BCR presume certificación internacional en plena polémica por plan de venta impulsado por Laura Fernández
En medio de la creciente controversia política y social generada por el anuncio de la presidenta electa, Laura Fernández, de priorizar la venta del Banco de Costa Rica (BCR), la entidad financiera estatal salió a “sacar pecho” y anunció la obtención de una certificación internacional clave en materia de seguridad de pagos electrónicos.
El BCR informó este jueves que alcanzó la certificación PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), tras superar un riguroso proceso de auditoría y revisión técnica. Se trata de un estándar internacional desarrollado por las principales marcas de tarjetas del mundo, como Visa, Mastercard, American Express, Discovery y JCB, que establece exigentes protocolos para la protección de datos y la prevención del fraude.
Según detalló el banco, es el primer banco público del país en contar con sistemas y redes seguras para la solicitud, trazabilidad, adquirencia, entrega y operación de medios de pago, así como con robustos mecanismos de protección de datos de los tarjetahabientes. La certificación también acredita la implementación de programas permanentes de gestión de vulnerabilidades, controles estrictos de acceso a la información y políticas integrales de seguridad para todo el conglomerado financiero.
Julio César Trejos, gerente general del BCR, destacó que este reconocimiento reafirma el compromiso institucional con la seguridad digital y la confianza de los clientes. “Obtener esta certificación confirma el compromiso del BCR con la seguridad y la confianza de sus clientes. Hemos trabajado intensamente para cumplir todos los requisitos que exigen las normas PCI DSS y mantenerlos de forma permanente”, afirmó.
Un anuncio con fuerte carga política
El momento del anuncio no pasa desapercibido. La noticia se da apenas días después de que Laura Fernández confirmara su intención de impulsar la venta del banco como parte de su agenda prioritaria de gobierno, lo que ha generado un intenso debate nacional sobre el futuro de la banca pública, el papel del Estado en el sistema financiero y los riesgos de privatización de activos estratégicos.
En este contexto, el logro del BCR adquiere una dimensión política adicional, al reforzar la imagen de una institución sólida, moderna y alineada con estándares internacionales de seguridad, en contraste con los argumentos que justifican su eventual venta.
Diversos sectores sindicales, sociales y académicos han cuestionado la propuesta gubernamental, advirtiendo que la banca pública cumple un rol fundamental en la inclusión financiera, el desarrollo productivo, el financiamiento de proyectos sociales y el equilibrio del sistema bancario nacional.
Beneficios directos para clientes y operación
El BCR asegura que la certificación PCI DSS fortalece la confianza de las marcas internacionales de tarjetas, mejora la seguridad de las transacciones, reduce riesgos de fraude y facilita la implementación de estrategias de contingencia ante incidentes informáticos. Además, contribuye a consolidar una cultura institucional de seguridad digital, cada vez más relevante en un contexto de aumento de los delitos informáticos.
Las normas PCI DSS aplican a todas las entidades que almacenan, procesan o transmiten datos de tarjetas y otros medios de pago electrónicos, incluyendo billeteras digitales y dispositivos portátiles. Más de 800 organizaciones a nivel mundial participan activamente en el desarrollo y actualización de estos estándares.
Banca pública en la encrucijada
El reconocimiento internacional obtenido por el BCR reabre el debate sobre la pertinencia de vender una institución que demuestra capacidad técnica, solidez operativa y altos estándares de seguridad. Para sus defensores, este tipo de logros evidencian que la banca pública no solo es viable, sino estratégica para el desarrollo nacional.
Mientras el país discute el rumbo que tomará uno de sus principales bancos estatales, el BCR responde con cifras, certificaciones y estándares internacionales, apostando por reforzar su legitimidad ante la ciudadanía en un momento político decisivo.
