A pesar de la entrada en vigencia del reglamento de la Ley 10113, que regula el uso del cannabis con fines médicos y terapéuticos en Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha incorporado hasta la fecha ningún producto derivado del cannabis en su red de servicios de salud. Así lo confirmó la Gerencia de Logística de la institución en respuesta a una consulta periodística realizada por este medio. “La CCSS no tiene dentro de su listado de medicamentos ningún producto con cannabis medicinal que vaya a ser prescrito y dispensado en la red de servicios de salud”, indicó la Gerencia a través de la Dirección de Comunicación Organizacional.
Sin solicitud, no hay evaluación
La Dirección de Farmacoepidemiología, dependencia responsable de la evaluación de nuevos productos para su eventual inclusión en la Lista Oficial de Medicamentos (LOM), explicó que la falta de avances en la materia se debe, en parte, a la ausencia de una solicitud formal. “La ausencia de una solicitud formal para la inclusión del producto en la LOM podría explicar la falta de evaluación hasta el momento”, detalló la oficina técnica.
Dicho trámite debe ser iniciado por personal de la propia institución (médicos, odontólogos, farmacéuticos o enfermeras obstétricas), según lo estipula la normativa vigente.
Exigencias estrictas
Incluso en caso de presentarse una solicitud, el proceso de evaluación es riguroso. El producto debe:
Contar con registro sanitario vigente en Costa Rica.
Tener indicaciones oficiales aprobadas.
Estar respaldado por evidencia científica robusta que demuestre su eficacia y seguridad.
Representar una mejora clínica significativa frente a tratamientos ya disponibles.
Satisfacer una necesidad terapéutica no cubierta por el cuadro actual.
Estas condiciones responden a los lineamientos establecidos por la Dirección de Farmacoepidemiología, cuyo enfoque sigue estándares internacionales de seguridad y eficacia.
Acceso limitado para pacientes
En cuanto al acceso de pacientes a tratamientos con cannabis en el sistema público, la normativa señala que los funcionarios autorizados de la CCSS pueden presentar solicitudes para modificar la LOM. Esta solicitud debe pasar por el Comité Local de Farmacoterapia (CLF) y posteriormente ser avalada por el Comité Central de Farmacoterapia (CCF).
Hasta que no se cumpla con este procedimiento formal, los pacientes interesados en terapias con cannabis deberán recurrir al sistema privado o buscar alternativas fuera de la red institucional.
Silencio en investigación y farmacéutica
En la solicitud de entrevista realizada a la CCSS también se preguntó sobre la posible participación de la institución en investigaciones clínicas o el papel de sus farmacias en una eventual dispensación regulada de cannabis medicinal. Sin embargo, debido a compromisos laborales, no fue posible obtener respuesta de voceros técnicos, ni tampoco se ofreció información sobre proyectos de investigación en curso.
Entre el derecho y la realidad
Costa Rica dio un paso histórico al aprobar la Ley 10113. No obstante, la implementación efectiva dentro de las estructuras de salud pública aún enfrenta importantes desafíos burocráticos, normativos y científicos. Mientras tanto, miles de personas usuarias que podrían beneficiarse de estos tratamientos —pacientes con dolor crónico, epilepsia, enfermedades neurodegenerativas o cáncer— permanecen fuera del acceso institucional y, en muchos casos, fuera del acceso seguro.
El vacío en la acción pública plantea la necesidad urgente de una discusión nacional más profunda sobre el rol de la CCSS en garantizar el derecho a terapias innovadoras y basadas en evidencia, como el cannabis medicinal. Y más aún, urge fomentar el diálogo entre autoridades de salud, pacientes y sectores científicos para que esta ley no se quede en el papel.
