Uno de los más relevantes es el deterioro del espacio cívico.
Transparencia Internacional señala una correlación clara: en la última década, la mayoría de los países que empeoraron en el IPC también restringieron libertades civiles. Estas limitaciones suelen manifestarse en presiones contra la prensa, obstáculos para el trabajo de organizaciones sociales y cuestionamientos a la independencia judicial.
Cuando periodistas y organizaciones civiles enfrentan barreras para fiscalizar al poder, la corrupción encuentra menos resistencia. A ello se suma el debilitamiento de la independencia judicial, un factor clave para combatir la impunidad. Sin jueces capaces de actuar sin presiones políticas, la percepción de corrupción se profundiza y la confianza en las instituciones se erosiona.
El resultado del IPC 2025 plantea un desafío para Costa Rica, tradicionalmente reconocida por su institucionalidad democrática. Más allá de la cifra, el retroceso subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control, la transparencia y la participación ciudadana, como pilares indispensables para revertir la tendencia y recuperar la credibilidad en la gestión pública.
