En el corazón de la zona rural de Veracruz, un liceo espera convertirse en un verdadero bastión educativo para su comunidad. Aunque ya se ha dado un primer paso en la mejora de su infraestructura, múltiples desafíos en materia de personal especializado, equidad, salud mental estudiantil e inclusión laboral continúan sin resolverse.
Avances en infraestructura: un liceo que se levanta en etapas
La Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), a cargo de Lourdes Suárez Barboza, confirmó que ya se ha concluido la primera etapa del proceso de remodelación del Liceo Rural de Veracruz, que incluyó la renovación de aulas y obras complementarias.
Sin embargo, la segunda etapa aún está pendiente, aunque ya cuenta con contenido presupuestario. “Se está en espera de que la junta se formalice para iniciar el proceso”, explicó Suárez.
Se estima que antes de finalizar el año 2025 se completen las obras, lo que permitiría contar con un centro educativo en condiciones dignas. Mientras tanto, las lecciones continúan impartiéndose en un edificio alquilado de forma temporal.
Un sistema sin plazas nuevas: limitaciones para atender la salud mental
Ante la consulta sobre el fortalecimiento del apoyo psicológico en el centro, la Dirección de Talento Humano del MEP, encabezada por Yaxinia Díaz Mendoza, fue enfática: las normas de ejecución presupuestaria para 2025 y la Ley Marco de Empleo Público (Ley 10.159) impiden la creación de nuevas plazas salvo autorización especial.
Por tanto, dotar al Liceo de Veracruz de personal adicional especializado, como psicólogos o consejeros, no es viable en el corto plazo.
Este escenario genera una contradicción estructural: mientras las comunidades rurales enfrentan mayores desafíos sociales y emocionales, el aparato institucional carece de mecanismos ágiles para responder con recursos humanos especializados.
Capacitación docente y permanencia en zonas rurales: incentivos históricos y vacíos actuales
Respecto a la formación del personal docente en temas de adecuaciones curriculares, el MEP trasladó la competencia al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano (IDPUGS), sin ofrecer una respuesta concreta sobre acciones vigentes o futuras.
Sobre la permanencia del personal en zonas como Veracruz, el MEP recordó que desde 1996 existen incentivos como el sobresueldo por zonaje o el pago por laborar en zonas de menor desarrollo.
Estas medidas han sido respaldadas por resoluciones del Servicio Civil y reformas al Decreto Ejecutivo N° 16347-MEP. Sin embargo, no se han anunciado nuevas estrategias para fortalecer la atracción y retención del talento docente más allá de estos incentivos históricos.
Orientación y consejería: una necesidad sin capacidad de respuesta
Al igual que ocurre con la atención psicológica, la ampliación de la cobertura en orientación y consejería también tropieza con la imposibilidad de crear nuevas plazas.
La Dirección de Talento Humano reitera que toda propuesta en este sentido debe someterse a la Autoridad Presupuestaria y a una evaluación de su impacto fiscal.
Mientras tanto, las carencias continúan en las zonas más vulnerables.
Inclusión laboral: una promesa por cumplir
La equidad en la distribución de personal y las políticas de inclusión laboral muestran avances limitados.
En cuanto al personal con discapacidad, la ley obliga a reservar un 5% de las vacantes, pero el MEP admite que la aplicación efectiva de esta norma depende de los procesos de planificación y evaluación técnica.
Para el estudiantado, se han desarrollado algunas acciones desde el Departamento de Vinculación con la Empresa y la Comunidad (DVEC), como ferias de empleo, consejos regionales y recomendaciones para adaptar la oferta educativa a las demandas del mercado.
No obstante, el fortalecimiento de estas acciones requeriría mayor inversión y un compromiso político para sostenerlas a largo plazo.
Una mirada estructural: ¿qué modelo de educación rural queremos?
El caso del Liceo Rural de Veracruz ilustra con claridad una realidad nacional: existe voluntad institucional para mejorar infraestructura, pero se encuentra divorciada de la planificación de recursos humanos y la garantía de derechos fundamentales como la salud mental, la inclusión o la orientación vocacional.
Más allá de un edificio remozado, se requiere un modelo educativo que comprenda que las zonas rurales no solo necesitan aulas, sino también condiciones humanas, sociales y pedagógicas para que esas aulas realmente cumplan su función transformadora.
Las decisiones políticas y presupuestarias del presente definirán si ese liceo en Veracruz será un espacio de excelencia educativa o si quedará atrapado en el laberinto burocrático de buenas intenciones sin acciones concretas.
