En su desquiciada/cruel política antinmigrante, la dictadura estadounidense instalada por Donald Trump no solamente persigue -con características nazis de cacería humana- a los extranjeros en condición migratoria irregular -con enfoque en latinoamericanos- sino que expulsa, a porcentajes considerables de ellos, hacia diferentes países.
Entre los destinos favoritos figuran el manipuladoramente denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, y la estructura de detención dentro de la Estación Naval Bahía de Guantánamo (Naval Station Guantanamo Bay, Nsgb), en el costero extremo sur de Cuba -la base imperialista conocida como Gitmo, su código militar y la abreviatura del nombre de la provincia donde se ubica, desde 1903-.
En el contexto del idilio político que mantiene con Nayib Bukele -su contraparte/alma gemela de El Salvador-, Trump ha llegado a afirmar que Estados Unidos necesita prisiones de máxima seguridad, como el Cecot, para alojar a los inmigrantes que captura, a quienes su régimen etiqueta como peligrosos criminales -“los peores de los peores” (“the worst of the worst”)-.
En esa línea de pensamiento, el autócrata anaranjado consideró, en algún momento, la posibilidad de reabrir la cárcel construida en la estadounidense Isla de Alcatraz, en la Bahía de San Francisco -frente a la ciudad de igual nombre, en el occidental y costero estado de California-.
La Penitenciaría Estadounidense Isla de Alcatraz (United States Penitentiary Alcatraz Island), más conocida como Alcatraz -o La Roca (The Rock), por la consistencia del terreno-, operó desde el 11 de agosto de 1934 hasta el 21 de marzo de 1963 -más de un cuarto de siglo-.
Se hizo terriblemente famosa dado que, por la naturaleza del suelo, sumada a su ubicación en una isla rodeada por agua extremadamente fría y fuertes corrientes, las posibilidades de fuga eran virtualmente cero -no obstante lo cual, hubo 14 intentos-.
El lugar fue inicialmente elegido, a mediados del siglo 19, para la construcción de un faro
-con el cometido de guiar barcos navegando en la bahía-, lo mismo que, adicionalmente, en 1850, de una fortificación y una prisión militares.
La estructura fue convertida, en 1934, en penitenciaría civil, la que operó hasta 1963, cuando fue cerrada, funcionando, el edificio, desde entonces, como museo y lugar turístico.
Trump ha expresado, en diferentes momentos -desde su primer tóxico período presidencial (2017-2021)-, la noción de reabrir esa prisión, pensando en alojar allí a los inmigrantes en situación irregular que sean detenidos.
Con el regreso del trumpismo a la Casa Blanca, surgió -y, rápidamente, se materializó-, una variante: convertir una estructura aeroportuaria, en el sudoriental estado de Florida, en un reclusorio para los “ilegales” capturados -o sea, un campo de concentración, aunque, manipuladoramente, el régimen lo califique de centro, o instalación, de detención -.
El lugar es un aeropuerto -cuya construcción no fue concluida- dentro del Parque Nacional Everglades (Everglades National Park), en el extremo sur de Florida.
El parque -un área de protección ambiental, que comprende territorio sagrado de los pueblos indígenas miccosukee y seminole- se caracteriza por ser un humedal (everglade) de clima extremadamente caluroso, cuya fauna consiste, principalmente, en caimanes y otros reptiles de gran tamaño.
No obstante el hecho de ubicarse en territorio indígena, el aeropuerto -al igual que, ahora, el campo de concentración- fue construido sin la necesaria consulta previa a la población autóctona.
Ello -por si todo lo demás no fuese más que suficiente-, constituye una flagrante violación al Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes -más conocido como Convenio 169, o C169- de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En el primer numeral del sexto de sus 44 artículos, el convenio establece, con incuestionable claridad, la obligación, de los gobiernos nacionales, de “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.
Y, en el segundo de los dos numerales, el mismo artículo determina, asimismo, que “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
El concepto clave, en ambos casos, es el mismo: consultar, preguntar, inquirir, respetar
-todo lo cual, racistamente, se omitió en el caso del aeropuerto, así como para instalar el campo de concentración-.
Es la aplicación práctica, por ejemplo, del concepto antindigenista formulado por el exageradamente mediocre capitán retirado Jair Bolsonaro -otra alma gemela de Trump-, cuando fue presidente de Brasil (2019-2023), parafraseado así: “para qué quieren tierras los indios?”.
El Convenio 169 indica, asimismo, en el primero del par de numerales de su artículo 2, que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad”.
Nada de eso se llevó a cabo en este caso, por la sencilla razón de que ninguna dictadura respeta otra ley que no sea su arbitrariedad -la tiranía trumpiana no es la excepción-.
El hecho de que Estados Unidos no figure entre los países que han ratificado el convenio
-aunque es uno de los 187 integrantes de la OIT-, no justifica la violación de los derechos de los pueblos indígenas asentados en su territorio.
Sin embargo, en el marco de la brutal represión antinmigrante del régimen trumpista, la inconclusa estación aérea fue -también inconsultamente- convertida en el campo de concentración denominado Alcatraz de los Caimanes (Alligator Alcatraz) -a unos 70 kilómetros al oeste de la costera ciudad de Miami, y a unos 80 de Mar-a-Lago, la lujosa residencia floridiana del neoyorquino Trump-.
El nombre del centro de reclusión deriva de la prisión que operó en la isla californiana, y hace retorcida referencia a que -al igual que La Roca- es un espacio de detención del cual, también por factores ambientales, resulta virtualmente imposible fugarse -en este caso, esencialmente, por la agresiva fauna-.
Al respecto, durante la visita que llevó a cabo -junto con otras totalitarias autoridades de Magalandia- al campo de concentración floridiano, Trump declaró que “las serpientes son rápidas, pero los caimanes…”.
Y, en tono de retorcida broma insultantemente cruel, agregó, respecto a los prisioneros, que “les vamos a enseñar cómo huir de un caimán”.
“No corran en línea recta”, dijo, a continuación, para agregar, gesticulando, en zigzag, con una mano, y siempre considerándose gracioso: “corran así”.
En cuanto a posibles intentos de fuga, precisó que “las chances de irse son alrededor del uno por ciento”, ya que -según su cruel humor-, quienes procuren huir, van a encontrarse con “muchos policías en la forma de caimanes” (“a lot of cops in the form of alligators”).
Las jaulas -instaladas dentro de tiendas de campaña, delimitadas con malla de alambre, y equipadas con literas- para encerrar a los capturados, tienen capacidad conjunta para tres mil a cinco mil personas, según datos oficiales.
Tal como se la ha enunciado oficialmente, la idea consiste en que Alligator Alcatraz sea una solución temporal -sin especificarse la duración-, no obstante lo cual opositores a la criminal política migratoria trumpista consideran, realistamente, que el lugar se convertirá en un reclusorio permanente.
Trump se ha encargado de dar fuerza a esa lógica sospecha, por ejemplo, cuando, durante la visita al lugar -acompañado, entre otros funcionarios, por el represivo gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis-, se refirió a ello, lo mismo que a la creación de nuevos centros de igual tipo.
“Bueno, creo que me gustaría verlos en muchos estados, realmente muchos estados”, planteó, como reflexionando, para, de inmediato, agregar: “yo sé que Ron está haciendo el segundo -por lo menos el segundo-, y, probablemente, un par más”.
“En algún momento mutarán en un sistema donde se verá que serán mantenidos por largo tiempo”, amenazó, a continuación.
Esa peligrosa metamorfosis puede ampliarse, y esa multiplicidad de campos de concentración puede pasar a constituirse en alojamiento permanente, además, para opositores al régimen -ciudadanos estadounidenses incluidos-.
Los fondos para eso, derivan del cuestionado, y recientemente aprobado, presupuesto -que, en su grandilocuencia barata, Trump denominó “Gran Hermosa Ley” (“Big Beautiful Bill”)-, que incluye 110 mil millones de dólares para la construcción, a nivel nacional, de nuevas “instalaciones de detención” (“detention facilities”) o “centros de detención” (“detention centers”).
Se impone una corrección al hipócrita lenguaje oficial: no se trata de eufemísticas “instalaciones de detención” ni de engañosos “centros de detención” sino de crueles campos de concentración, y las personas allí enjauladas no son “reclusos” sino víctimas de la xenofobia de desquiciados ejecutores del supremacismo blanco.
Avalado por la mayoría conservadora (6-3) de la Corte Suprema de Estados Unidos (Supreme Court of the United States, Scotus), Trump se maneja con la impunidad necesaria para tomar decisiones aun violando la Constitución, lo que se presenta como componente clave del Estado policial que el autócrata instaló en enero -y que está, aceleradamente,
consolidando-.
Por lo tanto, Maga es una sigla equivocada, porque, en los hechos, la idea no es la propagandísticamente enunciada como “Hacer a Estados Unidos Grande Otra Vez” (“Make America Great Again”): se trata de Hacer de Estados Unidos una República Bananera (Make America a Banana Republic) -algo que empecé a señalar, por lo menos, en 2020-.
La creación del campo de concentración floridense tiene, en el tiempo de la segunda guerra mundial (1939-1945), un brutal precedente -en realidad, una decena de brutales precedentes-.
Se trata de lo que engañosamente se definió entonces como el “internamiento” (“interment”) de ciudadanos japoneses -incluidos estadounidenses de esa ascendencia- en 10 campos de concentración, oficialmente denominados Centros de Reubicación (Relocation Centers), administrados por la gubernamental Autoridad de Reubicación de Guerra (War Relocation Authority, WRA).
Los campos fueron instalados en los estados de Arizona, Arkansas, California (dos cada uno), Colorado, Idaho, Utah, Wyoming (uno cada uno).
De acuerdo con registros históricos, unas 120 mil personas fueron recluidas en esos lugares -más de la mitad, ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa, el resto, nacionales del insular país asiático-.
La base para ello fue el Decreto Presidencial -Orden Ejecutiva (Executive Order)- 9066, firmada, el 19 de febrero de 1942, por el entonces presidente estadounidense (1933-1937, 1937-1941, 1941-1945, enero-abril 1945), el demócrata Franklin Roosevelt.
Eso, dos meses después de que, en el marco del conflicto armado mundial, estalló la Guerra del Pacífico (1941-1945), que enfrentó a Japón y sus aliados contra la alianza China/Estados Unidos/Reino Unido/Unión Soviética -las famosas “cuatro grandes potencias”-.
La siempre presente paranoia estadounidense respecto a extranjeros, enmarcada en el racista parámetro de perfil étnico -ahora agudizada, exponencialmente, a raíz de los autofabricados atentados del 11 de setiembre de 2001-, etiquetó, en aquel momento, a los japoneses y a sus descendientes estadounidenses, como un riesgo colectivo para la seguridad nacional.
El más conocido de la brutal decena fue el Centro de Reubicación de Guerra (War Relocation Center) -o sea, campo de concentración- Manzanar (1942-1945), ubicado a unos 370 kilómetros al norte de la californiana ciudad de Los Angeles -convertido en el actual Sitio Histórico Nacional Manzanar-, que llegó a alojar a unas 10 mil personas.
De inicio, fue engañosamente denominado Centro de Recepción, en calidad de recinto provisional, pero, al asumir su administración -y de los otros nueve-, la WRA acuñó la fórmula “Centro de Reubicación de Guerra”.
Cada uno rodeado por una alambrada de púas, y custodiado por guardias armados, los “centros” presentaban inhumanas condiciones de reclusión -por ejemplo, hacinamiento en barracones deficientemente equipados-.
Las similitudes conceptuales también son evidentes en cuanto a los campos de concentración, respectivamente, del régimen nazi alemán (1933-1945), y del régimen fascista italiano (1922-1945).
De modo que, en Estados Unidos -uno de los países que, ocho décadas antes, en alianza militar/política, combatieron todo eso-, se escenifica un contradictorio déjà vu.
En la actualidad, el totalitarismo marca Maga, impuesto por Trump, se instaló, en Estados Unidos, y se consolida velozmente -lo que es visible en tiempo real-.
El corrupto empresario no está llevando, al país, a una dictadura: ya lo hizo -y la fortalece minuto a minuto-.
El chip totalitario es, esencialmente, el mismo en todos los déspotas de la historia humana
-con las variaciones personales de cada caso-.
Depende de los estadounidenses no enajenados por la retórica Maga -y también depende de la comunidad internacional-, neutralizarlo antes de que sea todavía más tarde.
La inacción -sea por convicción trumpista, o por desinterés-, equivale a complicidad -y no admite lamentaciones ni arrepentimientos-.
