La mayoría de docentes no están preparados para atender a estudiantes con discapacidad
Por *Alberto Cabezas.
Un análisis de la información proporcionada por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS) revela un fallo estructural que pone en riesgo la inclusión educativa en el país: la gran mayoría de docentes de instituciones públicas no cuenta con la capacitación necesaria en Lengua de Señas Costarricense (LESCO) ni en Braille para atender a estudiantes con discapacidad sensorial.
En respuestas oficiales entregadas a este medio, el MEP reconoce que la formación en LESCO y Braille es voluntaria, ofrecida fuera de la jornada laboral y sin obligación para los docentes. Esto implica que no existe un registro oficial de quiénes carecen de estas competencias, ni planes sancionatorios o de actualización obligatoria.
Entre las actividades reportadas hasta junio de 2025 se incluyen cursos de LESCO nivel 1, talleres de discapacidad visual y módulos de Braille Exprés. Sin embargo, los participantes por actividad oscilan entre 8 y 159 docentes, lo que evidencia que solo un pequeño porcentaje del personal ha recibido formación práctica. Para el segundo semestre se programan cursos de niveles 2 y 3 de LESCO y talleres sobre acompañamiento a estudiantes con discapacidad visual, con estimaciones de 50 a 90 participantes.
Según el MEP, el requisito mínimo para docentes que atienden a estudiantes sordos es tener LESCO nivel 4 y contar con la licenciatura en educación especial. Para docentes con estudiantes con discapacidad visual, se exige la licenciatura en educación especial con subespecialidad en discapacidad visual. Sin embargo, no todos los docentes que atienden a estudiantes con discapacidad cumplen con estas condiciones, y no existe un sistema de control que obligue a capacitarse.
El Instituto asegura que la información estadística se genera mediante el Sistema de Gestión y Administración de Desarrollo Profesional (SIGAD), evitando datos personales, pero este mecanismo no corrige la falla de fondo: la mayoría de los docentes puede continuar impartiendo clases sin competencias en accesibilidad educativa, lo que contraviene la Ley 7600, que garantiza acceso y equidad para personas con discapacidad.
El acompañamiento a docentes que no poseen capacitación depende únicamente de asesorías regionales, sin planes de seguimiento obligatorios ni medidas correctivas formales. Esto deja a miles de estudiantes en una situación de vulnerabilidad educativa.
Conclusión:
La educación inclusiva en Costa Rica enfrenta un desafío crítico: el sistema depende de la voluntad de los docentes para capacitarse en LESCO y Braille, en lugar de establecer competencias obligatorias, controladas y supervisadas. Mientras no se adopten medidas concretas, la brecha educativa para estudiantes con discapacidad sensorial continuará ampliándose, comprometiendo su derecho a una educación de calidad y a una verdadera inclusión.
